Macri supo enarbolar la lucha contra el delito como su bandera más preciada. Ahora, su política de seguridad puede ser la tumba
La escena transcurría en el despacho principal de Bolívar 1. Mauricio Macri estaba absorto en la lectura de una hoja que sostenía entre sus dedos. Y su guía espiritual, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, le susurró al oído:
–Tu imagen está intacta.
En ese instante, un funcionario se permitió una humorada: “Si a Mauricio le diagnosticaran una enfermedad venérea, en vez de tomar penicilina ordenaría una encuesta”. La broma no fue festejada.
Lo cierto es que el mandatario porteño aún creía que la reapertura del Teatro Colón lo había catapultado a la gloria. Sin embargo, por esas mismas horas la Defensoría del Pueblo de la Ciudad anunciaba que investigará los motivos por los que el gobierno macrista cedió los derechos de transmisión a una emisora privada, mientras el arco opositor daba forma en la Legislatura a un pedido de informes al respecto. Ello sólo fue el comienzo de una semana calamitosa para el heredero de Don Franco. Horas después, su figura sería vapuleada durante una audiencia pública en el Tribunal Superior de Justicia, a raíz de una causa por “conflicto de poderes” iniciada con su propia denunciacontra los jueces que se opusieron a la designación como presidenta de ese mismo tribunal de la cuestionada fiscal Daniela Bruna Ugolini. En paralelo, la Sala VI de la Cámara del Crimen anulaba el sobreseimiento de Macri en una causa penal por haber direccionado la licitación del mobiliario urbano para beneficiar a una empresa amiga (ver recuadro). A ello se le agregaría el lapidario rechazo del juez federal Norberto Oyarbide a la recusación presentada por el ex presidente de Boca en la causa del espionaje telefónico. Tanto es así que no dudó en responsabilizarlo de “querer contaminar la investigación” mediante los dichos del ex senador entrerriano y fugaz subjefe de la Side, Héctor Maya, quien, a raíz de un supuesto encuentro con Oyarbide, le atribuyó la siguiente frase: “A Mauricio me lo llevo puesto”. La maniobra –tal como adelantó Miradas al Sur el domingo pasado– fue urdida por Miguel Ángel Toma y contó con la colaboración del prestigioso animador Jorge Rial, en cuyo programa radial se difundió el embuste.
Semejantes circunstancias coinciden con la efeméride más preciada del calendario macrista: los primeros cuatro meses de la Policía Metropolitana en la calle. Ello, más que un logro organizativo, es casi un milagro celestial. Y no sólo por el alud de contratiempos que atravesó la gestación de la criatura –la renuncia de su primer jefe, el encarcelamiento de éste, la eyección de su sucesor por el affaire de las escuchas, sin soslayar las supuestas irregularidades en la compra de equipos– sino porque, además, la Mazorca de Macri pudo sobrevivir a su debut sin cosechar víctimas fatales ni haber incurrido en otras desgracias.
Sin embargo, en sus entrañas late una bomba de tiempo.
El monje negro. No hay demasiada información acerca de los resultados de la Metropolitana en su guerra contra el crimen. Su usina de prensa sólo deslizó unas 68 detenciones –un promedio de 17 por mes–, sin especificar fechas, lugares ni situaciones. Se sabe, en cambio, que un patrullero de esa fuerza sufrió el robo de sus ruedas traseras, y que tal delito aún no fue esclarecido. Lo cierto es que los efectivos en actividad de la agencia policial porteña –alrededor de 500, por ahora– circunscriben su accionar en unas pocas calles de la Comuna 12 –barrios de Villa Urquiza, Saavedra, Villa Pueyrredón y Coghlan–, únicamente para intervenir en infracciones de carácter contravencional, como ser la alteración del orden público o la ocupación ilegal de una propiedad. Por ello, sus blancos no son peligrosos malvivientes sino simples alborotadores, vendedores ambulantes, indigentes, ebrios e insanos.
Pese a ello, el jefe de la flamante milicia, Eugenio Burzaco, diría en una entrevista radial: “Hay que tratar de trabajar en un modelo de seguridad distinto, más preventivo, con tecnología para entender cual es la dinámica del delito; salir a buscarlo, y no estar corriendo siempre atrás de los problemas”.
En ello ya trabajan sus oficiales.
De hecho, en el campus del Instituto Superior de Seguridad Pública ya se entrena un grupo de choque que reemplazaría a la ya fenecida Ucep en el desalojo violento de cirujas y crotos que pernoctan a cielo abierto. Las enseñanzas están a cargo del comisario retirado de la Federal, Héctor Oscar Morosi. El Chino –tal como lo llaman en el mundillo policial– integró en sus años mozos la peligrosísima Dirección de Investigaciones Políticas Antidemocráticas (Dipa), una de las ramas de Coordinación Federal. Su desembarco en la Metropolitana fue obra del segundo de Burzaco, el superintendente Héctor Barúa.
En los pasillos de la Metropolitana se dice que, mientras el ex diputado se encarga del aspecto protocolar de la fuerza, es Barúa quien en realidad se ocupa de regir su destino.
