Los abultados excedentes girados por las multinacionales, que pasaron de los 630 millones de dólares en 2003 a 7.100 millones de dólares en 2010, plantean una pregunta imprescindible: ¿en esos mismos ocho años, el proyecto nacional consolidó poder como para ponerle límites a esta sangría de recursos? En un contexto de alto crecimiento local y crisis internacional, cobra vigencia la discusión sobre el aporte del capital foráneo al desarrollo nacional. La cuestión pone en el centro de la escena a la Ley de Inversiones Extranjeras, una arquitectura jurídica de neto corte neoliberal heredada de la dictadura cívico-militar.
Convertibles y concentradas
Las empresas transnacionales remitirán este año unos 10 mil millones de dólares al exterior. Elevadas ganancias y pocas inversiones caracterizan al grupo. La Ley de Inversiones Extranjeras, una vez más, en el centro del debate.
Nacida en 1976, al amparo de las reformas neoliberales que introdujo la dictadura cívico-militar y que profundizó el gobierno menemista, la Ley 21.328 que regula las inversiones extranjeras es condicionante para un Estado que busca arbitrar entre los agentes económicos, al tiempo que reduce su capacidad para orientar la producción. No sólo eso. El andamiaje legal heredado también se ha revelado como un canal por donde escapan recursos vitales. Muchos sectores, desde diferentes contextos teóricos y políticos, han subrayado la necesidad de producir modificaciones en un marco jurídico que no responde a las necesidades del modelo macroeconómico que se inició en 2003. Una visión que comparten muchos funcionarios del gobierno nacional. La posición reformista, sin embargo, ha encontrado una fuerte resistencia en los grupos concentrados que, algunas veces por intermedio de voceros, pero casi siempre de manera solapada, pretenden imponer su “poder de veto” ante cualquier intento de revisión.
Todo para mí. El derrumbe de la convertibilidad, la devaluación y el default de la deuda externa pública constituyeron un punto de inflexión en una de las fases de mayor afluencia de la inversión extranjera directa (IED) en la historia de nuestro país. Pasados los primeros años de la crisis, y al compás de la recuperación y el posterior crecimiento, los flujos de la IED volvieron a cobrar relevancia. No así la reinversión de las utilidades que registran esos capitales, que controlan a más de la mitad de las 500 empresas de mayor peso.
Los estudios subrayan que durante la post-convertibilidad, las grandes compañías se apropiaron de tasas de ganancias elevadas, que superaron a las registradas por el conjunto de la economía e, incluso, a las obtenidas por esas mismas firmas en la convertibilidad. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), tales utilidades –medidas sobre las ventas– promediaron el 8,5 por ciento entre 2003-2010, contra el 3,1 por ciento del período 1991-2001. En el caso de las transnacionales que integran el grupo de las 500, las utilidades representaron el 34 por ciento del valor agregado, contra una inversión bruta de apenas el 17 por ciento.
Subordinados y convertibles. ¿Implica esta dinámica una restricción para mejorar la matriz productiva? Muchos opinan que sí. Abraham Gak, integrante del Plan Fénix, no está en desacuerdo con una reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras. Sin embargo, pone el acento en la modificación del sistema tributario: “Hay que avanzar en una reforma que premie a quien reinvierte. Fijar diferenciaciones para los giros al exterior para redireccionar esos flujos hacia la inversión local”, afirma en referencia a los abultados excedentes girados por las transnacionales, que pasaron de los 630 millones de dólares en 2003 a 7100 millones durante el año pasado, un tercio del superávit comercial de 2003 y más del 53 por ciento del registrado en 2010.
“La decisión de girar utilidades obedece a una desconfianza estratégica. Argentina, para el grueso de las multinacionales, es un mal alumno. Además, en los últimos cuatro años, se suma la crisis de los países centrales, que impulsa a las sucursales a bombear recursos desde la periferia”, subraya Jorge Gaggero, del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefid-ar). “El objetivo de las casas centrales puede ser paralelo o contradictorio con el país. Sus filiales se ajustan a las decisiones de sus matrices. Están interesadas en hacer uso de sus rentabilidades y, enfrentados a la crisis internacional, quieren cerrar sus balances de manera razonable”, apunta Gak.
