El despegue



Por Horacio Verbitsky

Hacia los 50 mil millonres de reservas Antes de que termine el verano, las reservas podrán llegar a los 50 mil millones de dólares, un seguro contra la crisis financiera adquirido en contra de la ideología del ajuste. El encuentro presidencial con la CGT y la alianza con Moyano, frente a enemigos comunes. Dentro de diez días con la CTA. La fragmentación social, la distribución regresiva del ingreso y la baja sindicalización, desafíos simétricos.

Al ritmo actual de incremento las reservas argentinas pasarán antes de que termine el verano de los 50.000 millones de dólares. Este seguro contra la turbulencia financiera fue adquirido en el último lustro en contra de las recomendaciones y/o exigencias del Fondo Monetario Internacional, de varios gobiernos de países centrales, de grandes empresas de servicios y del coro de vistosos guacamayos aborígenes que hacen eco a cada uno de esos pronunciamientos.

Junto con las restricciones al ingreso y a la salida de capitales especulativos y a los consistentes superavit fiscal, comercial y de balance de pagos, esos fondos permiten que por primera vez una crisis mundial de magnitud (y la prensa internacional compite en hipérbole para describirla) se vea desde aquí como un fenómeno lejano, con alguna eventual influencia indirecta pero que no compromete las líneas generales de un proceso económico con bases propias y perspectivas de continuidad.

Y con sus propios problemas, también, como la pugna por la distribución del ingreso y la inflación que la expresa. Un debate riguroso sobre su etiología es imperioso, para no sacar conclusiones falsas ni aplicar remedios equivocados.

La heterodoxia

Nunca antes el país había gozado de cinco años seguidos de crecimiento, a tasas del 8 o 9 por ciento. Esto se debe en parte a las condiciones internacionales pero también a decisiones heterodoxas mantenidas pese a todas las presiones.

Las características de la globalización, a la que asoma la clase media de los dos gigantes asiáticos, han vuelto a tornar favorables los términos del intercambio, asegurando saldos comerciales elevados aun luego de incrementar las importaciones, necesarias para consolidar la marcha ascendente de la economía y también para abastecer un consumo sofisticado, que amenaza repetir deformaciones del pasado reciente.

Desde la crisis de 1929 cada ciclo de crecimiento se detuvo cuando el correlativo aumento de las importaciones desequilibró las cuentas externas y derivó en políticas de estabilización, ajuste o austeridad, según los nombres que recibieron en cada época, y/o en el endeudamiento externo. Hasta Juan Perón desplazó el discurso de la justicia social por el de la productividad cuando un par de malas cosechas no le permitieron mantener los niveles de compras externas y de consumo interno sin profundizar su política tributaria.

Reclamos similares comenzaron a escucharse durante la última campaña electoral y han subido de volumen desde la asunción de la nueva presidente. La diferencia de fondo que esas voces prefieren ignorar es que hoy no existe el estrangulamiento del sector externo y las perspectivas son las mejores que el país ha tenido en más de un siglo. Con déficit o superávit, las razones tienen que ver con la distribución del ingreso. Elogio de la prudencia

En sus imprescindibles “Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad”, Eduardo Basualdo narra que en 1949 las subsidiarias extranjeras obtuvieron una rentabilidad del 40 por ciento sobre el capital invertido, porcentaje que durante la denominada crisis de 1952 y 1953 se redujo al 18 por ciento.

Seguía siendo “notablemente alta en términos históricos e internacionales” pero desató una ofensiva política, ideológica y económica de las fracciones dominantes del capital para instalar la convicción de que el problema radicaba en la excesiva intervención y gasto estatal y en el elevado nivel de los salarios.

Basualdo conjetura que el Estado hubiera podido acentuar la redistribución del ingreso hacia los asalariados y los empresarios más débiles mediante una legislación antitrust al estilo de la estadounidense; o apropiarse de esas ganancias extraordinarias por medio de impuestos que luego el capitalismo de Estado invirtiera en la industria pesada; o condicionar los beneficios de la protección, los créditos subsidiados y las compras estatales a la realización de inversiones industriales estratégicas, como luego haría Corea del Sur.

De este modo, entiende que el escollo contra el que chocaron los primeros gobiernos peronistas no provino del lado del trabajo sino del capital. Esta reflexión no ha perdido valor admonitorio pese a las diferentes condiciones de este momento.

En el caso actual, un gobierno que apueste al desarrollo y a la inclusión tiene recursos suficientes para eludir la encerrona y asegurar el despegue tantas veces frustrado. Siempre y cuando adopte algunas decisiones que canalicen esos recursos en la dirección adecuada y no permita, como tantas otras veces que alimenten ganancias extraordinarias sin consecuencias productivas. En ese sentido, las retenciones seguirán siendo un instrumento privilegiado, aunque no deberían sustituir a la tantas veces postergada reforma integral del sistema tributario.

Sequía e inundación

La abrupta ruptura de la convertibilidad en 2002 tuvo el efecto de una inundación sobre la tierra reseca por la sequía y produjo una caída vertical del empleo y los salarios. Al cabo de cinco años de recuperación, la desocupación se redujo al 7,5 por ciento pero la participación de los salarios en el ingreso recién se acerca a los niveles de 2001, con gran fragmentación social.

Es el momento en que las fundaciones, consultores y medios de comunicación orgánicos del patronato comienzan a afirmar que el incremento de costos está erosionando la rentabilidad de las empresas y a proponer las recetas tradicionales. Esta afirmación pasa por alto no sólo las súper ganancias que las empresas internalizaron en estos años, sino también los incrementos de productividad muy por encima de los costos salariales.

El cambio de gobierno es el momento ideal para presionar por rectificaciones de rumbo, aunque el nuevo ministro de Economía conoce bien la elevada rentabilidad que las empresas han obtenido en el último lustro a expensas del derrumbe salarial, porque lo estudió cuando participaba en la confección del Indice de Rentabilidad de la Fundación Unidos del Sud, del filántropo colombiano Francisco de Narváez.

Además, dentro de cinco meses deben renovarse las autoridades de la CGT. La voz de orden en las empresas y sus voceros es la moderación y la prudencia en los reclamos salariales, aspiración que atribuyen a la presidente, pese a que sus pronunciamientos públicos sostienen por el contrario que la recuperación del ingreso de los trabajadores es una meta central de su gobierno. Lo complicado es conciliarla con la preservación de un clima social propicio para la inversión.

Del Episcopado a la CGT

El sostenido crecimiento de la economía durante sesenta meses consecutivos a las tasas más altas que se recuerden, la reducción a un tercio del desempleo y la más lenta pero de todos modos apreciable disminución de su informalidad, junto con el regreso de la inflación como un dato insoslayable para el análisis político, social y económico, han devuelto al sindicalismo obrero una importancia que no tuvo durante el ciclo de la valorización financiera y la convertibilidad cambiaria. Eso explica que la segunda audiencia sectorial colectiva de la presidente CFK haya sido con la conducción de la CGT. La primera, con la cúpula del Episcopado católico, fue de pura formalidad protocolar sin proyección hacia el futuro.

Es cierto que había prevenciones sindicales respecto de la primera mujer electa a la presidencia, en parte por las imágenes de un pasado que hoy sólo existe como referencia afectiva que conforma la identidad de cada uno, pero también por razones de género. A medida que la presidente desarrolló su discurso, se hizo evidente que existían coincidencias más interesantes que el muchachismo futbolero que practicaban con Kirchner.

Los relatos de los participantes por la CGT y por el gobierno son tan coincidentes que, transcriptos sin especificar la fuente, no es fácil identificar a cada una. CFK habló de la racionalidad con que se condujo el movimiento obrero y dijo que hubo épocas “en que las empresas quebraban pero los empresarios eran ricos”. No fue ella sino el dirigente metalúrgico Antonio Caló quien hizo una mención a la prudencia que, según dijo Perón en su penúltimo discurso público, caracterizaba a los dirigentes sindicales.

Biografía e historia

La presidente no eludió los temas ríspidos del pasado pero los incluyó en una reflexión elaborada. Dijo que agradecía el apoyo al proyecto pero agregó que “los trabajadores son el proyecto, que hicimos entre todos y que tenemos que cuidarlo”. Evocó a su madre delegada gremial y a su padre colectivero y un dirigente dijo luego que ella sentía más lo social que Kirchner. Sorprendió con un manejo fluido de datos sobre la actividad, el empleo y el salario de distintos sectores, en especial los metalúrgicos y la construcción. Dijo que todos los presentes habían sido protagonistas de los hechos de la historia, de un lado y de otro, que tenían experiencia acerca de lo que ocurre cuando se rompen los equilibrios y que esto implicaba una responsabilidad.

Según el camionero Hugo Moyano las coincidencias con Cristina prolongan las que tuvieron en la lucha contra el modelo neoliberal. Recordó que cuando el ministro de Economía Erman González planteó rebajar las indemnizaciones por despidos, el MTA montó un palco frente al Congreso y lo mantuvo durante cuatro semanas para oponerse. CFK subió cuatro miércoles a ese palco, hasta que el diputado de la UIA Claudio Sebastiani dio el quórum para aprobarlo.

La actual presidente junto con Moyano presentaron el libro del actual diputado y abogado histórico de la CGT Héctor Recalde en el que denunciaba la ley Banelco de precarización laboral, derogada durante el gobierno de Kirchner. Estos son antecedentes necesarios para comprender qué significa el apoyo oficial como jefe de la CGT al único dirigente que por sí solo está en condiciones de paralizar el país y de quien la presidente habla con más afecto que Kirchner.

Nadie más que los camioneros han recuperado los niveles de ingreso de 1974, pero en condiciones muy distintas a las del último año de vida de Perón. Ellos transportan el ganado en pie hasta el matadero y las reses procesadas a las carnicerías. Distribuyen las verduras y el pan, el agua y la leche, los combustibles a los puntos de venta, los caudales a los bancos y cajeros automáticos y se llevan los residuos que toda esa actividad genera. Las crisis del ferrocarril y del transporte aéreo han potenciado esa situación.

Enemigos comunes

Además, ese dirigente que ha acumulado un poder superior al de cualquier eventual competidor comparte algunos enemigos con el gobierno. Es improbable que Cristina olvide que en 2003 fue insultada y le dispararon huevos en Catamarca cuando Luis Barrionuevo se vengó así por la expulsión del Senado que ella impulsó. También está fresco el abucheo que le dedicó al año siguiente en Parque Norte una claque que vivaba a José Ru-cci. En octubre de 2006 durante la parada en la CGT del cortejo que llevaba a San Vicente el féretro de Perón, se coreó con entusiasmo la consigna “ni yanquis ni marxistas”, en un intento de reeditar un mini 1º de mayo del ’74.

