Edgardo Depetri

“El fallo de la Corte fortalece a los sectores dentro del Gobierno que quieren avanzar en la democracia sindical. El Ministerio de Trabajo no tiene más excusas para no hacer avanzar el expediente y que salga el decreto que habilite la personería de la CTA. Se busca defender el derecho del trabajador a que se respete el fuero sindical (cualquiera sea su organización) y le da la razón a la CTA y más de 2500 sindicatos que están simplemente inscriptos y que no tienen la legalidad del ministerio”.


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Una puerta hacia el pluralismo sindical

LA CORTE SUPREMA FALLO A FAVOR DE LA ELECCION DE DELEGADOS DE SINDICATOS SIN PERSONERIA GREMIAL


El Tribunal declaró inconstitucional el artículo 41 de la ley de asociaciones sindicales, que permitía ser delegados sólo a quienes pertenecieran a un sindicato con personería. El fallo abrió un debate sobre sus alcances.



Por Laura Vales

Con un fallo que cuestiona la representación gremial monopólica, la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo 41 de la ley de asociaciones sindicales, que permitía ser delegados sólo a quienes estuvieran afiliados a sindicatos con personería gremial. El máximo tribunal sostuvo que este artículo de la ley es “una limitación innecesaria en una sociedad democrática” y agregó que la libertad gremial implica que los trabajadores “tienen derecho a constituir sindicatos sin autorización previa”. El fallo se refiere sólo a la elección de delegados, pero lo hace defendiendo el principio de pluralismo sindical y valorizando la representación directa, con lo que le serrucha el piso al modelo de la CGT de un único sindicato por actividad.

La resolución abre una puerta para que la CTA avance con el reclamo de un cambio en el modelo sindical que permita la pluralidad de gremios. Más allá de la pelea entre la CGT y la CTA, tendrá un efecto en los lugares de trabajo, porque permite que los trabajadores elijan delegados sin pasar por el control de las cúpulas sindicales. Según estadísticas oficiales, en los lugares de trabajo hoy prácticamente no hay vida gremial: en el 83,7 por ciento de las empresas no existen delegados. El dato fue obtenido por el Ministerio de Trabajo tras un relevamiento en el 2005, se considera que desde entonces el panorama no tuvo grandes variaciones.

El fallo de la Corte fue dictado en un conflicto ocurrido cuando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE, integrante de la CTA) llamó a elección de delegados del personal civil del Estado Mayor del Ejército y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El sindicato mayoritario del sector, la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armada (Pecifa, de la CGT), se opuso y planteó que sólo él tenía atribuciones para convocar a elecciones por contar con la personería gremial.

Tanto el Ministerio de Trabajo como la Justicia –con un fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo– le habían dado la razón a Pecifa. Para esto, tuvieron en cuenta que la ley de asociaciones sindicales dispone que para ser delegado se requiere “estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por esta”. Tras recibir ese fallo adverso, ATE llevó el caso a la Corte Suprema. Su argumento central fue que la Constitución nacional, así como los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina, reconocen el derecho a una organización sindical libre y democrática.

En el actual modelo sindical, el Estado otorga personería gremial sólo al sindicato con mayor números de afiliados. Si un sector de trabajadores, disconforme con su sindicato, quiere organizarse por afuera no tiene prohibido hacerlo: reunidos ciertos requisitos, el Estado da un reconocimiento de menor jerarquía, como “sindicato simplemente inscripto”. El sindicato libremente inscripto no queda en iguales condiciones que los que obtienen la personería gremial: sus representantes no tienen fueros gremiales que los protejan de un despido, por lo que no pueden, por ejemplo, convocar a medidas de fuerza. No están legitimados para participar en las discusiones salariales o de convenios colectivos de trabajo, y aunque pueden cobrar una cuota sindical, no pueden implementar el descuento por planilla para que el aporte se descuente automáticamente de los sueldos.

Como parte de este paquete, los sindicatos con personería gremial también tenían lo que la Corte Suprema acaba de declarar inconstitucional, la prerrogativa de llamar a elecciones de delegados y la exigencia de que los candidatos estuvieran afiliados.

Pablo Michelli, secretario general de ATE, explicó las consecuencias que el artículo 41 de la ley tenía en la práctica: “En la planta de la Ford de Pacheco hace dos años llamamos a elecciones. Fue electo delegado Guillermo Carreras; cuando la empresa se enteró, lo echó. Como no estaba reconocido, no pudimos reincorporarlo. El que entra a la Ford no tiene más remedio que afiliarse a Smata”.

Este modelo de sindicato único rige en el sector privado. Para los trabajadores del Estado, el Gobierno ha ido ampliando la libertad de agremiación (el caso que trata este fallo es sobre una repartición del Estado, pero ocurrió con anterioridad a estos cambios); la ampliación de la libertad sindical ha tenido entre sus consecuencias un fenómeno sobre el que advierte la CGT: la multiplicación al infinito de los gremios. El

caso de los docentes de la ciudad de Buenos Aires, que hoy tienen diecisiete sindicatos, es un ejemplo. Para la central sindical de Hugo Moyano, este modelo debilita el poder de negociación de los trabajadores.

Héctor Recalde, abogado de la CGT, lo graficaba ayer en estos términos: “Pensemos en una fábrica que tenga diez sindicatos simplemente incriptos, donde cualquiera pueda ser delegado y se formen diez comisiones internas... Sería caótico, y poco útil para los trabajadores. Fragmentar la representación gremial debilita”. El titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, hizo un vaticinio negro: “Va a volver la figura del capataz con rango de protección sindical”, y se lamentó: “Para la justicia social, hoy es un día desafortunado”.

Desde los sectores gremiales que no están ni con la CGT ni la CTA, como el cuerpo de delegados del subte, la resolución de la Corte fue valorada. “Es un paso muy positivo. Recordemos que en las elecciones de delegados votan todos los trabajadores, no sólo los afiliados, y eso no puede ser patrimonio de tal o cual sindicato”, opinó Beto Pianelli.