Aún sin estar formalmente designado, ese sujeto con fama de ciclotímico y autoritario ocupa el sillón que dejó vacante Osvaldo Chamorro. El Turco –tal como lo llaman sus acólitos– es un gran aficionado a las mesas de poker y está ligado a Jorge Fino Palacios a través de un inquebrantable lazo de camaradería y amistad. Barúa, que se retiró de la Federal en 1999, fue hombre de confianza de los ex jefes policiales Horacio Varela y Baltasar García. Ocupó la Superintendencia de Personal, después de haber pasado por las áreas de Comisarías, Inteligencia, Administración y Ayudantía de la Jefatura de la Federal. Además, es un próspero empresario en el rubro de la seguridad. En el pasado fue accionista de la desaparecida empresa Piscis Seguridad SRL y, en la actualidad, se lo vincula a la agencia Serpico SA, continuadora de Piscis en el horóscopo de la vigilancia privada. Pero no son los signos del zodíaco sino el azar lo que ha determinado su crecimiento patrimonial. Sérpico provee seguridad a varios bingos y salas de juego como National Game (Bingo Congreso), la Unión Transitoria de Agentes SA (Bingo Flores), Lamartine SA (Bingo Belgrano), Royal Ascot (Agencia Hípica) y Argenbingo (Bingo Familiar), entre otras. La idea de colocar agencias de seguridad “amigas” en lugares claves es ahora una suerte de política de Estado. Aunque no puede decirse que ello sea un hallazgo de Burzaco sino que fue parte de la estrategia de Palacios para obtener información. En todo caso, la originalidad del actual jefe de la Metropolitana consiste en apostar al juego como prenda de paz entre su fuerza y la Federal. En tal sentido, Barúa no es precisamente un cuatro de copas, sino que como todo buen jugador tiene varios ases en la manga. Además de su conocida afición por las mesas de felpa verde, Barúa también es un hombre de buen comer: tiene –a través de su esposa– participación societaria en cuatro restaurantes de Puerto Madero: Sorrento, Puerto Cristal, Portofino y El Porteño. Sin dudas, a Barúa le ha sonreído la fortuna; ahora le sonríe Burzaco.
Alegre milicia de hombres armados. En el plano comercial, no le va a la zaga el próspero superintendente de Comunicaciones, Eduardo Martino, quien –como se sabe– ha sido denunciado en la Legislatura por “ejercer actividades privadas incompatibles con la función pública”, a raíz de que, en paralelo a su trabajo policial, regentea su propia agencia de seguridad, Alesa SA., además de administrar un balneario en Miramar, del cual también es dueño. Pero a la vez tiene el mérito de haber volcado su destreza para los negocios en beneficio de la Metropolitana. Tan es así que –según una fuente del Ministerio de Seguridad– ha sido el factotum de importantes compras de equipos y acuerdos adjudicatorios como la de las comunicaciones troncales por unos 10 millones de dólares, a través del ya clásico sistema de compra directa. Cabe destacar que Martino fue eyectado de la Policía Federal por enriquecimiento ilícito, en la famosa purga de 2004, junto con muchos otros comisarios cercanos al Fino; entre ellos, Alberto Insúa.
Éste, además de ser –con el grado de comisionado general– el segundo de Martino en Comunicaciones, es su socio en la esfera privada. En tal sentido, trascendió un negocio en el que Barúa tampoco es ajeno: brindar a las agencias del ramo, a través de un módico cánon, un servicio de conexión con el sistema de alarmas de la Metropolitana.
En el staff de dicha fuerza también descuella otro ex federal –y otrora socio de Martino– también echado en 2004 por enriquecimiento ilícito; se trata de Héctor Oscar Sanguinetti, quien –según una misiva enviada a la Defensoría porteña por la llamada Comisión de Inspectores y Comisionados de la Policía Metropolitana– durante la dictadura habría integrado la Superintendencia de Seguridad Federal –el brazo represivo de la policía–, prestando, siendo, incluso, enviado a prestar servicios “en comisión” al Batallón 601. Su llegada a la Metropolitana, en donde obtuvo grado de comisionado mayor, se debe nada menos que a los buenos oficios de Barúa.
Lo cierto es que, a casi nueve meses de la caída del Fino, el influyente Turco ha nutrido la segunda línea de la Metropolitana con oficiales afines a su persona, quienes conviven en idílica armonía con los sobrevivientes de la línea Palacios.
El ya mencionado Morosi es uno de ellos. Otro, un tal Chicota Vázquez, quien en sus días en la Federal se encargaba –según una fuente de la Comisión de Inspectores y Comisionados– a la loable tarea de recaudar las cajas del juego clandestino y la prostitución. No es descabellado suponer que en su nuevo trabajo hará lo mismo, y quizás en ello lo secunde un viejo conocido suyo, el ex comisario Cóppola, oportunamente procesado por trapisondas cometidad cuando era el titular de la comisaría 12. Hace unos días, se lo vio salir sonriente del despacho de Barúa. Otro golden boy convocado por el jugador de poker es el ex comisario Ricardo Cajal, a punto de convertirse en comisionado mayor de la Metropolitana. Se trata de un viejo pájaro de cuentas, cuyas tareas recaudatorias se circunscribían a los saunas, a los peajes que solían tributarle los habitantes de edificios ocupados en juridicción de la comisaría 2, desde donde, además, reclutaba bandas de escruchantes que actuaban en edificios de la zona. El entonces juez Luis Cevasco lo procesaría por ello. Éstos son algunos de los cuadros policiales de la fuerza de seguridad más nueva del país.
Al respecto, Burzaco fue elocuente: “El avance del crimen organizado va transformando el panorama delictivo. Sobre ello tenemos que actuar con rapidez”.
Si él lo dice....