Y en enero de 2007, cuando la justicia se interesó por los crímenes de la Triple A carteles de origen sindical advirtieron “No jodan con Perón”. Hace menos de seis meses el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde se reunió con dirigentes sindicales como el secretario general de las 62 Organizaciones, Gerónimo Venegas, a quienes invitó a prepararse para cubrir un futuro vacío de poder cuando gobernara Cristina. También hizo contactos similares con hombres de negocios cuyas mayores ganancias provinieron de la pesificación asimétrica inducida por el ex presidente de la UIA José Mendiguren.

Simetrías

Cuando el dirigente de los ceramistas Juan Moreira le entregó una historia del movimiento obrero dibujada, CFK observó impávida que la Juventud Sindical Peronista figuraba como sello editor. Recordar no significa temer: esos fantasmas hoy no asustan a nadie.

La presidente también explicó el carácter sectorial del diálogo que propone. Sin embargo, al gobierno no dejan de preocuparle algunos pasos que en esa dirección ya dio Moyano, quien analizó con la cámara patronal del transporte de cargas posibles metas a 2 o 3 años, que incluirían la sanción de un Estatuto que reglamente la actividad de los camioneros, con cláusulas de estabilidad en el empleo e indemnizaciones especiales por despido, como las que protegen el trabajo de los periodistas.

Los técnicos laborales oficiales creen que éste es tiempo para recuperar derechos perdidos y extender esos beneficios a un número creciente de trabajadores, pero no de legislar nuevos derechos que profundicen las diferencias entre distintos gremios y actividades. Una preocupación simétrica cunde por la pretensión del sindicato de los metalúrgicos de la industria automotriz (que con notable modestia se autodenominan mecánicos) de un incremento salarial del 34 por ciento.

El cuarto turno

Su dirigente vitalicio, José Rodríguez, sabe que las empresas tienen margen suficiente porque están produciendo y vendiendo más que nunca en su historia. Muchas plantas trabajan ya en tres turnos y hay previsiones para habilitar el cuarto, cosa que no ocurre en el país desde hace décadas, mientras sus costos laborales son bajos. La preocupación oficial es el efecto que un incremento semejante tendría sobre la interna de la CGT, donde Luis Barrionuevo sólo espera la oportunidad para ridiculizar a Moyano y forzar su desplazamiento de la Secretaría General. Del mismo modo, lo que se estipule en la mesa sectorial de los camioneros, podría extenderse luego a los demás gremios y cámaras patronales del transporte, incluyendo el de pasajeros.

José Rodríguez fue vicepresidente de la Federación Internacional de Trabajadores Metalúrgicos (FITIM) durante tres décadas. Pero debido a las investigaciones sobre su rol como entregador de trabajadores que fueron detenidos-desaparecidos durante la última dictadura, fue suspendido en el cargo. Como Rodríguez no se siente cómodo entre dirigentes socialdemócratas con preocupación por los derechos humanos no asistió a la reunión de CFK con la comisión interna internacional de los trabajadores de Volkswagen, durante la cual la presidente planteó el objetivo reindustrializador de que los autos ensamblados en la Argentina vuelvan a llevar motores producidos también aquí, como ocurría hace cuarenta años, antes de que el país progresara hacia la maquila.

Cuando le presentaron al secretario general del sindicato alemán, la IGB Metal, CFK lo recibió sonriente: “Ah, el Lorenzo Miguel alemán”. El sindicalista contó que también en Europa es enconado el debate entre las visiones neoliberal financiera y la productiva. Reveló que durante el colapso argentino de fin de siglo, VW contempló el levantamiento de su planta en la Argentina, opción que fue descartada luego de escuchar al presidente de la filial y ex primer ministro austríaco, Víctor Klima, uno de los organizadores del reciente viaje de Cristina a Alemania.

La CTA, afinidades e intereses

Dentro de diez días el despacho presidencial también abrirá sus puertas a la CTA, cuya personería gremial fue una promesa incumplida por el ex presidente Néstor Kirchner, quien no quiso poner en riesgo la relación privilegiada con la CGT y con su secretario general. Las recomendaciones de la OIT en favor de esa personería obran como un condicionante externo, que se actualizará en marzo cuando se reúna su Consejo de Administración. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky fue recibido en Brasil por Lula, lo cual tornaría difícil de explicar que la presidente argentina no hiciera lo mismo. Esto no significa, por cierto, que Cristina se proponga cancelar la deuda de Néstor.

Es posible que ambos mandatarios tengan mayores afinidades ideológicas con la central alternativa, lejana heredera de la CGT de los Argentinos que Raimundo Ongaro y Agustín Tosco pusieron en pie de combate contra la dictadura de Onganía a fines de la década de 1960, y de lo que fue la tendencia revolucionaria del peronismo sintetizada en la JP. Incluso, antes de iniciar su carrera política en Santa Cruz, Kirchner fue abogado de ATE, el gremio en torno del cual se constituyó la CTA. Pero la sintonía oficial con la CGT muestra la primacía de historias e intereses más recientes. Fue ostensible durante el gobierno anterior y la reunión del martes hace pensar que no es fácil que cambie ahora.

Tampoco puede atribuirse al azar que al mismo tiempo avance la normalización del Partido Justicialista, como primera actividad del café literario del ex presidente, con oficinas muy bien conectadas con la Casa Rosada y el helipuerto presidencial, en el barrio paradigmático de la década maldita y sus negocios inmobiliarios, Puerto Madero. Cuando Momo Venegas le reclamó por la participación sindical en la conducción del justicialismo, CFK sonrió: “Le voy a transmitir a Kirchner ese reclamo pejotista”. Insinuó así que mientras el ex presidente se encargará de la reorganización del más antiguo partido político viviente en la Argentina (la UCR sigue idéntica a sí misma, como una pieza del museo de cera) ella elevará la vista por encima de esas estrechas y húmedas paredes.

10 DE AGOSTO



Legislatura Porteña fija fecha para la primera elección de comunas
La necesidad de dividir a Buenos Aires en Comunas fue impuesta por la Constitución porteña, sancionada en 1996. Las Comunas debían empezar a funcionar en octubre de 2001, pero recién en setiembre de 2005 salió la ley Nº 1.777, que ordenó esa división: además de disponer que habrá 15 Comunas y cuáles serán sus límites, definió qué competencias tendrán a cargo.

El proyecto fue aprobado en una sesión especial convocada por los diputados que responden al oficialismo, el kirchnerismo y a algunos partidos de izquierda, que lograron fijar la fecha de elección pese a la dura oposición del macrismo, que consideró que "aún no está terminado el proceso de transición".

El titular del bloque kirchnerista, Diego Kravetz, señaló tras la votación que "estamos más que complacidos, no sólo por cumplir al pie de la letra la Constitución de la Ciudad, sino porque nosotros no proclamamos cosas que después no queremos cumplir". El legislador y otros diputados porteños partidarios a la Comuna criticaron en este sentido al jefe de Gobierno porteño electo, Mauricio Macri, al considerar que "no le importan de verdad" las comunas. El macrista, Rodrigo Herrera Bravo dijo que "la Legislatura está cometiendo un error al fijar una fecha de elección sin tener en cuenta lo que dice la Ley de Comunas y la Justicia Electoral". "Nuestro desacuerdo es estructural porque consideramos que el proceso no terminó, cambiaron el mapa y arreglaron un par de comunas y parece que la transición terminó, falta transferir competencias y mil otras cosas más", señaló.

El diputado kichnerista Fernando Melillo pidió al macrismo que "sea coherente con lo que ha prometido durante la campaña electoral". Irónicamente, subrayó: "Va estar bueno Buenos Aires con Comunas y va a estar bueno Buenos Aires si los macristas cumplen con lo que prometieron". En tanto, otra diputada Kirchnerista, Silvia La Ruffa, aseguró que "con la fijación de la fecha de elecciones se sientan las bases institucionales de la participación vecinal". Con la determinación de la fecha, quedó completamente allanado desde lo legal el camino para que finalmente Buenos Aires se descentralice en Comunas, como la ciudad de Rosario, entre otras ciudades. Siete funcionarios gobernarán cada una de las 15 "mini municipalidades".

Qué son y qué harán las comunas

1- Las Comunas son unidades administrativas independientes en las que se descentraliza parte del poder Ejecutivo. Se votó que haya 15, que respeten los límites barriales y que tengan una población pareja entre sí. 2- Serán gobernadas por una junta de siete comuneros, con cupo femenino. Las ONG de cada zona formarán un Consejo Consultivo, y los presidentes de cada Comuna se reunirán en otro Consejo. 3- Entre otras cosas, tendrán a su cargo el mantenimiento de plazas y calles (ni avenidas, ni grandes parques). Concentrarán los trámites y reclamos vecinales. Y, con el Ejecutivo, controlarán los servicios públicos. 4- Contarán con su propio presupuesto, elaborado de acuerdo con propuestas vecinales. Pero entre las 15 no podrán exceder el 5 por ciento del total de la Ciudad. Tampoco podrán crear impuestos o endeudarse.

Política de descentralización y promesa macrista



El futuro jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó ante la Legislatura porteña, el día miércoles de 21 de Noviembre, de la voluntad del macrismo de concretar el 10 de agosto de 2008 la elección de las autoridades de las 15 comunas en que se dividirá la Ciudad.

Rodriguez LarretaAl exponer ante los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, Rodríguez Larreta explicó que están previstos en el Presupuesto del año próximo los fondos necesarios para el desarrollo de los comicios.

Y adelantó que el próximo gobierno impulsará una reforma política en la Ciudad que "entre otras cosas apuntará a modificar la forma de elección" de las autoridades, aunque aclaró que esta iniciativa "es una atribución que le compete más al ámbito parlamentario que al ejecutivo".

El futuro jefe de Gabinete de Mauricio Macri expuso durante casi dos horas ante una veintena de legisladores los principales lineamientos en los que estará basada su tarea, tal como lo vienen haciendo todos los ministros que integrarán el gobierno porteño. La reunión fue coordinada por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Olmos (Frente para la Victoria).

La forma de financiamiento de las 15 comunas en las que estará compuesta la Ciudad, en reemplazo de los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGP), fue uno de los ítems que mayor inquietud manifestaron los legisladores.

"Los fondos necesarios están previstos en Presupuesto tanto para la elección como para la comunicación" de la información que los vecinos requerirán para interiorizarse sobre qué se vota y por qué, respondió el futuro ministro ante una pregunta de la diputada Verónica Gómez (socialismo). "Vamos a respetar la ley", contestó cuando la diputada Beatriz Baltroc (FPV) lo indagó sobre las versiones que indicaban que el macrismo planeaba modificar la ley de comunas para reducir así de 15 a 8 la cantidad de estos espacios de gestión. Ante otra inquietud sobre la posibilidad de postergar la elección, el futuro funcionario respondió de la misma forma: "Vamos a respetar lo que dice la ley".