El fallo de la Corte fue aprobado por unanimidad con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Carmen Argibay no votó. En sus fundamentos, los ministros hicieron hincapié en la libertad de asociarse reconocida por la Constitución y los tratados internacionales. También destacó las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta es la primera vez que la Corte, en su actual integración, trata el tema. En el máximo tribunal ayer advertían que el fallo no descalifica al régimen sindical en su conjunto, sino sólo uno de sus aspectos. “Aun así, el fallo abre una puerta muy grande hacia otros cambios, porque modifica el principio con que se organiza el sistema: en lugar del monopolio, se auspicia el pluralismo.”

El modelo en cuestión

Por Mario Wainfeld

La Corte Suprema, por unanimidad y con fundamento compartido por todos sus integrantes, dictó una sentencia de enormes proyecciones legales y políticas. El caso que la detona es, en comparación, pequeño y su origen remoto. Se trata de una elección de delegados del personal civil de las Fuerzas Armadas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) quiso presentar candidatos, se opuso Pecifa, el sindicato reconocido en el sector. El Ministerio de Trabajo convalidó la postura del gremio mayoritario, ATE recurrió a la Justicia laboral, recorrió todas las instancias. El trámite se tomó sus años (más de un lustro), ATE perdió en Cámara, sus apoderados recurrieron a la Corte.

Ahora el Tribunal decide la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Asociaciones Profesionales. Invoca dos pilares legales. El primero es la libertad de agremiación establecida en el artículo 14 bis de la Constitución, que garantiza a los trabajadores “asociación sindical libre y democrática”. El segundo son las normas de la Organización de Trabajo (OIT), tratados internacionales que el Tribunal considera imperativos para la Argentina. Es la primera vez que les reconoce ese peso, parental con el que tienen los tratados de Costa Rica en derechos humanos.

La argumentación del fallo concuerda con la de sucesivas presentaciones de la CTA ante la OIT, eslabonadas (y mejoradas) en diez largos años.

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¿Y la personería? La sentencia sorprendió a los funcionarios del Gobierno, tanto como a la dirigencia de la CTA y la CGT. Ninguno esperaba que el prolongado debate sobre los reclamos de la Central alternativa encontrara este atajo para pegar un salto cualitativo hacia delante.

Nadie lo confirmará en la Corte pero es imaginable que el expediente no fue elegido al azar. La presencia de uno de los sindicatos-enseña de la CTA resultaría demasiada casualidad. Hay un toque de simbolismo en la presencia de ATE en el juicio, patentizada en su carátula.

El tema dará para análisis más serenos y profundos. A primera vista, puede insinuarse que la Corte zanja el debate sobre el reconocimiento a la personería gremial de la CTA, ya que es evidente que esa petición es congruente con la orientación del fallo. Pero el entuerto queda pendiente, lo que les pasa la pelota a los otros poderes del Estado y a las centrales gremiales.

La brega de la CTA, ya se comentó, tiene más de diez años. Ganó volumen nacional e internacional con el correr del tiempo. El kirchnerismo, como parte de su rica relación con la CTA, le fue reconociendo espacios institucionales antes vedados: integrar el Consejo del Salario, tener banca en el Directorio del PAMI. Pero mantuvo demorada la decisión administrativa sobre el reconocimiento de la personería. Al interior del Ejecutivo, Alberto Fernández y Carlos Tomada fueron constantes partidarios del reconocimiento, Julio De Vido un persistente opositor. En algo coincidían todos: no lo veían como un dictamen legal (“la biblioteca está dividida”, suponían), sino como una decisión política, que debían asumir los sucesivos presidentes.

En el cálculo de éstos siempre fue un contrapeso grande el imaginable enfrentamiento de la CGT, rápidamente vertido ayer. Además, Néstor Kirchner siempre “jugó” sus movidas leyendo los vaivenes de su relación con la CTA. Al final de su mandato, en el primer nivel del oficialismo se daba por hecho que la hora estaba llegando, aunque no se sabía quién pondría la rúbrica: si el presidente en retirada o la Presidenta flamante. Se calculaba que si el reconocimiento llegaba al final del período de Kirchner, se le ahorraría a Cristina Fernández el chubasco cegetista. Otros imaginaban que el cambio, al fin y al cabo un avance institucional, se dejaría (para su lustre) en manos de la Presidenta. Las movilizaciones de la CTA en Santa Cruz durante 2007 malhumoraron a los Kirchner sobremanera: en represalia enfriaron el proyecto, que siguió pendiente en Trabajo.

Desde hace varios meses, coinciden altos protagonistas de la CTA y del Ejecutivo, Carlos Tomada tiene en carpeta dos propuestas alternativas, ambas redactadas por Carlos Zannini, para someter al designio de la Presidenta. La expresión “en carpeta” es bien textual: Tomada contaba con una azul con vivos blancos, dotada de dos carátulas: en cada una de ellas había una propuesta, ambas significaban un avance de las reivindicaciones de la CTA. La primera era el reconocimiento de la personería, la bandera tradicional. La segunda evitaba el punto pero lo suplía vastamente: ampliaba la tutela a las asociaciones gremiales alternativas o minoritarias, a sus dirigentes y a sus representantes. Les reconocía dos derechos, en buena medida instalados ya de hecho: recolectar contribuciones por planilla (descontadas de los salarios) y la protección contra despidos para sus dirigentes fundadores y para los miembros de su comisión directiva. Pero agregaba la posibilidad de designar candidatos a delegados, dotados de todas las garantías legales. En confidencia, tanto cuadros de la CTA como del Gobierno concordaban: el primer proyecto era el de más peso simbólico. El segundo el que expandía más la frontera de los derechos. El fallo ATE, ya se comentó, tiene más que ver con éste que con aquél. Pega en el núcleo mismo del esquema gremial: la representación directa, no las organizaciones de segundo o tercer grado.

El compromiso del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, durante el conflicto por las retenciones móviles, y el apoyo unánime de toda la Central en la reforma jubilatoria habían mejorado la posición relativa de la CTA en la Casa Rosada y en Olivos. En tiempos recientes se volvió a chimentar que alguno de los decretos de la doble carpeta azul vería la luz. Pero, se supo ayer, el oficialismo dejó pasar la chance de ser el promotor de una medida innovadora, así fuera la menos impactante.

