La manifestación se produjo ante la falta de respuesta del Gobierno porteño para la construcción del paso bajo nivel en Av. de los Constituyentes y Roosevelt. Denuncian la usurpación de las viviendas expropiadas y el deterioro ambiental de la zona. El túnel, que permitiría evitar graves inconvenientes de tránsito, fue proyectado en 1989.
Vecinos autoconvocados de Villa Urquiza y Villa Pueyrredón cortaron la intersección de las avenidas De los Constituyentes y Roosevelt para protestar por la falta de respuestas concretas acerca de la realización del viaducto y el destino de las viviendas expropiadas para tal fin. Bajo una persistente llovizna, en las últimas horas de la tarde del viernes 22 de febrero el reclamo se hizo oír con las clásicas batucadas del casi medio centenar de manifestantes, preocupados por los serios inconvenientes que la indefinición de la obra provoca a los habitantes de la zona. Desde casas usurpadas hasta un deterioro en la imagen y calidad de vida del barrio.
Raúl Baldini, uno de los vecinos presentes, explicó los motivos de la protesta: “Hace dos años expresamos por escrito que las intenciones de los vecinos que es que se realice el viaducto, se amplíe la Avenida de los Constituyentes y que todos los bienes que fueron expropiados para hacer la obra se destinen a ese fin”. Según los habitantes del barrio, un galpón ubicado en Avenida de los Constituyentes y Roosevelt, cuya expropiación le habría costado al Gobierno de la Ciudad medio millón de dólares, se pretende destinar para una cooperativa de reciclaje de basura, por lo que pondría en peligro la realización de los trabajos.
Preocupación vecinal
Uno de los graves problemas que acarrea la indefinición de la obra es la situación que viven los vecinos ante la expropiación de sus propiedades y las usurpaciones: “Toda dilación de la obra nos parece un retroceso -dice Baldini-. Nosotros no queremos luchar contra los usurpadores y cartoneros porque son ciudadanos como nosotros que merecen una solución urgente a sus problemas, pero también queremos que se defina nuestra situación. Hay vecinos que perdieron el título de propiedad de la casa porque tienen un PH, del cual la mitad está expropiado. Entonces legalmente no pueden venderlo. Casos como estos necesitan una resolución urgente. Una vecina de Ladines y Constituyentes tiene la pared medianera chorreando aguas cloacales. El Gobierno de la Ciudad, por el tamaño de la obra que debe realizar, dice que no puede afrontar los costos. Tampoco nos gusta ver una estación de servicio demolida por la mitad”.
Los vecinos han mantenido reuniones con miembros de la Secretaría Privada del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con el nuevo director del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 12, Néstor Dall’Alpi, y ahora esperan un encuentro con el Director de Espacio Urbano del Gobierno de la Ciudad. Baldini dice que la contestación es la misma en todos los ámbitos: “Entienden el conflicto, pero las respuestas son parciales. El problema es que cada uno tiene su área de incumbencia, pero todos juntos no resuelven el problema. Lo que nosotros necesitamos es una definición legal para el tema de las usurpaciones. Las casas que están en comodato deben ser devueltas y demolidas. Pedimos, en una primera instancia, que se ensanche la Avenida de los Constituyentes y un compromiso de solución definitiva”.
Conflicto de larga data
En 1989 se aprobó al Ordenanza Municipal Nº 44.095, que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la traza de Avenida de los Constituyentes entre José León Cabezón y Mosconi para lograr un ensanche de hasta 34 metros. Luego se generó un proyecto de viaducto para pasar -con esa ampliación- por debajo de las vías del ex Ferrocarril Mitre. El túnel subterráneo jamás se construyó, a pesar de encontrarse contemplado en la segunda etapa de la ejecución del programa de conectividad de cruces bajo nivel y de haberse votado como prioridad en el Presupuesto Participativo 2007. Los vecinos denuncian que los inmuebles expropiados fueron intrusados y que 71 de ellos se encuentran en situación de ilegalidad, irregularidad y tenencia precaria, según un informe de la Dirección General de Bienes de la Ciudad.
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