De la interpelación participaron los legisladores Silvia La Ruffa (FPV), Diego Kravetz (FPV), Florencia Polimeni (Guardapolvos Blancos), Héctor Bidonde (PS) y Sergio Molina (SUR), Martín Hourest (Buenos Aires para Todos). Y los macristas Santiago De Estrada, Diego Santilli, Soledad Acuña, Carlos Araujo, Marcos Peña y Oscar Moscariello, entre otros.

Fuente: Telam

Modelos: Entre la confrontación y el acuerdo



Por Horacio Verbitsky

Mientras el gobierno nacional intenta definir un modelo de acuerdo para el desarrollo, la administración porteña emprende una vía de confrontación. CFK, Moyano, la CTA, las cámaras patronales y las posibilidades del acuerdo social. La legitimidad electoral de Macri y los preceptos constitucionales que desde hace medio siglo protegen al empleo público del despido arbitrario. Fallos judiciales que protegen la dignidad del trabajo y la libertad sindical.

Cristina Kirchner y Hugo Moyano. Quienes tienen diálogo con una y otro saben que la disposición recíproca es favorable. Ni amor ni espanto, sólo mutua conveniencia.

La reunión que el martes tendrá la presidente CFK con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, será sólo la representación pública del ensayo general que ambos realizaron el fin de semana último, sin anuncio previo ni informe posterior. Allí se disiparon los malos entendidos que nutrieron versiones sobre ánimos belicosos. En poco menos de un mes y medio del nuevo gobierno, ambas partes delimitaron territorios y mostraron su respectiva capacidad de daño, que nadie quiere llevar de la exhibición al acto.

Quienes tienen diálogo con una y otro saben que la disposición recíproca es favorable. Ni amor ni espanto, sólo mutua conveniencia; la JP y la JSP descansan en paz. El modelo de acuerdo que la presidente propuso al asumir se contrapone con el de confrontación que desde el gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires propone el hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri, quien ya ha comenzado a chocar con la realidad social y con las instituciones, que ponen límite a sus deseos imperativos. Letra para la melodía

En diciembre Moyano mantuvo una discreta reunión con el sector patronal de los camioneros, nucleado en la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, Fadeeac, en busca de dotar de letra a la melodía del acuerdo social. El gobierno sólo ha adelantado sus grandes líneas generales. En condiciones internacionales que recuerdan a las que permitieron medio siglo de crecimiento espectacular entre 1880 y 1930 pero que son incluso más favorables, la concertación propuesta girará sobre acuerdos sectoriales.

La novedosa estabilidad previsible debería permitir un trabajo fino sobre las cadenas productivas, capitalizando las ventajas ostensibles del país, cuya relación con las grandes potencias asiáticas es mucho más horizontal y promisoria de lo que fuera el trato con Gran Bretaña hace un siglo. Pero ello requerirá mejorar también la eficiencia de la gestión en las dos alas del gobierno nacional. Demasiadas decisiones se demoran en el cuello de botella de los dos superministerios que ocupan Alberto Fernández y Julio De Vido, que concentran más de lo que pueden manejar. Una misma obra puede anunciarse varias veces, pero eso no apresura su terminación y más bien refleja su retraso.

Metas bi o trianuales

En aquel encuentro empresarios y sindicalistas analizaron posibles metas a 2 o 3 años, que incluirían la sanción de un Estatuto que reglamente la actividad de los camioneros. De mayor jerarquía que el Convenio Colectivo de Trabajo, el Estatuto podría comprender cláusulas de estabilidad en el empleo e indemnizaciones especiales por despido, como las que protegen el trabajo de los periodistas. Lo que se estipule en esa mesa podría extenderse luego a los demás gremios y cámaras patronales del transporte, incluyendo el de pasajeros. Las conversaciones también exploraron la posibilidad de incluir a las fábricas de vehículos, con la hipótesis de producir camiones Mercedes Benz a bajo costo, dada la necesidad de renovación que se estima en unas 80.000 unidades.

En cambio no resulta viable una negociación salarial a ese mismo plazo, consecuencia de la incertidumbre que sembró la política de tierra arrasada en el INDEC, donde el cambio de gobierno no ha traído alivio. La rotura deliberada del instrumento de medición no sólo degrada la calidad institucional, también tiene consecuencias económicas, sociales y políticas de largo plazo. La manipulación que comenzó por un indicador se fue extendiendo luego a otros. Esta devaluación de la palabra oficial también deteriora el rol de arbitraje estatal, situación que sólo puede beneficiar a los más fuertes.

En torno del 20

Según el consultor Ernesto Kritz, de la Sociedad de Estudios Laborales, que encuestó a 128 compañías líderes que emplean 184.000 personas dentro de convenio, ni patrones ni trabajadores “reconocen el IPC como base de cálculo para el ajuste salarial”. Por esa razón, en un mercado de trabajo formal cercano al pleno empleo, las empresas han ido corrigiendo al alza sus previsiones salariales y estiman un promedio de aumento en torno del 20 por ciento. Ante “otro año de alto crecimiento de los ingresos nominales de los asalariados de convenio resta ver como evolucionarán los ingresos reales”. Con tan cauta frase, Kritz alude a la capacidad de las grandes empresas en mercados oligopolizados para defender por medio de la inflación su sabrosa parte del ingreso.

A mediados de año Moyano debe revalidar su cargo en la CGT. Una lectura generalizada señala que el gobierno apoya su continuidad porque le garantiza que no habrá una puja salarial salvaje. A cambio recibiría prebendas y la permisividad oficial para el despliegue de su sindicato sobre otros trabajadores que realizan su actividad sobre ruedas.

El conflicto más evidente, pero no el único, es el que enfrenta a los camioneros con la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, de Armando Cavalieri, por el encuadramiento de los trabajadores de logística en supermercados. En los últimos años Moyano logró el trasvasamiento de unos 5000 trabajadores a sus filas. Pero esto incrementó en forma significativa los ingresos de esos trabajadores, moderó su jornada laboral, les aseguró la elección de delegados y un cambio favorable en las demás condiciones de trabajo.

El sindicalismo empresario

Cavalieri integra con el gastronómico Luis Barrionuevo, el paramédico Carlos West, el ferroviario José Pedraza y el electricista Oscar Lescano el núcleo del sindicalismo empresario conocido como Los Gordos.

Ellos fueron el ariete que Menem utilizó en 1989 para vencer las resistencias sindicales a las políticas privatistas y desreguladoras. La creación de un sindicalismo empresario había sido recomendada por la central estadounidense AFL-CIO como medio de atenuar la reacción de los trabajadores contra “los ajustes necesarios” y desarmar “prevenciones nacionalistas”. Las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial analizaron en Washington con sindicalistas “La dimensión social de la reestructuración económica”.

Allí, el subgerente del BID Richard Fletcher rindió homenaje a Lescano y encomió el ajuste latinoamericano a la globalización mundial del capital, que definió como un “proceso inigualable”. La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza y los petroleros fueron los primeros en adoptar esa política, con la que sus dirigentes hicieron grandes negocios mientras se empobrecían sus afiliados. La idea de que este sector podría ser más combativo que la actual conducción cegetista, sólo puede repetirse contando con la ignorancia o el desinterés del receptor.

Néctar para la libertad sindical

En desacuerdo con aquellas decisiones el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata decidió desvincularse de la Federación nacional (Fatlyf) y se afilió a la CTA, donde formó la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA). En represalia, la Federación de Lescano dejó de transferirle las contribuciones patronales destinadas a Turismo, Cultura, Vivienda y Educación establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo. Hace dos meses el juez Alberto Vidal ordenó la entrega al sindicato marplatense de 7,7 millones de pesos por el periodo 1995-2001, aduciendo que la Federación es la recaudadora pero no la propietaria de las contribuciones patronales.

El fallo en favor de la libertad sindical reconoce que un sindicato de primer grado readquiere su autonomía plena si en forma orgánica decide no pertenecer más a una entidad de segundo grado o Federación. Los aportes son un salario indirecto y sus beneficiarios directos todos los trabajadores, ya sean afiliados o no.

Otros fallos en la misma dirección firmó en diciembre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Néctar Quispe Quispe fue despedida cuando inició los trámites para obtener la representación propia y de sus compañeros en el taller de Bajo Flores de la Compañía Argentina de la Indumentaria. Los jueces Oscar Zas y Julio César Simón, con la disidencia de María Cristina García Margalejo aplicaron a este caso laboral la ley anti-discriminatoria, que invierte la carga de la prueba, y declararon nulo el despido porque la empresa no probó en forma convincente que tuviera otro motivo que la discriminación contra la actividad sindical.

De este modo la justicia extendió el concepto de “actividad sindical”, protegida por ley, a cualquier ejercicio relacionado con la defensa de derechos laborales, aunque no se desarrolle en un sindicato establecido, del cual el activista sea afiliado o representante. Esto abre la puerta a la creación de nuevas listas opositoras e inclusive de nuevos sindicatos sin riesgo de represalias.

El mismo tribunal, esta vez por unanimidad, aceptó que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), perteneciente a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), eligiera delegados en el municipio mendocino de Godoy Cruz. La Municipalidad se negaba porque desde 1971 la representación de los intereses colectivos de los trabajadores sólo correspondía al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Godoy Cruz, afiliado a la CGT, con exclusión de ATE y de UPCN.

La Cámara resolvió aplicar una resolución posterior que admitió el otorgamiento de personería gremial a asociaciones del sector público sin desplazar a las preexistentes. El Ministerio de Trabajo consideraba que esa Resolución 255/03 no tenía efecto retroactivo. El voto de Zas cita diversos tratados internacionales, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reconoció “el derecho a utilizar cualquier medio apropiado” para ejercer la libertad de asociación en materia laboral.

Paradojas

En la década pasada Moyano formó junto con el colectivero Juan Manuel Palacios el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, MTA, que participó junto con la CTA en la mayoría de las movilizaciones en contra del proyecto neoliberal. Pero desde su elección como secretario general de la CGT el 5 de julio de 2005, Moyano se opuso a que Néstor Kirchner cumpliera su promesa de reconocimiento de la CTA, con la que había tenido estrechas relaciones en el pasado. Durante la gestión del dirigente histórico de la CTA, Víctor De Gennaro, el reclamo de la personería fue un eje central en la relación con el gobierno.

