Piqueteros: que impere la ley
Una movilización de protesta dispuesta por un sector del movimiento piquetero obligó ayer a cortar el tránsito por varias avenidas de la ciudad, con lo cual la circulación de vehículos por el centro de la urbe porteña se convirtió, una vez más, en un verdadero pandemónium. Dado que estas provocaciones se están reiterando con frecuencia casi cotidiana, es hora de preguntarse si las autoridades están dispuestas a continuar tolerando que el derecho de unos cuantos ciudadanos a exponer públicamente sus ideas o sus necesidades siga siendo ejercido en detrimento del derecho de los demás ciudadanos de transitar libremente por las calles de la República.
El atascamiento del tránsito se traduce, en muchos casos, en una agresión física y moral intolerable. No es exagerado decir que constituye una forma más de violencia. El hecho de que miles de automotores -ómnibus, taxis, autos particulares y, eventualmente, hasta patrulleros policiales y ambulancias- se vean reducidos repentinamente a un estado de absoluta inmovilidad configura una irregularidad inadmisible. La reiteración de esas modalidades de protesta introduce en la vida cotidiana de una ciudad, como queda dicho, un componente de violencia inocultable. Lo más grave es, tal vez, el acostumbramiento en que estamos cayendo los argentinos ante esa realidad anómala, contraria a todo principio de racionalidad.
Las autoridades deberían comprender que la mejor muestra de respeto que se les puede dar a los integrantes del movimiento piquetero es la de tratarlos como a los restantes ciudadanos, en un riguroso pie de igualdad, y no en atribuirles derechos que a los demás habitantes de la Nación jamás se les reconocerían. Hace algún tiempo se habló de constituir una brigada antipiquetera que ayudaría a coordinar los movimientos de quienes cortan rutas, calles y avenidas. Desde el lado de los piqueteros se respondió que el propio movimiento está en condicion de formar milicias que garanticen la disciplina durante esas movilizaciones de protesta.
Días atrás se oyó decir a un lider piquetero que su movimiento no vacilaría en tomar la Casa de Gobierno. Poco después se oyó decir a otro dirigente que estaría dispuesto, a su vez, a ocupar la sede del Gobierno para sostener a las legítimas autoridades. Dislates de esta magnitud atentan contra las bases mismas del orden y el Estado de Derecho.
Si los organismos del Estado no logran ponerle un freno a los desbordes de estos grupos disolventes, se llegará a un resquebrajamiento del orden público que hará imposible el normal desenvolvimiento de la vida social, del trabajo y de la actividad productiva. Sería lamentable que fuera la sociedad la que tuviera que salir a decirle ¡basta! a las provocaciones de los piqueteros, como se vio obligada a decírselo, hace poco, a los secuestradores y a las organizaciones del crimen.
Corresponde insistir en que los piqueteros deberían ser tratados rigurosa y estrictamente como lo que son: un grupo de ciudadanos, sujetos a los mismos derechos y obligaciones que los demás habitantes de la Nación. Para eso no se necesitan brigadas ni milicias especiales. Hacen falta, únicamente, convicción y voluntad para asegurar el imperio de la ley, con parejo rigor, en todos los rincones de la República.
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