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El futuro es ahora, Cuando el tiempo jugaba a su favor, era moneda corriente en el Gobierno ironizar: “Demorar el reconocimiento es hacerle un favor a la CTA, ése es su único factor de unidad. Si la obtienen, no cambiará nada en materia de afiliación sindical y aumentarán sus internas”. Desde la CTA replican al segundo argumento que las asimetrías en afiliación son tributarias de las desiguales facultades de los gremios. Los mayoritarios concentran poder y recursos. Es lógico que, a la hora de elegir, los trabajadores se inclinen por quienes tienen más recursos económicos y legales. La relación entre trabajadores y sindicatos es pragmática por naturaleza. La lógica de la voluntad del trabajador puede cambiar si hay mayor equivalencia en las potestades de los sindicatos o los delegados.

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OIT mortales. La concentración de facultades en la entidad más representativa es el núcleo del peculiar sistema sindical argentino. El Tribunal aclara los tantos: esa distinción no es, per se, antiigualitaria o antidemocrática. Como recordó la Comisión de Expertos de la OIT al Estado argentino, “la mayor representatividad no debería implicar para el sindicato que la obtiene privilegios que excedan de una prioridad en materia de representación en las negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades y en la designación de los delegados ante los organismos internacionales”. El Tribunal se vale de la cita, la hace suya. En un tramo de sus “considerandos”, la Corte trasciende el caso y aun la demanda de ATE. Es cuando asevera que la posibilidad de ser electo delegado no debe quedar restringida a quien integra algún gremio, así fuera minoritario. ATE, un sindicato con personería reconocida, no solicitó tanto, simplemente porque no tenía necesidad ni legitimidad procesal para hacerlo en Tribunales. Esa incursión de los cortesanos más allá de los límites de la cuestión que les fue sometida es lo que en jerga judicial se llama un “obiter dictum”, un fundamento que no tiene el peso de la sentencia (que se constriñe al expediente). Pero constituye una señal firme del criterio extensivo del Tribunal.

Para el sistema legal argentino, una sentencia sólo se aplica al caso analizado. No “deroga” el artículo fulminado con la inconstitucionalidad. Es más, el fallo no es vinculante para ningún tribunal, ni se aplica mecánicamente en otros litigios. Pero cuando la Corte se pronuncia enunciando reglas generales, es evidente que el mensaje propende a ir más allá. El Tribunal ha decretado la inconstitucionalidad de un aspecto central de la Ley de Asociaciones Profesionales, condicionará la jurisprudencia futura.

La plena aplicabilidad de las normas de la OIT al derecho doméstico también excede largamente los límites del expediente. La Corte clava una pica en Flandes y les abre a la puerta a futuros reclamos contra la concentración de facultades en los sindicatos con personería. La sentencia no lo indica, como sí lo hizo el fallo Badaro, que indujo la ley de jubilaciones móviles, pero el equilibrio institucional impulsa a un debate del modelo sindical.

El Gobierno deberá maquinar si le conviene ponerse a la cabeza de esa reforma o si espera las demandas y los planteos que vendrán (en Tribunales y en el Congreso), que pueden poner en crisis su propia coalición. Esta hora será de reflexión en la Rosada, que erró cuando creyó tener pleno control de la situación y poder diferirla a su guisa.

Para la CTA son éstas horas de júbilo, celebrando un progreso construido en años de constante movilización democrática y de tenaces reclamos por las vías institucionales. Pelearon cuando estaban a la defensiva, en dolorosa minoría. Con cartas ganadoras sobre la mesa, está dado que irán por más.

mwainfeld@pagina12.com.ar

Realineamientos

UNA SALIDA PROGRESISTA A LA CRISIS



El gobierno nacional deja atrás las peores consecuencias políticas de la derrota por las retenciones móviles y al mismo tiempo encara una salida progresista de la crisis económica. El realineamiento que esto ha producido no tiene expresión electoral, pero realza el rol del Congreso, donde se concretan las alianzas políticas que el kirchnerismo imaginó en sus primeros tiempos.


Por Horacio Verbitsky

A cuatro meses del fracaso para establecer el régimen de retenciones móviles el gobierno nacional ha superado buena parte de las consecuencias políticas de aquella derrota. El Senado aprobó el presupuesto 2009 y Diputados reformó el sistema previsional con mayorías tan amplias que se acercaron a los dos tercios de los votos. Al mismo tiempo ha encaminado la defensa de la economía argentina frente a la gravísima crisis internacional con medidas que implican una salida progresista frente a las dificultades externas. También lo eran las retenciones móviles, cuya capacidad de previsión ha quedado demostrada con largueza en los últimos cien días, pero ahora le ha sumado la eficacia política que le faltó entonces. Así está aventando al mismo tiempo el fantasma de la ingobernabilidad y el temor a la inestabilidad económica. Esto no significa que la mayor hecatombe de las finanzas que haya conocido cualquier ser humano viviente que tenga menos de 85 años y la recesión global en ciernes que se anuncia como la más grave desde que concluyó la Segunda Guerra Mundial pasarán de largo sin daños. Pero serán menores a lo que ocurrió en las últimas décadas con las crisis financieras mexicana y asiática y en comparación con lo que podría suceder si el gobierno estuviera en manos de cualquiera de los líderes argentinos de los últimos cincuenta años o de los que aspiran a serlo.

No es en absoluto una casualidad que el sistema de capitalización ideado para los ancianos de Subamérica por el Banco Mundial agonice y muera en el mismo momento en que la quiebra clamorosa de la ingeniería financiera especulativa de la que fue exponente permite la elección para la presidencia del mundo de un outsider como el senador Barack Hussein Obama, lo cual abre perspectivas interesantes para la Argentina, cuyos gobiernos de Néstor Kirchner y CFK fueron los primeros y los más radicales en cuestionar el funcionamiento del sistema surgido en 1944 en Bretton Woods. La votación del jueves comenzó a desactivar la bomba de tiempo que dejó el neoliberalismo en su retirada. Con el sistema que la semana próxima será derogado nadie cobraría por capitalización individual más que por el sistema de reparto y las mujeres estaban condenadas a cobrar menos que los hombres porque las tablas de cálculo financiero penalizaban la mayor expectativa de vida femenina.