Ante el incumplimiento de la palabra del ex presidente, el nuevo secretario general, el maestro Hugo Yasky, exige que el gobierno garantice que no habrá persecuciones por el ejercicio de la actividad sindical. La CTA, con un modelo organizativo distinto al de la CGT, de afiliación directa y democracia interna, también reclama ser oída por la presidente. Un documento que elaboró en conjunto con otras entidades de pequeñas y medianas empresas agropecuarias, industriales y financieras que a fines del siglo pasado formaron parte del Frente Nacional contra la Pobreza, postula una denominada “paritaria social”.

Aunque el documento no lo diga, mientras Moyano representa al sector formal privado, cuyos ingresos obtuvieron una significativa recomposición en los últimos años, la CTA representa al sector público e intenta expresar los intereses de los asalariados no formales (que todavía son cuatro de cada diez) y de los desocupados, cuya situación no mejoró en la misma forma. Y ni la CGT ni la CTA organizan a los trabajadores del 88 por ciento de las empresas del país en las que no hay ni siquiera un delegado gremial.

La CTA encomia “valiosas decisiones” oficiales como la política de derechos humanos, el rechazo al ALCA y a los condicionantes del FMI, pero sostiene que el modelo de acumulación con inclusión social definido por la presidente sólo es posible mediante una equitativa distribución de la riqueza, con crecimiento de los salarios reales de los trabajadores y de la cantidad y calidad del empleo (la participación de los asalariados en el ingreso aun es menor que en 2001).

Con esa finalidad sugiere diversas medidas de fomento al mercado interno, las pequeñas y medianas empresas y la actividad regional, mediante regulaciones que reviertan los procesos de concentración y extranjerización; aranceles a las importaciones, retenciones segmentadas a las exportaciones y reintegros; programas de vivienda y democratización del crédito; desarrollo de las cadenas productivas y reforma integral del sistema tributario como principal eje redistribuidor de ingresos. Esas propuestas tienen cierta afinidad con algunas definiciones que el ministro de Economía Martín Lousteau le transmitió el jueves al gobernador santafecino Hermes Binner, quien participó en el espacio político que integra la CTA.

Estabilidad absoluta

El jefe de gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires chocó en cambio con la justicia, que dispuso el reintegro de sus primeros 2400 despedidos. Al anunciar que esos trabajadores cesarían en sus funciones, Macri sostuvo que eran ñoquis o que habían sido contratados con fines electorales por su predecesor Jorge Telerman. Pero numerosos casos de personas con años de antigüedad en la tarea y que cumplían con su trabajo en forma normal refutan esa afirmación.

El gremio Sutecba acordó con Macri la realización de un censo que determinara la situación laboral de cada trabajador y dejó en la nebulosa los casos de los ya despedidos. Ante el amparo presentado por ATE la jueza Elena Liberatori ordenó la reposición de los 2.400. Entonces Macri y la vicejefa Gabriela Michetti cambiaron de discurso y dijeron que no estaban en condiciones de identificarlos porque ni ellos los conocían. Esto no les impidió cuestionar el fallo porque ordena el reintegro en forma genérica sin nombrar a las personas que beneficia.

Lo que le toca aprender ahora a Macri es que la legitimidad electoral no tiene primacía sobre los derechos y garantías constitucionales. En mayo pasado la Corte Suprema de Justicia ratificó en el fallo “Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación”, la vigencia de la estabilidad absoluta de los empleados públicos, garantizada desde hace medio siglo por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

La Aduana había despedido a Madorrán sin invocar la causa y pagándole la indemnización prevista en la Ley de Contratos de Trabajo. Según la Corte el “derecho a la carrera” también está protegido por los instrumentos internacionales constitucionalizados en 1994 como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La estabilidad absoluta implica que es nula cualquier violación y forzoso reincorporar al empleado dado que esta garantía es operativa aun cuando ninguna norma la reglamente. El voto de los jueces Elena Highton y Juan Carlos Maqueda sostuvo que las leyes reglamentarias no pueden ir en contra del precepto constitucional, sobre todo cuando “está en discusión un derecho humano”. La Corte citó al convencional Carlos A. Bravo, quien denunció “las cesantías en masa en ocasión de los cambios de gobierno” y planteó que ningún empleado público podría “ser dejado cesante sin causa justificada y sin previo sumario administrativo”. El fallo reivindicó el principio de que en caso de duda debe privilegiarse la justicia social y las condiciones de vida que favorezcan la dignidad humana. Coherencia

Si algo no puede reprochársele a Macri es falta de coherencia. Nombró como personal de planta de su gabinete a Nicolás Caputo, uno de los mayores contratistas de obras públicas que es además su amigo íntimo; intenta prohibir los cortes de calles, privilegiando el orden en el tránsito sobre la libertad de expresión; vetó una ley sancionada antes de su asunción que establecía un subsidio para las víctimas del Plan Conintes, presentada por el ex legislador kirchnerista Miguel Talento; puso al frente del Teatro Colón a un funcionario político de las dos últimas dictaduras. Horacio Sanguinetti fue director de asuntos jurídicos del ministerio del Interior durante la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse y asesor de gabinete del ministro Horacio Liendo durante el gobierno del general Roberto Viola, datos que constan en su legajo oficial pero no en su curriculum que arranca con cautela en 1983.

(Informes, Mercedes González y Ana Adelardi.)

Defienden al Club All Boys Saavedra

El Movimiento Social del Deporte (MSD) de la Ciudad decidió en reunión de sus integrantes defender al Club ubicado en el barrio porteño de Saavedra, ante denuncias de unos pocos vecinos de esta institución, en una nota publicada en una web de noticias, quejándose por la precariedad de sus instalaciones.

Por Marcelo Heredia

Luego de una nota publicada en una conocida web de noticias, donde vecinos del Club All Boys Saavedra denunciaban a la institución por la precariedad de sus instalaciones, el Movimiento Social del Deporte (MSD) de la Ciudad decidió en reunión de sus integrantes defender al Club.

A través de un comunicado, el Movimiento señala: "El Club fundado en el año 1932, con el anexo Biblioteca Bernandino Rivadavia, paso como todos los clubes de barrios por los distintos avatares de la vida política argentina, con dirigentes buenos y malos y algunos seguramente hasta con algún grado de corrupción. Pero desde hace un tiempo una nueva dirigencia esta llevando adelante la reconstrucción del Club".

Y agrega: "Durante el pasado año puso todos sus balances al día y presentó en la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad, todos los requisitos pedidos por está para su inscripción en el Registro de Instituciones Deportivas, que fija la Ley del Deporte porteña, recientemente reglamentada. Y el club cumplió con todo. También fue un participante activo en la Red de Clubes".

El MSD es una organización política-deportiva, que tiene entre sus objetivos principales la defensa de los clubes a través de una gran Red de Clubes nacionales, y que tiene como integrantes, entre otros, al ex funcionario porteño, Víctor Lupo. "¿No será que hay alguna intención extraña de entes inmobiliarios, en un lugar donde la tierra es tan costosa de la ciudad de Buenos Aires?. Recordemos cuantos clubes desaparecieron en las últimas décadas por estos motivos o para transformarlos en red de gimnasios pagos, a costos elevados para los vecinos de un barrio", aseguran.

Más de 1,2 millones de personas se pasaron al sistema de reparto



Dejaron las AFJP para volver al Estado. El nuevo director ejecutivo de la ANSeS, Claudio Moroni, aseguró que “casi 900.000 serían cotizantes regulares”. Además, estimó que "la mayoría tiene más de 40 años". Las cifras, sin embargo, son provisorias porque el Correo no remitió todos los formularios.

Según las primeras estimaciones que maneja el ANSeS, 1.263.278 personas eligieron pasarse al sistema de reparto desde las AFJP.

La posibilidad de pasarse al sistema público cerró el martes 15 de enero y se volverá a abrir dentro de cinco años.

Los datos fueron confirmados por el nuevo ejecutivo de la ANSeS, Claudio Moroni, quien estimó que "la mayoría son personas de más de 40 años, que es la gente que más se preocupa de su futura jubilación".

En diálogo con el diario Clarín, calculó que “casi 900.000 serían cotizantes regulares, que aportaban todos los meses. Eso representa el 20% del padrón de cotizantes del sistema de jubilación privada."

Sin embargo, los datos son preliminares, porque “el Correo todavía no remitió todos los formularios”.

”Es un buen nivel de traspaso”, aseguró Moroni, mostrándose conforme con la cantidad de gente que eligió el sistema de reparto. Y afirmó que eso demuestra que “recuperó legitimidad social”.

Sobre el futuro, dijo que seguirán con la política llevada a cabo en los últimos 4 años, y, según él, “eso significa mejorar las jubilaciones manteniendo una total responsabilidad con relación al conjunto de la política económica oficial”.

Las cifras provisorias marcan que el nivel salarial de los traspasados supera la media del sistema. Y que, en proporción, los mayores pases se concentraron entre las mujeres mayores de 40 años.

Entre los especialistas se atribuye la mayor preponderancia femenina a que en el régimen privado, a igual cantidad de fondos acumulados, las mujeres, al tener una expectativa de vida mayor, tienen un beneficio inferior al del hombre.

Además de este 1,2 millón de traspasos, la ANSeS recibió durante la segunda mitad de 2007 un poco más de un millón de afiliados de las AFJP.

Fue por la transferencia de los regímenes especiales (docentes, investigadores, jueces y diplomáticos) y las mujeres de más 50 años y los hombres mayores de 55 años y que tenían menos de 20.000 pesos en sus cuentas. Y más de 250.000 "indecisos", quienes desde mediados del año pasado están pasando al Estado. Hasta entonces, eran distribuidos entre las AFJP.

Así, como consecuencia de los cambios jubilatorios, entre traspasos obligatorios y voluntarios, la ANSeS terminará recibiendo casi 2,5 millones de afiliados.

El nuevo mapa previsional se configuraría del siguiente modo:

Las AFJP pasarían a contar con casi 10 millones de afiliados y 3,6 millones de cotizantes regulares.

El régimen público también tendría una cifra similar de cotizantes regulares que se compondría del 1,3 millón de aportantes monotributistas y personal doméstico y otros 2,5 millones entre sus actuales aportantes más los "indecisos" y traspasados.

A su vez, desde este mes tanto el sistema público como el privado tendrán una mayor recaudación. La ANSeS, por el mayor número de aportantes. y las AFJP. por la suba del aporte previsional del 7% al 11%.