Dos puntos centrales. La visión, que señala a las transnacionales como actores protagónicos de la “fuga de capitales” y subraya sus estrategias subordinadas, avanza sobre aspectos centrales de la Ley de Inversiones Extranjeras. Se trata de los artículos quinto y tercero. El primero señala que “los inversores extranjeros podrán transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión”. El segundo, a tono con el régimen de convertibilidad, estipula que “la inversión extranjera podrá efectuarse en moneda extranjera de libre convertibiliad”.
“Lo que se vendió como equiparación de derechos, en los hechos fue darles fortaleza adicional a las extranjeras. Afuera tienen créditos accesibles y apoyo de Estados poderosos que presionan sobre el nuestro. Hay que llevar al límite la legislación. Es muy débil el control efectivo de las multinacionales”, subraya Gaggero. Hay quienes van más lejos y destacan la necesidad de denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión (TIBs) porque las empresas extranjeras no invierten lo necesario. La óptica, que no es desestimada por las usinas cercanas al Gobierno, implicaría ponerles tope a la remisión de utilidades.
Quienes se inclinan así piensan explican que la iniciativa no ahuyentaría al capital extranjero debido a las altas tasas de ganancias que consiguió incluso en 2009, cuando la economía local recibió el impacto de una crisis internacional no resuelta y que amenaza con devenir en recesión en Estados Unidos y Europa. Los papers que maneja el Gobierno dan cuenta de rentabilidades del orden del 70 por ciento para el caso de bancos y empresas extranjeras. También subrayan que apenas el 35 por ciento de la IED entre 2004 y 2009 se originó en la reinversión de las utilidades.
Concentrados y extranjerizados. Los que siguen de cerca la evolución del tejido productivo destacan que entre la convertibilidad y la post-convertibilidad se produjo un salto en materia de concentración. Agregan, también, que la cúpula ha consolidado su importancia en la economía nacional. Según el último informe de Cifra, el peso de las ventas de la cúpula pasó de representar el 20,4 por ciento del Valor Bruto de Producción (VBP) durante la década del '90 al 28 por ciento en el septenio 2003-2009. En el caso de las controladas por capital extranjero, su peso en el panel de las 500 creció del 33,8 al 72,3 por ciento, en el marco de la incorporación de unas 120 de firmas.
“El grado de extranjerización es resultado, principalmente, de las tendencias desplegadas en la convertibilidad”, señala Cifra. La dinámica se caracterizó por transferencias accionarias dentro del propio capital privado. A diferencia de la primera mitad de los ’90, las privatizadas tuvieron un papel importante, pero no excluyente. Terminada la convertibilidad, la presencia de las transnacionales entre las 500 principales se mantuvo constante. En 2009, sus ventas explicaron poco más de la mitad de las 200 compañías de mayor tamaño.
Algunas ideas. ¿Es posible la soberanía económica con el 70 por ciento de la producción de la cúpula controlada por capitales extranjeros? “El mundo tiene un curso globalizador que no se puede revertir. Habrá que lidiar con las multinacionales. Las soberanías absolutas no son posibles. Hay que lograr un Estado fuerte para regularlas con sistemas impositivos que permiten el crecimiento, la producción local y la protección del trabajo”, propone Gaggero.
Su análisis añade apuntalar a las Pymes para abrir espacios. “Los créditos del Bicentenario, por ejemplo, no han diferenciado entre grandes y pequeños. Hoy, las multinacionales gozan de beneficios promocionales que no necesitan y nadie controla”, dice Gaggero. En aras de un mayor grado de autonomía, Gak enfatiza como prioritario mantener los superávit primario y comercial, pero también la necesidad de regular los movimientos del capital y mantener la política de desendeudamiento. Al igual que Gaggero, asegura que “muchas veces existen tratamientos privilegiados para las grandes industrias”.
En los hechos, los números del Balance de Pagos publicados por el Indec muestran que en 2007 las empresas foráneas remitieron utilidades y dividendos por casi 5.000 millones de dólares, flujo que ascendió a casi 7.000 millones en 2008 y trepó a unos 7.200 millones en 2009. Para este año, se habla de un récord de 10.000 millones. Una tendencia que erosiona las reservas del Banco Central y pone un corset al grado de autonomía alcanzado a partir de 2003.