Bloques

Como efecto no buscado pero consecuente con estas definiciones se asiste a un realineamiento político en los términos que el gobierno planteó en sus primeros años, no como la emergencia de nuevas coaliciones electorales sino como acuerdos en el Congreso, la sede de la soberanía popular que durante la presidencia de CFK ha adquirido un rol cada vez más determinante, con una calidad de funcionamiento que sólo de mala fe se puede negar. Quienes prefieren llamarlo la escribanía del gobierno o fruncir el ceño por el nivel de algunas intervenciones harían bien en ver u oír alguna sesión del más antiguo y prestigioso parlamento del mundo, donde los jefes de las bancadas se llaman látigos y tienen facultades para separar del bloque a aquellos legisladores que se oponen a las decisiones del partido por el que fueron electos. Sólo el pintoresco cruce entre María América González y Patricia Bullrich se aproximó a la intensidad de los debates en Westminster.

El Frente para la Victoria emerge de esta coyuntura como el eje organizador de una amplia coalición que se extiende hacia la izquierda, abarcadora del socialismo, el SI, el Encuentro Social y Popular, los radicales del Consenso Federal y los monobloques de Miguel Bonasso y Claudio Lozano. Para lograrlo aceptó una negociación política en la que introdujo varias modificaciones al proyecto del Poder Ejecutivo. Las más importantes:

- Inclusión en su texto del consejo consultivo del Fondo de Sustentabilidad de la ANSES, que ya administra casi 25.000 millones de pesos. Lo integrarán representantes de los jubilados y pensionados, de la CGT y la CTA, de la Cámara de la Construcción, de la Unión Industrial y de las Cámaras de bancos.

- Reglamentación legal sobre el destino de los fondos. Como no se trata de dinero sino de posiciones de las AFJP, se respetó el reglamento vigente para no crear un desbarajuste a las empresas nacionales en las que se invirtieron. En cambio se prohibieron las inversiones en el exterior.

- Los fondos sólo podrán destinarse al pago de los beneficios previsionales. El excedente se invertirá en la economía real, en procura de un círculo virtuoso, creador de empleo y sustentabilidad del propio sistema.

- Se garantizará el empleo a los trabajadores de las AFJP.

Lo que queda de la UCR, la Coalición Cívica Libertadora y el Pro macrista asumen un sesgo de centro derecha cada vez mejor definido. Esto tampoco implica que vayan a coincidir en alguna boleta electoral. Por el contrario, no es imposible que en el próximo turno vuelvan a reunirse al menos en Santa Fe las fuerzas que responden a Elisa Carrió y a Rubén Giustiniani, pero cuando se trata de decidir sobre cuestiones de fondo, el apego de los socialistas a sus principios históricos limita el zigzagueo oportunista de la chaqueña, que sigue el dictado de otras voces. Su afirmación de que los fondos previsionales caerán en manos de una banda de ladrones hace descender al nivel de una letrina el debate político y agravia no sólo al gobierno sino al conjunto del electorado. No es una paradoja menor que al mismo tiempo el kirchnerismo se encierre en el círculo más reducido del justicialismo tradicional y en el cierre de listas bonaerenses no haya dejado espacios provinciales a quienes llegaron el año pasado por medio de las colectoras, como los intendentes del conurbano Francisco Gutiérrez, Darío Díaz Pérez y Darío Giustozzi, limitados a competir ahora por la conducción justicialista de sus respectivos municipios, mientras los barones del conurbano, como Mario Ishii, Raúl Othacehe o Alberto Descalzo consolidan su control del aparato apolítico, aideológico y amoral que construyeron bajo el duhaldismo hoy en disolución. La construcción de un sistema político menos contradictorio sigue siendo un horizonte lejano.


Ideologías

Esta descripción de la realidad resultará sin duda chocante a quienes consumen y reproducen las representaciones ideológicas de las alarmadas clases dominantes, que van desde las lamentaciones por la propiedad privada y la seguridad jurídica de la Cámara de Comercio Argentino Estadounidense, la Asociación Católica de Dirigentes de Empresas, la Unión Industrial o la Asociación Empresaria AEA, hasta los clamores de la Coalición Cívica Libertadora por un presunto saqueo o los vaticinios de derrumbe del gobierno en las columnas políticas de La Nación. En un caso son advertencias amenazadoras y en otro expresión de deseos desvinculada de cualquier objetividad. Todos ellos preferirían respuestas a la crisis parecidas a la del gobierno menguante de George W. Bush, que echó mano a los fondos públicos para auxiliar a las entidades financieras y también a ciertas empresas industriales, mientras se rematan las viviendas de trabajadores y pequeños empresarios. Aquí, en cambio, el gobierno asume su responsabilidad como garante de última instancia de los ingresos de los más vulnerables y su principal inquietud es reducir al mínimo la destrucción de empleos. Hasta un analista tan liberal como Natalio Botana reconoció “lo que este gobierno ha hecho en materia previsional, sobre todo en relación con el haber mínimo”, en una columna disonante con las habituales de La Nación. Para decirlo con más precisión, habría que retrotraerse a 1955, cuando el derrocamiento de Juan D. Perón puso las cajas jubilatorias en las ávidas manos de gobiernos menos incapaces que indiferentes a la suerte de los trabajadores activos y, con más razón, retirados. La idea del saqueo que intenta instalarse desde esas trincheras es indigna de la calidad intelectual de algun@s de sus emisores y no soporta el cotejo con la realidad. Lo mismo vale para la presunta afectación de la propiedad privada, el desconocimiento de la seguridad jurídica, la intangibilidad de los recursos, la afectación del mercado de capitales o el apuro con que se trató la ley.