FALLO JUDICIAL INSTA AL GOBIERNO PORTEÑO A REINCORPORAR A LOS DESPEDIDOS



La Jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Elena Liberatori, falló a favor de la medida cautelar presentada por la ATE en el marco del conflicto que el Sindicato viene sosteniendo con el Gobierno porteño por los más de 2400 trabajadores precarizados dejados cesantes. En el fallo insta al Gobierno de la Ciudad a reincorporar a los trabajadores en sus funciones. No obstante, ante la no apertura de canales de diálogo por parte del Gobierno de la Ciudad, la ATE mantiene la manifestación convocada para el día de mañána.

La jueza del fuero en lo contencioso administrativo porteño Elena Liberatori falló a favor de la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado el día lunes 14 de Enero, referida a los más de 2400 despidos definidos por el Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri. De esta forma, instó al Jefe de Gobierno a reincorporar a los trabajadores a sus funciones.
La medida cautelar presentada por nuestro sindicato, se apoya principalmente en el hecho de que los trabajadores fueron despedidos bajo la acusación de ser “ñoquis” o de “no prestar un servicio útil a los vecinos”, aunque sin que se presentara prueba alguna que sustente dichas acusaciones.
En referencia al acuerdo firmado entre el otro Sindicato y el Gobierno de la Ciudad, estableciendo que se realizará un censo en el mes de marzo, donde ser revisarán otros 18.000 contratos, en el fallo consta lo siguiente: “Con relación al mismo estamento de personal contratado, la Administración posibilita a la gran mayoría de trabajadores en esa misma situación de revista, la demostración del cumplimiento efectivo de servicios mediante un censo a realizarse próximamente.
El relevamiento de los empleados con relación a diversas modalidades en cuanto al trabajo que cumplen, no reviste objeciones en sí mismo.
Lo que sí pareciera objetable jurídicamente es el hecho de negar esa posibilidad a un grupo de esos trabajadores cuando lo que está en juego es su subsistencia económica.”
De esta forma, la Jueza instó al Gobierno de la Ciudad a reincorporar en forma inmediata a los trabajadores despedidos, con las funciones que ejercían hasta el mes de Diciembre: “RESUELVO: 1. ordenar el mantenimiento de la prestación de servicios del personal ‘contratado’ de la Ciudad de Buenos Aires – en sus diversas modalidades – al 31.12.07, con la asignación de idénticas tareas normales y habituales que ese personal realizaba hasta esa fecha y el correspondiente pago de las remuneraciones pertinentes, hasta tanto se resuelva en definitiva; 2. se brinde a dichos trabajadores la posibilidad de ser incluidos en el Censo a realizarse en el mes de marzo de 2008”.
Este fallo no hace más que demostrar lo injustificado y arbitrario de la decisión del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de despedir a 2300 trabajadores. Y es una nueva herramienta en la lucha por la reincorporación de los trabajadores cesanteados.

Impuestazo, despidos y veto a la creación un laboratorio estatal



Macri, el gobierno de los gerentes y las recetas del menemismo
Por Roberto Koira, especial para Causa Popular.-
El menú de Mauricio Macri en el gobierno de la ciudad es un completo regreso a las medidas antipopulares de los años 90, que muchos porteños parecen extrañar. No le alcanzó con el impuestazo del ABL, sino que va por más: despidos al por mayor y el veto a la ley que creaba un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo hay otra frutilla que decora el postre, la llegada de los gerentes privados a la política, una nueva raza que, después de destacarse en empresas del ámbito privado, se presentan como los mágicamente solucionaran todo con un buen gerenciamiento del aparato del estado. Son personas sin verdadera vocación política y de ideología light que toman este camino como una aventura nueva en su vida, pero ante el fracaso correrán rápidamente a refugiarse a su antigua vida empresaria.
Con respecto a la creación del Laboratorio Estatal, el decreto de veto -que lleva el número 2135- explica que “si bien el Poder Ejecutivo comparte el espíritu del emprendimiento, apreciando los beneficios que reportaría un laboratorio de las características descriptas en el mentado proyecto de ley, el desarrollo del laboratorio en cuestión no resulta viable, sin perjuicio de que oportunamente se lleven adelante acciones de gobierno que permitan sentar bases sólidas que posibiliten contar con un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos”.



Esto es refutado por la oposición porteña, ya que la ley tenía partida asignada porque el proyecto pasó por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por lo demás, la suma necesaria para la iniciativa era de un millón de pesos: sin necesidad de recordar todas las leyes especiales, votadas en estas semanas, que le otorgan al Gobierno de la Ciudad facultades para contratar en forma directa por sumas millonarias.

Aunque no estuviera en el presupuesto el jefe de Gobierno está en condiciones de asignar esa cantidad; pero aseguran que Macri tiene un arreglo con los laboratorios privados, y por eso vinieron frenando el proyecto durante años.

En el caso de los despidos masivos, el conflicto se inició la semana pasada, cuando se anunció la no renovación de 2400 contratos, a los que el gobierno de la ciudad calificó de “políticos”. Se trata de personal que cumplía funciones en distintas áreas, bajo la modalidad del decreto 959, un régimen que amparó a los contratados que facturaban sus servicios. Para Macri, esos contratados fueron incorporados en el último año por Jorge Telerman.

Sin embargo los sindicatos porteños aseguran que la gran mayoría de ese personal tiene una antigüedad superior y siempre estuvieron precarizados, por lo que fueron incorporados al empleo público mediante este decreto, para que tengan aportes sociales y jubilatorios.



A Mauricio no le alcanza con los 2400 despidos concretados, hay otros 18.100 trabajadores que están en situación vulnerable, ya que el gobierno asegura que revisará su situación laboral. Son, además de los incluidos en el decreto 959, los contemplados en el 948, que es previo, mediante el cual se blanquearon unos 10.000 contratados. El macrismo habla de reestructurar el Estado porteño, pero no sabe cuál sería la planta ideal para la administración pública, admiten que aún no tienen ese dato, que la reestructuración se encuentra en estudio y que los resultados recién estarán en marzo. Mauricio hace oídos sordos a los pedidos gremiales de sentarse a negociar y se siente cómodo en su rol de chico duro al que no le tuercen el brazo. ¿Caprichito de nene millonario?, en su pensamiento la “Chusma” no tiene derechos, por eso también propone hospitales “exclusivos” para porteños. Y ahí esta el gerente mayor de la nueva política, con un olor tan de los noventa, que a Mauricio parece que ya les crecieron las patillas y sólo falta que hable de las maravillas de una nueva flexibilidad laboral. Seguro que en un par de años nadie lo votó y que el 60 % de los votos que sacó el año pasado fue producto del realismo mágico.

Fuentes: Página 12, Telam.

Elisa Carrió, socia de Mauricio, y un posible pacto secreto Macri - Sutecba


Por Causa Popular.-
Aunque el conflicto por la intervención de la obra social municipal porteña ha ingresado en un callejón judicial de marchas y contramarchas, la nueva ley que logró el macrismo gracias al apoyo de Elisa Carrió ha desatado nuevas sospechas respecto al nuevo escenario político. Al respecto, el titular del bloque kirchnerista en la Legislatura porteña, Diego Kravetz, denunció que el Gobierno de Mauricio Macri alcanzó un acuerdo secreto con el gremio de municipales (Sutecba), motivo por el cual no se revisó el cese de los contratos de unos 2.300 trabajadores y consideró como una contradicción que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, "que tiene un discurso tan republicano", haya "prestado los votos para semejante actitud.
"Cuando se junta el sindicato con la gente de Macri y hacen un acta-acuerdo después del paro, nada se dice de los 2.300 despidos, con lo cual evidentemente hay otro acuerdo que pasa por otro lado y que la gente no conoce", advirtió Kravetz.

Al respecto, el titular de la bancada del Frente Para la Victoria consideró que con ese pacto "el sindicato vuelve a equivocarse y a perder legitimidad social" puesto que "la gente no sabe qué se negoció".

"Habría que transparentar estas cosas. El que debe defender a la gente que se echó y hace un acta de acuerdo donde no dice nada acerca de ellos, descubre que evidentemente el acuerdo pasa por otro lugar", dijo el diputado, quien además reconoció que "el gobierno de Macri fue más inteligente" que los sindicalistas a la hora de las negociaciones.



Por otra parte, Kravetz volvió a advertir sobre el "avasallamiento institucional" de Macri, al impulsar en la Legislatura porteña la aprobación del decreto de intervención de la obra social de la ciudad (ObSBA) pese al fallo adverso de la Justicia.

"La Legislatura, gracias al apoyo de la Coalición Cívica, votó una ley contraria a la sentencia judicial, lo cual realmente genera un conflicto de poderes. Entiendo que Macri quiera mostrar impronta, pero no puede avasallar a las instituciones de esa forma", se quejó el diputado. En este sentido, consideró como una contradicción que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, "que tiene un discurso tan republicano", haya "prestado los votos para semejante actitud".

"Si lo hiciera el kirchnerismo seríamos los hegemónicos antidemocráticos que avasallamos a las instituciones", cuestionó Kravetz en declaraciones a radio América. Negó, al respecto, que Carrió y Macri hayan tenido un "acuerdo puntual", e instó a reconocer públicamente que son "socios" políticos.

"Deberían blanquearse estos acuerdos que existen entre las fuerzas políticas. Hubiera sido más fácil que Carrió dijera que tiene un nuevo socio" y que por ese motivo "acompaña ciertas cosas que le gustan menos", a que "la opinión pública se entere de un día para el otro que Carrió no es más republicana", dijo.



Y agregó: "Cuando uno hace acuerdos puntuales, trata que ese acuerdo sean lo menos dañino posible y coyunturales. Ahora, dejar la única bandera que tiene Carrió por un acuerdo coyuntural, o es un error político de una magnitud incomprensible para una mujer que entiende de política, o no es un acuerdo puntual sino otra cosa. El motivo del paro en un principio fueron los 2300 despidos.

Pero después se firma un acuerdo donde nada se dice de esto. La gente ya no entiende nada, no conoce por dónde pasa esto, y todo se deslegitima. El sindicato es acá el que tiene que levantar la bandera.

No puede preocuparse más por la obra social que por los despidos. Esta gente son trabajadores, no números. Ahora parece que, según Macri, sindicato que para, sindicato al que le saco la obra social. Paremos un poco, no.”

Informe Especial: Un fantasma conservador recorre Buenos Aires



Por Carmelo Paredes, especial para Causa Popular.-
Si alguien esperaba que el verano tuviera algún nivel de tranquilidad, las esperanzas las debe haber perdido cuando comenzó a enterarse de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri, jefe comunal de la Ciudad de Buenos Aires desde el 10 de diciembre. Desde que asumió, el mismo día que lo hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Macri quiso mostrarse diferente, especialmente porque ganó el cargo con una amplia mayoría de votos. Quienes lo eligieron lo hicieron convencidos de que al no provenir del mundo de la política tradicional, haría cosas diferentes, pero todo indica que aunque lo esta intentando la suerte la resulta bastante esquiva, ya que buena parte de sus resoluciones han desatado conflictos de la más variada especie y han dejado al descubierto las desgarradoras realidades de una ciudad que se prepara para un ajuste brutal y donde los que mas pierden, volverán. Crónica de una nueva tragedia porteña: despidos, recortes y ajustes.
Apenas llegó al ejecutivo, “el Berlusconi argentino”, como suelen llamarlo sus opositores, resolvió dar prioridad a los habitantes de la Ciudad en el ingreso a los hospitales públicos de su administración. La capital argentina tiene cerca de 3 millones de habitantes y está rodeada por una serie de distritos que pertenecen a la Provincia de Buenos Aires. Son los que conforman el llamado “conurbano bonaerense” y su población supera los 6 millones de habitantes.

Estos distritos y la capital, componen el área metropolitana que suma alrededor de 10 millones de almas repartidos desigualmente en la cuenca del Río de la Plata. Desde el recrudecimiento de la crisis en 2001, buena parte de los habitantes de esta franja que rodea la capital, recurre a los hospitales públicos capitalinos ante el desborde de la estructura sanitaria de su territorio.

No es ninguna novedad que parte del presupuesto sanitario porteño es destinado a atender pacientes provenientes de otras zonas, pero la medida del nuevo gobierno cayó como una broma pesada para miles de personas en vísperas de navidad. Es que en la dinámica sanitaria de la capital argentina y la Provincia de Buenos Aires pueden advertirse las características más perennes de la crisis y cualquiera puede advertir los enormes sacrificios que hacen cientos de familias para conseguir un turno que les garantice un diagnóstico adecuado, o que reduzca la espera de un estudio de meses a días. Algo que muchas veces puede separarnos de la vida o la muerte, pero que fue ignorado por la nueva gestión neo conservadora.

Aumento de impuestos y despidos

Tras esa primera medida, el segundo paso fue inaugurar su gestión con un enorme aumento en el impuesto por Alumbrado, Barrido y Limpieza que había asegurado en su campaña que no tocaría. Se ganó así una buena porción de antipatía de parte de sus propios votantes, que debieron haber creído en esa afirmación ahora traicionada.

Esta medida fue otra pésima noticia para los porteños antes y después de año nuevo, pero su impacto fue opacado por la espectacularidad con la que anunció una primera ola de despidos de empleados municipales. El Jefe de Gobierno argumentó que se trataba de empleados que no iban a trabajar, pero las razones se fueron disipando en la medida que esos presuntos “ñoquis” salieron a la calle.

La medida de ajuste logró lo que la dirigencia sindical no pudo en años: salir juntos a repudiar los despidos. Fue una primera pisada sobre un gran hormiguero y ante el repudio generalizado, la respuesta del nuevo gobierno fue redoblar la apuesta y así intervino la obra social de los municipales que, como parecen demostrar varias auditorías e investigaciones, era una fuente de recepción de dinero que luego se destinaba a fines oscuros porque por cierto, no se utilizaron para mejorar los servicios a los afiliados.

De esta manera Macri ocupó la escena política con una clara embestida contra uno de los sectores mas cuestionados por la sociedad, como es el sindicalismo. Desde hace tiempo, las sospechas sobre un presunto desmanejo en las obras sociales por parte de varios gremios importantes están instaladas en el imaginario del electorado.

De contradicción en contradicción



Pero en este caso, más allá de los graves errores políticos cometidos por un gremio tan polémico y conservador como el sindicato conducido por Amadeo Genta y Patricio Datarmini, la movida de Macri demuestra que los únicos reflejos que posee son propios de un empresario. Así reaccionan los gerentes cuando una medida de fuerza los desafía. Macri hizo lo mismo, adelantó sus planes y pateó uno de los hormigueros más grandes de la ciudad.

De hecho, el argumento de la libre opción acaba de derrumbarse luego de que el periodista David Cufré, de Página 12, recordara que "El año pasado, cuando se votó por la libre opción jubilatoria, el bloque de diputados de Macri intentó mantener cautivos a la gente en las AFJP: al momento de votar, el bloque de diputados de Macri fue el único que votó en contra. Ahora, Macri, como jefe de gobierno porteño, es quien habla de la libre opción para las obras sociales y dice que los municipales deben tener la libertad de elegir la asistencia de salud. La verdad, no se entiende la postura de Macri, es algo contradictoria."

Pero las contradicciones no son solo patrimonio del macrismo. En el seno del naciente arco opositor porteño también sucedieron. De hecho, aunque muchos consideraban que la intervención de la maltrecha Obra Social porteña era cuestión de tiempo, la medida cosechó el reconocimiento de algunos sectores críticos del macrismo. Al respecto, el matutino citado, pero esta vez en la pluma del periodista Raúl Dellatorre, recordó un dato que puede servir para aclarar la profundidad del conflicto: La “desregulación” y la “libre opción” nacen con una ley de Menem pensada para desmantelar el sistema solidario de salud sindical a principio de los ’90.

Su objetivo era capturar la crema del negocio, es decir la afiliación de los empleados de sueldos altos, a través de la tercerización de obras sociales en favor de empresas de medicina prepaga que compraban el gerenciamiento de las mismas a dirigentes sindicales dispuestos a escuchar ofertas. De eso, hubo y sigue habiendo mucho.

Como el sistema de control de obras sociales fue, en el mejor de los casos, ineficiente -en el peor, cómplice-, estas fachadas de obras sociales operaron sacándole el máximo jugo al negocio: buena hotelería para internaciones, prestaciones básicas pero con buen marketing, “venta” de servicios extra a los afiliados (pagos de diferenciales por planes más amplios) y traslado al “fondo de reintegros” del Sistema Nacional de Salud de los costos de las prestaciones de “alta complejidad”. Del otro lado del río quedaban las obras sociales “pobres”, con afiliados pauperizados, de salud quebrada y por lo tanto más demandantes. Conclusión: la solidaridad quedó partida al medio.”

Y el periodista concluye: ¿No hay razones históricas para sospechar que a este modelo apunta Macri con “su” desregulación de la Obsba? Incluso circulan versiones de que está en formación una nueva “obra social de profesionales” para absorber a los “liberados” de más alta remuneración. Está claro que Patricio Datarmini (titular de la Obsba, secretario general de Sutecba y mano derecha de Amadeo Genta) no es el mejor ejemplo de democracia sindical y solidaridad de clase.

Pero ningún desaguisado en el manejo de la obra social justifica levantar las banderas de la “desregulación” por quienes han luchado contra las injusticias del neoliberalismo de los ’90. Para derrotar a Datarmini, Macri no es necesariamente el camino. Ni la “libre opción” la puerta “democrática” de salida cuando la elección se plantea en un mercado de salud dominado y controlado por grandes capitales y dirigentes sindicales asociados.”

Impresiones iniciales



Sin embargo, la medida de intervención a la obra social resultó tan letal para los sindicalistas conservadores cuestionados, que tras días de tires y aflojes, distintas fuentes indican que el sindicato aceptará sin chistar una primera ola de más de 2500 despidos a cambio de que la obra social no sea completamente intervenida. La puntada final la dio la ex progresista Elisa Carrió, cuyos diputados locales dieron los votos necesarios para que el legislativo comunal diera vía libre para la intervención, que hasta entonces había sido frenada por una resolución judicial.

Macri buscó y logró ubicarse como referente de la oposición a partir de su gestión en la Ciudad, e intentó mostrarse firme e indeclinable. Pero al interior de su fuerza en formación, se discuten dos estrategias sobre la proyección política a nivel nacional del nuevo dirigente derechista.

Un sector propone que Macri comience a construir una fuerza nacional que consolide una alternativa de poder al kirchnerismo. Del otro lado, los más duros sostienen que el ex presidente de Boca Juniors debe gobernar y, con eso basta y sobra, para que sea observado como un referente y para que se encolumne detrás de su sombra la oposición. Hasta el momento, parece primar la “real politik” de la gestión, una prueba palmaria de que el discurso progresista que había articulado para atravesar su techo electoral, fue solo el mismo recurso con el que Menem ganó las elecciones en 1989 e hizo todo lo contrario durante toda una década.

Pero la construcción partidaria le reclama mejores oficios. Hasta ahora no parece haber logrado siquiera cohesionar a su propia tropa, con enfrentamientos internos que varias veces lo llevaron, antes y después de las elecciones, a sufrir el riesgo de la soledad en el poder. Pero eso no es todo, tiene al gobierno nacional en contra, ya que es considerado un potencial adversario político en futuras elecciones nacionales, y con el poder que ha logrado acumular el kirchnerismo, se puede suponer que se le hará la vida lo más difícil posible.

Pero por ahora faltan señales para confirmar que los esfuerzos buscarán cohesionar una fuerza política y social de oposición que vaya más allá de los intereses de la Casa Rosada. Por lo pronto, las voces de la calle no pueden ocultar su malestar y eso en verano, es un mal presagio para el primer año del nuevo gobierno neo conservador de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

La industria farmacéutica, feliz

El macrismo se opuso a la creación de un laboratorio estatal




El jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó la ley que creaba un laboratorio estatal para proveer de medicamentos al sector público. Una nueva traba para que el derecho a la salud sea una realidad para todos los porteños.

Por Martina Noailles
Para la Cooperativa de Editores de Publicaciones EBC

Aunque para la industria farmacéutica constituyen una mercancía, no hay duda de que los medicamentos son un bien social. La dimensión económica que los instala -como lo hace con tantas otras cosas- como un bien de mercado, obstaculiza el derecho de todas las personas a acceder a ellos y muchas veces (muchas, demasiadas) condena a muerte a vidas que están fuera del siniestro juego de la oferta y la demanda.

En la Ciudad de Buenos Aires, un gran porcentaje de la población no cuenta con cobertura médica. Hace algunos meses, durante la campaña a jefe de Gobierno, Mauricio Macri prometió implementar políticas para mejorar la salud pública de los habitantes del suelo porteño. A tres semanas de asumir su cargo, el empresario utilizó su poder de veto como si defendiera intereses privados.

La ley que Macri se negó a promulgar creaba el Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos, una excelente herramienta para proveer de remedios al sector público y garantizar, así, la accesibilidad a los sectores más desprotegidos.

La ley 2566 se había aprobado el 29 de noviembre durante una de las últimas sesiones de la vieja Legislatura y el mismo día que los diputados porteños otorgaron superpoderes al jefe de Gobierno para contratar obras por hasta 150 millones de pesos en escuelas públicas, sin pasar por los mecanismos habituales de control.