- La seguridad jurídica. El sistema creado durante la primera presidencia de Carlos Menem por su ministro de Economía Domingo Cavallo tuvo el mismo origen que su derogación ahora: una ley del Congreso. Pero mientras aquel régimen contrariaba las disposiciones constitucionales votadas por unanimidad en la Convención de 1957, éste las realiza. La incorporación de los trabajadores al sistema de capitalización no fue voluntaria, ya que para permanecer en el de reparto era necesario formularlo por escrito en un lapso fulminante. Luego del reclutamiento inicial la fuente de incorporación de ocho de cada diez afiliados a las gerenciadoras privadas fueron los denominados indecisos. El único derecho adquirido de los trabajadores es la percepción de un haber digno en el momento de la jubilación. Los catorce años transcurridos desde la creación de las primeras administradoras muestran que ninguna de ellas está en condiciones de satisfacerlo. El Estado debió acudir para subsanar esta incapacidad, tanto mediante el otorgamiento de una prestación a quienes por falta de empleo estable o de aportes suficientes no tenían ninguna, como mediante el pago de un suplemento a los mínimos provistos por las entidades financieras. Al desarmar el andamiaje financiero que pesaba sobre los recursos previsionales todos los jubilados mejorarán sus ingresos.

- La propiedad privada. Durante los tres lustros de vigencia del sistema que el Senado terminará de modificar esta semana las AFJP manejaron los fondos propiedad de los trabajadores como si fueran propios. Cobraron por la administración de este mercado cautivo comisiones extravagantes, incomparables con las que sus bancos accionistas perciben por la gestión de las cajas de ahorro o las cuentas corrientes voluntarias. Incluso obtuvieron un decreto del gobierno de la Alianza que les permitió entrar a los fondos individuales para cobrarse las comisiones cuando sus titulares no tenían ingresos sobre los cuales aportar. Los beneficios por comisiones superaron los veinte mil millones de pesos, a pesar de que las inversiones que realizaron con esos fondos no fueron las mejores. Durante los años en que el criterio de egoísmo intergeneracional de Cavallo redujo los aportes de los trabajadores del 11 al 5 por ciento, la mitad de esos aportes se fueron en comisiones. En el promedio de vida del sistema ascendieron a un tercio de los aportes. Recién cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto de reforma al Congreso las empresas gerenciadoras ofrecieron reducirlas en forma sustancial, tardío pero categórico reconocimiento de la práctica abusiva con que lucraron a expensas de sus empobrecidos clientes.

- La intangibilidad. Este reclamo de pura demagogia tiene alto impacto entre las personas que menos conocen de cuestiones económicas. Su aplicación estricta implicaría guardar todos los billetes aportados en una caja de seguridad, que recién se abriría en el momento de la jubilación de cada titular. Ni siquiera con la ayuda del INDEC/Moreno se evitaría la depreciación de esos recursos. Aplicar esos fondos a inversiones productivas es parte de un círculo virtuoso creador de riqueza y empleo, que la oposición demoniza como un robo.

- El mercado de capitales. La creación del sistema privado y la rebaja de las contribuciones patronales desfinanciaron al Estado, que fue el principal tomador de fondos a interés de las AFJP. Nunca el Estado fue tan bobo. Cedió ingresos propios que administraba a bajo costo y para cubrir el déficit subsecuente tomó esos mismos recursos en préstamo a altas tasas. Según los años, de cada 10 pesos recaudados entre 6 y 8 pesos se prestaron al Estado. Las empresas dicen que lo hicieron obligadas por el Estado, pero nunca se las oyó reclamar con la energía que ponen ahora. Otras colocaciones fueron realizadas en el exterior, sin tomar recaudos que impidieran situaciones expropiatorias como las que plantea ahora la justicia de Nueva York, que ha congelado fondos de los jubilados argentinos para pagar a los especuladores que invirtieron en los denominados fondos buitre.

- El apuro. La oposición empresarial, política y periodística señala que un sistema de previsión social no puede modificarse de apuro, sino como consecuencia de una larga deliberación en la que todas las opiniones sean escuchadas. Este razonamiento, admisible en tiempos normales, no soporta el análisis en situaciones de catástrofe como las que atraviesa hoy el mundo. Menos tiempo necesitó Henry Paulson para negarse a socorrer a Lehman Brothers, con lo que precipitó la corrida, y el Congreso de los Estados Unidos para tratar el programa de rescate de los bancos por 700.000 millones de dólares. Qué la respuesta rápida se considere meritoria en un caso y no en otro sólo depende de quiénes son los beneficiarios en cada uno. Por otra parte, la discusión acerca del sistema jubilatorio no llevó un mes, sino quince años, desde que el menemismo abrió esa caja de Pandora.

Una mayoría a favor del cambio

UNA ENCUESTA MUESTRA APOYO AL SISTEMA ESTATAL




Seis de cada diez argentinos consideran que la jubilación privada implementada en los años ’90 fue pensada como un negocio. También seis de cada diez argentinos aseguran que, puestos a elegir entre el proyecto de reestatización del sistema jubilatorio y la subsistencia de las AFJP, prefieren el traspaso al Estado. Estas son algunas de las conclusiones que arrojó una encuesta realizada por la consultora CEOP en la primera semana de noviembre. El sondeo también refleja el grado de confianza que genera el proyecto oficial de pase al Estado de los fondos administrados por las AFJP. El mayor nivel de dudas lo despierta el cálculo del valor de la jubilación, mientras que la confianza está motivada por la creación de una comisión plural que controle los fondos aportados.

El estudio de CEOP fue realizado a través de la consultas telefónicas, con un cuestionario estructurado y a partir de una muestra de mil personas, lo que da un margen de error de +/- 3,16 por ciento. Las personas consultadas habitan en la región metropolitana, las principales ciudades del país, el NOA, el NEA y dos ciudades de la Patagonia. La primera pregunta de la encuesta apunta a la decisión de reestatizar los fondos de las AFJP. Según las respuestas, el 62,1 por ciento de la población manifestó estar de acuerdo con el proyecto del Gobierno mientras que el 29,4 dijo estar de acuerdo con el proyecto de la oposición. Porcentajes casi iguales arrojó la pregunta sobre la jubilación privada: un 63,3 por ciento dijo que se trató de un negocio, mientras que el 31,3 la consideró un beneficio para los jubilados (ver gráficos).

Una de las preguntas mostró un importante reconocimiento a la política jubilatoria de la Presidenta y su esposo. El 61,1 por ciento de los consultados reconoció que los gobiernos de CFK y Néstor Kirchner se ocuparon especialmente de los jubilados, mientras que el 36,8 rechazó esa afirmación. El sondeo aporta más matices cuando se propone reflejar las confianzas, dudas y desconfianzas que generan algunas disposiciones del proyecto de reestatización. Allí se manifestaron altos porcentajes de dudas y desconfianza. Cuando se preguntó por la forma en que se calcularán los valores de la jubilación, el 51,2 por ciento de los consultados manifestó tener “duda” mientras que el 24,4 directamente reconoció tener “desconfianza”. Sólo expresó su “confianza” el 20,5 por ciento.En relación a cuál será el destino de los fondos de las AFJP, el 48,8 por ciento afirmó tener “desconfianza” mientras que el 30,6 reconoció que tenía “dudas”. La “confianza” fue del 19,3 por ciento.

El único ítem que despertó porcentajes más o menos equivalentes fue la creación de una comisión, integrada por oficialismo, oposición y otros actores sociales, para controlar el manejo de los fondos. Las respuestas fueron más parejas: el 36,2 dijo que la medida le generaba “confianza”, el 35,5 por ciento afirmó tener “duda” y un 26 por ciento aseguró directamente tener “desconfianza”.

Historia de ausencias

LOS FALTAZOS DE GABRIELA MICHETTI A LA LEGISLATURA



No estuvo en 40 de 43 sesiones del cuerpo que preside. Tampoco pidió licencia. El macrista Diego Santilli es quien ejerce de hecho su función.

Por Gustavo Veiga

Entre los hechos y el discurso suele mediar un abismo. Gabriela Michetti, la vicejefa de Gobierno porteño, ha estado ausente en 40 de las 43 sesiones de la Legislatura que se realizaron entre el 13 de diciembre de 2007 y el 6 de noviembre pasado, cuando se desarrolló la última. Páginai12 averiguó que no presentó un pedido de licencia ante el cuerpo y que sus reiteradas faltas fueron cuestionadas por los diputados de la oposición en el recinto. En declaraciones recientes, la segunda autoridad de la ciudad de Buenos Aires declaró que se había privado de ciertos placeres domésticos desde que inició su tarea en el edificio del ex Concejo Deliberante. “Me hubiese gustado no dejar de cocinar. Hasta que empecé en la Legislatura, el 90 por ciento de las cenas las hacía yo. También perdí juntarme con amigas a tomar un café y charlar un rato”, le dijo la semana pasada a la revista Viva.

En el reglamento de la Legislatura dice que la función del presidente o presidenta “es ejercida por el Vicejefe o la Vicejefa de Gobierno, quien la representa, conduce los debates, tiene iniciativa legislativa y vota en caso de empate”. La Constitución de la ciudad, en su artículo 71, expresa otro tanto. Michetti sólo cumplió con sus tareas legislativas el 13 de diciembre, el 1° de marzo y el 10 de abril. Durante un breve lapso de la primera sesión ordinaria y a cuatro días de haber accedido al gobierno junto a Mauricio Macri, se presentó así ante 48 de los 60 diputados presentes: “Como presidenta de este cuerpo legislativo es para mí un honor y una gran alegría darles la bienvenida a todos los diputados en el día de hoy”. A continuación afirmó: “Tengo un deseo muy profundo, y es que realmente podamos trabajar en buenas relaciones, teniendo como guía de nuestras acciones algo que, creo, todos tenemos en el corazón: la intención de trabajar por nuestros vecinos, representarlos lo mejor posible y encontrar los proyectos, las acciones y las actividades que eleven la calidad de vida de todos nosotros, para hacer una ciudad más amigable, feliz y contenedora. En verdad, aspiro a que nuestras acciones lleven a igualar las oportunidades para todos”.

Michetti, según se desprende de su primera y breve intervención en la Legislatura en once meses, instó a los diputados a que “nuestras conversaciones y discusiones se realicen en ese marco, y no en el de una vocación destructiva o de pelea sin sentido”. De inmediato, dejó en la conducción de la sesión a Diego Santilli. Dos veces más se presentaría en el recinto la máxima autoridad legislativa a lo largo de 31 sesiones ordinarias, siete extraordinarias y cinco especiales en lo que va de 2008. En la mayoría de estas jornadas a las que no concurrió, se votaron temas cruciales para la gestión que encabeza con Macri como la Policía Metropolitana o la reasignación de partidas presupuestarias para aumentarles el sueldo a los maestros. Tampoco estuvo cuando realizó su informe Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete de Macri.

Los diputados Patricia Walsh, de Nueva Izquierda; Martín Hourest, de Igualdad Social; Eduardo Epszteyn y Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires, entre otros, pidieron explicaciones en el recinto sobre los faltazos sin obtener respuesta. Para este último, “Michetti y Macri son como De la Rúa; productos vacíos de un buen publicista. Y los sobresueldos del jefe de gobierno a sus funcionarios son una burla igual que el salario que cobra Michetti por haber ido tres veces a la Legislatura”.

En septiembre pasado, fuentes cercanas a la vicejefa de Gobierno habían salido al cruce de las acusaciones que ya se le hacían por sus reiteradas ausencias. “No es como en el Senado, que el vicepresidente de la Nación tiene que conducir el debate: acá lo que se hizo fue vaciar de contenido el cargo de vicejefe, y para conformarlo, dejarle también la posibilidad de que presida las sesiones, pero de ninguna manera ella está obligada.”

La decisión de la vicejefa de gobierno de no asistir al 98,71 por ciento de las sesiones que produjo el cuerpo podría rastrearse también en su tarea como legisladora PRO. A juzgar por sus declaraciones periodísticas, la pasó muy mal en sus cuatro años como diputada porteña. “Lloré día por medio o todos los días cuando llegaba a casa...” Y sobre todo durante los primeros meses, a los que definió como “dramáticos”. Confesó que en la Legislatura vivía en tensión permanente y recibiendo cada intervención de sus adversarios políticos como una agresión.

Michetti delegó en Diego Santilli, el jefe de la bancada PRO, las tareas que debería haber cumplido cuando ganó las elecciones del 2007: entre otras, llamar a los diputados al recinto y abrir las sesiones; dirigir las discusiones legislativas; proponer las votaciones y proclamar su resultado; integrar la Comisión de Labor Parlamentaria; citar a sesiones ordinarias, extraordinarias y especiales; presentar a consideración de la Legislatura el presupuesto de gastos de ésta y requerir a los secretarios de la Legislatura, y a los demás funcionarios, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en general, hacer observar la constitución nacional, la constitución de la ciudad de Buenos Aires y el reglamento de la Legislatura porteña.