Si bien el proyecto de crear un laboratorio público en la ciudad venía siendo impulsado desde hace años por distintos legisladores, su tratamiento siempre había sido boicoteado. Cuando finalmente la iniciativa llegó al recinto, parecieron verse otra vez esas trabas: la ley debió votarse en particular cuatro veces por un presunto mal funcionamiento del sistema electrónico de votación.

El resultado final fue 22 a 21, con la votación positiva del kirchnerismo, la Coalición Cívica y la izquierda, y la oposición del macrismo, cuyos legisladores respaldaron un dictamen de minoría que restringía los alcances del futuro laboratorio a la elaboración de los medicamentos llamados “huérfanos”, es decir, aquellos que no son desarrollados por la industria farmacéutica por su baja rentabilidad. Nada de perturbarles el negocio.

Las razones

Toda ley cuenta con 10 días hábiles para que el jefe de Gobierno la promulgue o la vete. En caso de no hacerlo, la norma queda promulgada automáticamente. En este caso el plazo se cumplía el 2 de enero y fue exactamente ése día a última hora que Macri firmó el decreto 2135 de veto total.

La única explicación de esta decisión la dio, dos días después, el vocero del ministro de Salud Jorge Lemus quien argumentó que “el veto se debió a que la Legislatura decidió crear el laboratorio sin contemplar que no se había incluido la partida necesaria en el presupuesto 2008”. El vocero no supo responder porqué se recurrió al veto total sin antes barajar otras variantes que no frenaran de lleno la creación del laboratorio.

En cuanto al financiamiento, la ley establecía que el laboratorio no sólo recibiría fondos del presupuesto del Gobierno porteño, sino que también contaría con recursos propios del comercio de especialidades medicinales producidas, donaciones de particulares o instituciones, e ingresos de prestaciones, docencia e investigación.

“La Ciudad debe garantizar el acceso a los medicamentos de toda la población. Su objeto no sólo debe ser la elaboración de las llamadas drogas "huérfanas" sino también la fabricación, a menor costo, de algunas drogas esenciales que puedan abastecer la red hospitalaria pública y neutralizar potenciales maniobras oligopólicas”, señaló a la Cooperativa EBC la ex legisladora del Frente para la Victoria Ana María Suppa, quien junto a su compañera de bloque Beatriz Baltroc habían impulsado la ley como vicepresidentas primera y segunda de la comisión de salud.

Al conocer la noticia del veto, Suppa opinó que “Macri declama preocupación por la salud pero estas palabras no se corresponden con las decisiones que está tomando. Lo que comprueba que carece de sensibilidad social, algo fundamental para quien gobierna porque la salud es una inversión y no un gasto”.

La importancia de un laboratorio público

La ley que vetó Macri otorgaba al laboratorio la función de “desarrollar, elaborar, fraccionar, controlar y asegurar la calidad y comercialización de drogas y medicamentos para la atención primaria y hospitalaria del sector estatal, así como la capacitación de recursos humanos, la investigación y desarrollo en estos campos”. Y establecía que debía producir no sólo medicamentos huérfanos sino otros “que se consideren básicos o imprescindibles para atender los problemas de salud de los sectores más desprotegidos”.En una situación como la crisis de 2001, por ejemplo, el laboratorio hubiera tenido un rol decisivo para producir remedios en medio del desabastecimiento.

El médico sanitarista y director del Hospital Argerich Donato Spaccavento destacó el valor de que la ciudad cuente con un laboratorio de esas características. “La salud es un derecho humano. Muchas personas enfermas por falta de recursos eligen dar de comer a sus hijos en lugar de comprar medicamentos. Por eso es esencial que el Estado se haga cargo de una canasta de 100 medicamentos que se distribuyan a través de los programas nacionales”, sostuvo y aclaró que “la Ciudad tiene los recursos tecnológicos y humanos para hacerlo”.

En Argentina existen 37 laboratorios de producción de medicamentos estatales en funcionamiento, mayormente dedicados al abastecimiento local (ver recuadro). Estos laboratorios públicos producen en su mayoría fármacos de uso masivo, “medicamentos básicos esenciales” de tipo ambulatorio para utilizase principalmente en la Atención Primaria de la Salud, tanto de Unidades Sanitarias como de Farmacias Hospitalarias que resuelven nada menos que entre el 80 y el 85 por ciento de las necesidades de la población.

Para tener una idea comparativa, los 9 laboratorios hoy habilitados por la Anmat tienen capacidad de producir más de 700 millones de unidades por año, lo que representa aproximadamente el doble de todo lo que provee anualmente el Plan Remediar.

En la Ciudad de Buenos Aires funciona un laboratorio similar, modelo que según la ley vetada hubiera servido de base para el frustrado nuevo ámbito de producción.

El Taller Protegido Número 4, dependiente de Salud Mental, produce en un predio del Neuropsiquiátrico Moyano psicofármacos, medicamentos para tuberculosis (el único que lo hace en el país), un 30 por ciento de medicamentos esenciales y drogas huérfanas, como la indicada para el Chagas, que ya no se fabrican en los laboratorios comerciales. De allí salen unos 500 mil comprimidos mensuales de medicamentos que abastecen el sistema hospitalario público.

La paradoja es que funciona en un lugar que no posee las condiciones para que sea habilitado por la Anmat, por lo cual no puede distribuir su producción en otras provincias: debe hacerlo a través del Ministerio de Salud de la Nación. Si la ley se hubiera promulgado, el Taller junto al Laboratorio estatal porteño se hubieran instalado en el Polo Farmacéutico que se construye en Lugano para laboratorios privados.

“Además de crear un laboratorio estatal es importante desarrollar programas de control de calidad. Estas medicinas deben tener las mismas garantías que cualquier droga de laboratorio privado, sino se terminará produciendo medicinas de pobres para pobres”, advierte Spaccavento.

Sería interesante y hasta un deber del flamante jefe de Gobierno explicar a la sociedad por qué vetó una ley que hubiera modificado sustancialmente la situación actual, mejorando la accesibilidad a los medicamentos a los sectores sin cobertura médica, asegurando la calidad de los productos, ahorrando recursos al Estado, propiciando la investigación y el desarrollo en el área farmacéutica, y generando puestos de trabajo y centros de desarrollo en la Ciudad.



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Los laboratorios estatales en el país

Desde septiembre pasado, 21 de los 37 laboratorios estatales que existen en Argentina conformaron la Red Nacional de Laboratorios Públicos Productores de Medicamentos, que agrupa a laboratorios municipales, provinciales y nacionales con el objetivo de promover la investigación y la producción de medicamentos a menor costo que los que se elaboran en laboratorios privados, y también para elaborar aquellos que perdieron interés comercial para las empresas farmacéuticas, simplemente porque se trata de enfermedades de personas de bajo o nulo poder adquisitivo.
La creación del laboratorio estatal en la Ciudad había recibido el apoyo de la Red.

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Denuncian irregularidades en la colonia del Parque Sarmiento



La Defensora del Pueblo de la Ciudad, Graciela Muñiz, reiteró su denuncia sobre las irregularidades encontradas en la colonia de verano del Parque Sarmiento donde informa que se detectó "carencia de insumos médicos, de personal de seguridad, instalaciones eléctricas en mal estado y falta de higiene”.

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, profesora Graciela Muñiz, denunció que se encontraron irregularidades en la colonia de verano del Parque Sarmiento.
Entro otras cosas, en su informe denunció “carencia de insumos médicos, de personal de seguridad, instalaciones eléctricas en mal estado y falta de higiene”.

Además su informe señala " en el sector de discapacidad no había alambrados perimetrales, permitiendo que los discapacitados se contacten con restos de escombros y basura, además de estar habilitada una sola pileta por falta de bombas de desagote y de material de limpieza para las mismas".

Al hacer referencia al consultorio médico, señalo" es una carpa instalada en medio del parque y los profesionales no tienen ventilador ni agua, además de la peligrosa escasez de insumos médicos" y agregó "un niño sufrió un bronco espasmo y no pudo ser atendido porque no había nebulizador."

Dicha denuncia ya había sido realizada por la Defensora adjunta en martes pasado, y la misma fue extensible hacia otras colonias dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando Drago se separó de Urquiza:

Una ordenanza “fantasma” propuso hace 25 años dividir la ciudad en 149 barrios


La insólita norma, que no llegó a tener vigencia, planteaba una nueva división geográfica de la Capital Federal. De haber prosperado, Villa Urquiza, Saavedra, Coghlan, Villa Pueyrredón y Parque Chas hubieran tenido que recortar sus límites para dar lugar a nuevos barrios, entre ellos Drago, Parque Sarmiento y Platense.


Alguna vez Luis María Drago fue, además de una estación ferroviaria, un barrio limitado por Av. de los Incas, Av. Alvarez Thomas, Av. Monroe, Av. Triunvirato, vías del Ferrocarril Mitre, Av. Rómulo A. Naón, Juramento, Estomba, La Pampa y Tronador. Claro que su creación fue efímera, ya que estuvo comprendida en una ordenanza que jamás se instrumentó. Estamos hablando del poco conocido proyecto de dividir la Ciudad de Buenos Aires en 149 barrios bajo la Intendencia Municipal del Dr. Guillermo Del Cioppo. Corrían los primeros días de diciembre de 1982 y la iniciativa duró lo que un suspiro.

Vale la pena recordar los nombres de aquellos barrios: Abasto, Acoyte, Agronomía, Almagro Norte, Almagro Sur, Almirante Brown, Arroyo, Balbastro, Barracas, Barrancas, Beiró, Belgrano, Belgrano A, Belgrano R, Bellas Artes, Boedo, Caballito Norte, Caballito Sur, Casa Amarilla, Catalinas Norte, Catalinas Sur, Catedral, Catedral Norte, Caseros, Cobo, Coghlan, Colegiales, Congreso, Constitución, Comandante Luis Piedrabuena, Comodoro Rivadavia, Chacarita, De la Riestra, De las Fragatas, De las Luces, Del Botánico, Del Cid, Del Hipódromo, Del Museo Saavedra, Del Seminario, Devoto, Devoto Sur, Dorrego, Estación Buenos Aires, Evaristo Carriego, Excursionistas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Ferrocarril Oeste, Flores Este, Flores Oeste, Flores Sur, Floresta, Floresta Sur, Fonrouge, General San Martín, Golf, Hipólito Vieytes, Ingeniero Huergo, La Boca, Lacroze, Las Malvinas, Leandro N. Alem, Liniers, Los Virreyes, Lugano I y II, Luis María Drago...