EL EX AGENTE JULIO CIRINO INTEGRA UNA FUNDACION VINCULADA AL MACRISMO

Un represor en círculos PRO

Se trata de la Fundación PensAR. Entre sus miembros figuran los diputados macristas Eugenio Burzaco, Esteban Bullrich y Federico Pinedo. También, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el rabino Sergio Bergman.


Por Diego Martínez

Veinte años después de haber encabezado un grupo de tareas del Batallón de Inteligencia 601, cargo desde el que visitaba centros clandestinos con misiones que podrá explicar ante la Justicia, Julio Alberto Cirino se convirtió en un prolífico disertante sobre los temas que lo obsesionan: seguridad y terrorismo. Su pericia lo llevó a integrar centros de estudios y fundaciones de dudosa existencia. La más conocida, por haber nutrido de cuadros al PRO del jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri, es la Fundación PensAR, que dirige Jorge Triaca (h). A excepción de los diputados nacionales Eugenio Burzaco y Esteban Bullrich, vicepresidente y vocal, el resto de los funcionarios y legisladores PRO que integran PensAR dijeron no conocer al represor que se presenta como director del área de Relaciones Internacionales y Seguridad Regional.

PensAR trabaja en pro de “una Argentina próspera, republicana e integrada al mundo”, representa en el país a la española Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales y se autodefine como “aliada indiscutible de la democracia y el estado de derecho”. En la portada de su sitio aparecen sonrientes Mauricio Macri y el ex jefe de gobierno español José María Aznar, durante el seminario “Nuevas generaciones de líderes de América latina” que coorganizaron en marzo pasado. Su presidente es Gerardo Bongiovanni, que al mismo tiempo preside la Fundación Libertad, que en marzo reunió en Rosario a próceres del liberalismo mundial con la esperanza blanca Macri.

Según los anuarios de PensAR, Cirino recibió en su nombre al embajador de Colombia, participó de un seminario sobre “Delincuencia, minoridad y violencia en Mar del Plata”, de un panel de “seguridad” junto a Burzaco y Juan Carlos Blumberg, y otro sobre “Areas urbanas fuera de control: la experiencia de Río de Janeiro” junto al fiscal general porteño Germán Garavano. Los informes del área que dirige pueden leerse en pensar-internacional1-blogspot.com, en el que figuran como responsables “JC” (ayer figuraban sólo sus iniciales) y María Benedicta Giaquinto. La última nota firmada por Cirino como director data del 17 de enero y se titula “Colombia: el drama de los que siguen secuestrados”, tema que aún lo obsesiona, ahora al costado del mostrador.

En otra nota se pregunta “Quién controla la calle en la Argentina”. Y responde: grupos piqueteros, cartoneros y criminales. El gobierno “perdió el control de la calle”, aunque gracias a un “excelente manejo de prensa” sólo trascienden hechos “imposibles de ocultar a la opinión pública”. “El Estado no puede o no quiere defenderlo, y si usted se defiende por su cuenta le pondremos preso y tiraremos la llave”, lamenta. “La actividad criminal genera aumentos directos e indirectos en los niveles de pobreza a indigencia”, nunca lo contrario. La misma nota con otro título, “¿Por qué represión no es una mala palabra?”, figura en el sitio de la Fundación Atlas, que publica varios de sus artículos. En 2005 compara “una Argentina que vaga por el mundo sin rumbo cierto, sin valores claros que valga la pena defender”, con palabras de George Bush, “un estadista para un mundo que aspira a la libertad”. Ese mismo año se pregunta indignado: “¿Cómo es posible que un gobierno que hace desastre tras desastre, que avanza sin sutilezas sobre la libertad individual, que anula el Parlamento y la Justicia, no genere un movimiento de rechazo?”.

“PensAR no depende de ninguna estructura política partidaria”, según su sitio, aunque ha hecho aportes significativos al PRO. Su vicepresidente Eugenio Burzaco y sus vocales Cynthia Hotton, Esteban Bullrich, Julián Obiglio y Federico Pinedo son diputados nacionales. Son vocales el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los ministros de Hacienda, Néstor Grindetti, y de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. También son vocales el rabino Sergio Bergman, que reemplazó el “libertad” del himno por “seguridad” durante un acto de Blumberg, y el presidente del grupo Pampa Sur, Miguel Saredi. El director ejecutivo es Jorge Triaca, hijo del sindicalista y ministro menemista socio del Jockey Club.

Sólo dos miembros de FundAR admitieron haber conocido a Cirino y aseguraron ignorar su pasado. La mayoría admitió que la relación con la fundación es esporádica. “La noticia me deja helado”, reconoció Burzaco. “Lo vi en algunos seminarios, sé que se dedica a temas internacionales y tiene un programa de radio, pero en la Fundación no tiene un rol operativo”, explicó. Bullrich lo recordaba de dos charlas, “una sobre terrorismo en Colombia, que dio con una persona de la embajada de Estados Unidos”. Sabía de su paso por Washington pero se sorprendió al conocer su pasado. “No conozco el caso pero soy partidario de que la Justicia actúe. La gente que mató o torturó tiene que estar en una cárcel”, afirmó. Rodríguez Larreta y Grindetti dijeron no haber escuchado nunca su nombre. Por el shabat fue imposible consultar ayer a Bergman. Triaca está en México en un evento organizado por el ex presidente Vicente Fox. Saredi admitió tener “amigos” en FundAR, aunque dijo ignorar que figuraba como vocal. Agradeció la información sobre Cirino. “Lindo muchacho”, resumió.

En 1979, con el nombre de cobertura Jorge Contreras, Cirino se explayó ante en la embajada de Estados Unidos sobre los engranajes del Estado terrorista. Advirtió que los desaparecidos no iban a aparecer y admitió que habían matado a personas sin vínculos con organizaciones armadas sólo para evitar que pudieran reconocer a personas como él. La verdadera identidad de Contreras, denunciada por la Secretaría de Derechos Humanos, derivó el viernes en la detención del Gordo Cirino, que se entregó sin chistar, se negó a declarar ante el juez federal Ariel Lijo y fue trasladado al penal de Marcos Paz junto a Etchecolatz, Von Wernich & Cía.