Luego de hacer una pausa para respirar, continuamos la interminable enumeración: Luis Vernet, Manuela Pedraza, Martín Rodríguez, Mataderos Centro, Mataderos Este, Mataderos Norte, Montserrat, Monte Castro, Montes de Oca, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Pompeya, Nuestra Señora del Valle, Nueva Chicago, Nueva Pompeya, Núñez, Olivera, Once, Pacífico, Palermo, Palermo Chico, Palermo Viejo, Parque Avellaneda, Parque Centenario, Parque Chacabuco, Parque Chas, Parque Lezica, Parque Patricios, Parque Saavedra, Parque Santojanni, Parque Sarmiento, La Paternal, Platense, Plaza Irlanda, Plaza Italia, Plaza Libertad, Plaza Miserere, Primera Junta, Puán, Puente Alsina, Coronel Ramón L. Falcón, Recoleta, Retiro, River, Roca, Sáenz, San Agustín, San Carlos, San Cayetano, San Cristóbal, San Isidro Labrador, San José de Flores, San Lorenzo, San Pedrito, San Pedro, Santa Cruz, Santa Rita, Santa Rosa, San Telmo, San Telmo Viejo, Saturnino Segurola, Tellier, Tte.Gral. Luis J. Dellepiane, Tribunales, Varela, Vélez Sarsfield, Versailles, Villa Crespo-Atlanta, Villa Crespo-Canning, Villa del Parque Centro, Villa del Parque Este, Villa del Parque Oeste, Villa Lugano, Villa Luro Norte, Villa Luro Sur, Villa Luzuriaga, Villa Mitre, Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón, Villa Real, Villa Riachuelo, Villa Soldati y Villa Urquiza.

Sí, aunque usted no lo crea, por unas horas fueron más de cien los barrios porteños, según el mito que popularizó el cantante Alberto Castillo.

Proyecto megalómano

Podemos observar, salvando algunas distancias, el espíritu faraónico que signó al mal llamado Proceso de Reorganización Nacional (en realidad, Proceso de Desorganización Nacional), que se mantuvo en el gobierno del país entre l976 y 1983. Un ejemplo: Osvaldo Cacciatore, intendente municipal anterior a Del Cioppo, “inventó” durante su gestión -siguiendo el ideario sustentado en el libro La ciudad arterial, del Dr. Guillermo Laura, su Secretario de Obras Públicas y Urbanismo- la construcción de siete autopistas en distintas zonas. En verdad, la única que hemos visto terminada es la “25 de Mayo”, que va del Centro al Aeropuerto de Ezeiza. Nosotros conocemos y muy bien la traza de la famosa AU3, que tenía previsto extenderse entre la Av. Gral. Paz y el Puente Alsina, que dejó desde 1980 en Saavedra y Villa Urquiza un desastre edilicio y habitacional insalvable para los distintos gobiernos comunales hasta la fecha.

Veamos ahora cómo surgió la idea de los 149 barrios, que modificaba sustancialmente la Ordenanza 26.607 del 21 de abril de 1972. Esta norma, firmada por el intendente Saturnino Montero Ruiz, que había modificado a su vez la Ordenanza 23.698 del 11 de junio de 1968 dictada por el entonces intendente Manuel Iricibar, planteaba una ciudad de 46 barrios. Aclaremos que desde aquel intento desmesurado de 1982 sigue rigiendo la Ordenanza 26.607, salvo los agregados de los barrios Nº 47 (Puerto Madero) y Nº 48 (Parque Chas). Un número muy lejano a los 149 propuestos por Del Cioppo.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, a través de su Instituto de Arte Americano “Mario J. Buschiazzo”, dirigió una nota fechada 24 de agosto de 1981 en la que proponía un relevamiento de los barrios de Buenos Aires, atendiendo razones de origen y desarrollo urbano. En la edición del 5 de diciembre de 1982, el diario La Nación publicó un artículo titulado “Ahora son 149 los barrios de la Capital” (ver facsímil de página 5), donde el cronista explicaba que una ordenanza de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires establecía que la ciudad quedaría dividida en 149 unidades geográficas.

Esto significaba agregar 103 barrios más, a partir de subdividir los que ya existían. En los considerandos de esa ordenanza “fantasma” se expresaba que “era necesario revisar la delimitación originaria tomando en cuenta las circunstancias de la realidad actual sobre las grandes transformaciones que se han producido en el ámbito urbano”. Certificaba que la Subsecretaría de Planeamiento había realizado los estudios técnicos necesarios, ajustando la división administrativa de la ciudad en sus límites exactos.



Barrios de ficción

De haber prosperado la iniciativa, Villa Urquiza, Saavedra, Coghlan, Villa Pueyrredón y Parque Chas hubieran tenido que recortar sus límites para dar lugar a seis nuevos barrios, según el siguiente detalle:

Coghlan: Tronador, San Francisco de Asís, Quesada, vías del Ferrocarril Mitre, Republiquetas, Zapiola, Roosevelt, Av. del Tejar, Av. Monroe y vías del Ferrocarril Mitre.

Luis María Drago: Av. de los Incas, Av. Alvarez Thomas, Av. Monroe, Av. Triunvirato, vías del Ferrocarril Mitre, Av. Dr. Rómulo Naón, Juramento, Estomba, La Pampa y Tronador.

Del Museo Saavedra: Av. de los Constituyentes, Av. Gral. Paz, Andonaegui, Republiquetas, Av. Triunvirato y Av. Congreso.

General San Martín: Av. Gral. Paz, Av. de los Constituyentes, Av. Albarellos, Bolivia y Ezeiza.

Manuela Pedraza: Vías del Ferrocarril Mitre, Av. Triunvirato, Republiquetas, vías del Ferrocarril Mitre, Quesada, San Francisco de Asís y Tronador.

Parque Chas: Av. de los Constituyentes, La Pampa, Av. Alvarez Thomas y Av. de los Incas.

Parque Saavedra: Vías del Ferrocarril Mitre, Av. Ruiz Huidobro, Pinto, Paroissien, Av. Cabildo y Republiquetas.

Parque Sarmiento: Republiquetas, Andonaegui, Av. Gral. Paz y vías del Ferrocarril Mitre.

Platense: Zapiola, Republiquetas, Cabildo, Av. Monroe, Av. del Tejar y Franklin Roosevelt.

Villa Pueyrredón: Av. Gral. Mosconi, Av. San Martín, Av. Gral. Paz, vías del Ferrocarril Mitre y Av. de los Constituyentes.

Villa Urquiza: Av. de los Constituyentes, Av. Congreso, Av. Triunvirato, Av. Monroe, Av. Alvarez Thomas y La Pampa.



Crónica de un fracaso

Con fecha 13 de diciembre de 1982, el entonces director del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Ramón García Melero, mediante nota Nº 8.253-IHCBA-82 (que originó el Expediente 71.767/82), dio cuenta al subsecretario de Cultura de la Intendencia Municipal, Jorge Caldas Villar, de la información aparecida en los diarios Clarín y La Nación. Le informa que se encuentra en estudio un proyecto de modificación de los límites de los 46 barrios que existen actualmente, con lo que se pasaría a 149.

Continúa la nota del director del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires: “Los barrios, es decir cada una de las partes en que se dividen los pueblos grandes o sus distritos, y los arrabales, que son barrios extramuros o barrios fuera del recinto de la población, tienen su origen en la natural evolución y crecimiento urbano de las ciudades. Su nacimiento y desarrollo posterior, e incluso su escisión y aún desaparición, puede estudiarse a través de la historia, que es quien puede reconstruir mediante la investigación cuáles eran sus límites en las diversas épocas en que se divide la historia de las ciudades”. Agregaba la nota que el Instituto proponía el mantenimiento de la actual división de los 46 barrios, la que podría, no obstante, ser sometida a un profundo estudio por si era necesario efectuar algunas modificaciones.

Asimismo, proponía que si fuera de rigor la división en 149 barrios -y si existiera algún motivo especial para justificar dicha modificación- no se le otorgara el nombre de “barrios” sino el de “sectores”, “circunscripciones” o “polígonos”, con la agregación que surgiera del destino que se deseara otorgar a esta división anunciada. Entre otras consideraciones, la ordenanza “fantasma” agregaba que la delimitación de los barrios, tomando en cuenta sus antecedentes históricos, serviría para atender prioritariamente la configuración espontánea de las comunidades vecinales y conocer mejor las necesidades y aspiraciones de sus componentes, creando una vía de comunicación más estrecha y eficaz entre los vecinos y el gobierno comunal.

Nunca más se supo que sucedió con la iniciativa, que seguramente quedó en el archivo de alguna repartición o, como se suele decirse, “cajoneada” sin remedio.

El caso Drago

El barrio o, mejor dicho, los barrios se fueron creando lentamente alrededor de un templo o de una plaza. Más adelante en el tiempo, nacieron en torno a estaciones de ferrocarril o industrias grandes, como es el caso de los mataderos. En la permanente consulta de libros y mapas se habla de la división parroquial de 1769 (San Nicolás, Socorro, Concepción, Monserrat, Piedad y Catedral). En 1794 el entonces intendente de Policía Martín Boneo solicitó subdividir la ciudad en barrios-cuarteles, que conformaban diferentes números de manzanas. Ya en 1813 se incorporó San Telmo y en 1823 Catedral de dividió en Norte y Sur. En 1830 surgieron Del Pilar y San Miguel, en 1833 Balvanera y así sucesivamente se fueron ampliando las diferentes divisiones, a la par del crecimiento de Buenos Aires.

El profesor Mario Sabugo, autor de numerosas publicaciones sobre la temática barrial, entiende al barrio como una “institución”. O sea, una forma específica de organización comunitaria y luego un “territorio”. Es decir un determinado lugar poblado y construido por sus habitantes, según entiende Vicente Cútolo en Historia de los barrios de Buenos Aires (1996). “Vivir en la ciudad es vivir en un barrio. La ciudad aparece poco menos que como una abstracción y el sitio concreto en que se vive es el barrio”, dicen Liliana Barela y Mario Sabugo en El libro del barrio. Teorías y definiciones, (2004).

Ya ven, amigos, que hemos caminado de un lado al otro pero nuestro comienzo y final es el barrio que aún no es: Luis María Drago. Observemos que posee casi todos los atributos necesarios para serlo: la estación de ferrocarril, instituciones como la sede universitaria de la UBA, trozos de importantes avenidas, comercios de todo tipo y, lo más importante de todo, sus habitantes, que hace tiempo que reclaman por su autonomía. “Para nosotros Villa Urquiza termina en Alvarez Thomas”, ilustra Alejandro Liska, presidente de la Asociación de Vecinos de Luis María Drago.

Agradecemos la importante colaboración de la Dirección General del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
Periodico El Barrio