Luego de cinco años como hombre de la SIDE en la embajada argentina en Washington, Cirino machacó sobre sus especialidades con los rótulos de periodista, historiador, analista, cientista político y docente, entre otros pergaminos. Habló como director de la agencia Notiar y presidente del “Centro de Estudios Hemisféricos Alexis de Tocqueville”. Del “centro de estudios” no existen más rastros que la chapa. En 2005 Cirino la utilizó para hablar en la Universidad de Belgrano sobre “la situación interna en Cuba y los desafíos de la comunidad democrática internacional”. En septiembre compartió con el ex canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el secretario de redacción del diario La Nación, Jorge Elías, un panel en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) sobre las elecciones en Estados Unidos, coordinado por la señora Malú Kikuchi.

Carapintada se busca

Por N. V. y W. P.

Como informó PáginaI12, otro de los asesores del ministro de Justicia Guillermo Montenegro es el ex teniente coronel Carlos Pérez, un hombre muy crítico de cómo se manejó el Ejército desde la llegada de los Kirchner.

Según una versión, Pérez acercó al equipo al ex capitán carapintada Jorge Ferreyra, que fue candidato de Aldo Rico en San Martín por el Modin. Ferreyra había participado en el copamiento de aeroparque en 1988.

En el Ministerio de Justicia, negaron a PáginaI12 que Ferreyra trabaje allí y sostuvieron que, en realidad, lo localizaron como empleado del área de Habilitaciones de la Agencia de Control Gubernamental, que dirige el ex juez Federico Young, conocido por dar conferencias junto a la activista pro represores Cecilia Pando. En la Agencia de Control, alegaron no saber si Ferreyra trabaja en esa área.

BUENOS MUCHACHOS

La cosecha de Macri para formar a sus policías




Por Nora Veiras y Werner Pertot

Los responsables de diseñar la nueva policía de Macri son un ex comisario santafesino echado de la fuerza provincial, un experto en espionaje francés promotor de la mano dura, un ex agente de la SIDE menemista y la mano derecha de Jorge “El Fino” Palacios. Todos, bajo la sombra del delegado del FBI en el país.

LOS ASESORES QUE DISEñAN LA DOCTRINA Y LAS PAUTAS DE INSTRUCCION QUE REGIRAN EN LA FUTURA FUERZA DE SEGURIDAD PORTEñA

Uno fue echado de la policía santafesina. Otro es un ex agente de la SIDE menemista. Y hay un francés que promueve la mano dura. La influencia de Jorge “El Fino” Palacios y el delegado del FBI.

En estos tiempos de crisis, la mano de obra desocupada viene encontrando trabajo más fácil que antes, ahora que se aprobó la creación de una nueva fuerza policial que desplegará el año próximo el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. El líder de PRO está evaluando darle la conducción de la fuerza o de la academia que formará a los cadetes al ex comisario santafesino Víctor Sarnaglia, que fue desplazado de su cargo luego de que un narcotraficante paraguayo se escapara caminando de una comisaría que estaba a su mando.

Además de Sarnaglia, en el equipo de asesores que diseña la doctrina y las pautas de instrucción de los futuros policías porteños están un francés experto en espionaje, Serge Leteur, que no duda en mostrarse a favor de “la mano dura”, y un ex agente de la SIDE en el menemismo, Luis Edgardo Matute. También participa de las reuniones el ex comisario Norberto Ramis, que proviene del riñón de Jorge “El Fino” Palacios. Todos ellos tienen una estrecha relación con el delegado del FBI en la Argentina, William Godoy, que –de esta forma– ejerce un inusual poder de lobby sobre la nueva policía PRO.


Sin gorra santafesinos

Macri fracasó en las negociaciones con el gobierno nacional para conseguir el traspaso de la Policía con los fondos y desde entonces adoptó la astuta estrategia de no aceptar reuniones con el jefe de Gabinete, Sergio Massa. En marzo, activó el plan B: crear una fuerza propia. Hizo el anuncio con bombos y platillos, pero recién consiguió aprobar la ley hace unos días. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia y Seguridad empezó a gastar a cuenta de esa ley: por ejemplo, ya licitó el suntuoso edificio para la academia, que incluye una capilla de 500 m2 para que los futuros agentes puedan recibir los sacramentos. Tras conseguir la aprobación de la ley, en el gobierno porteño prevén un presupuesto de 200 millones de pesos para el año próximo y esperan conseguir que haya unos 600 agentes en las calles.

Impaciente con el tiempo que toma crear una nueva policía, Macri pensó en formar este año un grupo de choque para controlar movilizaciones con policías traídos de distintas provincias. Quizás esa idea –luego descartada– se la acercó uno de los asesores que trabajan con el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro: el ex comisario santafesino Víctor Sarnaglia, a quien evalúan como un posible jefe de la Policía Metropolitana, o bien del Instituto Superior de Formación Policial. “No sé por qué, pero se compraron las huestes de los sin gorra santafesinos”, confiaron en PRO a PáginaI12.

Sarnaglia es un ex comisario mayor de la policía santafesina, que estuvo a cargo de Drogas Peligrosas y de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Su último destino fue como jefe de la Unidad Regional IX de Reconquista. En agosto de 2006, se fugó de la Alcaidía de Reconquista el narcotraficante paraguayo Oscar “King Kong” Cardozo, al que le habían secuestrado cerca de 350 kilos de marihuana. “Se fugó sin ningún acto de violencia, como Pancho por su casa”, graficó en ese momento el ministro de Gobierno santafesino, Roberto Rosúa. El entonces gobernador Jorge Obeid desplazó de inmediato a Sarnaglia e intervino la Unidad Regional IX. Otro de los factores que pesaron en la decisión de Obeid es que el ex comisario también habría estado sospechado por presuntos manejos irregulares, cuando estuvo a cargo de la Oficina Técnica de Verificación, que es la que se ocupa de controlar las licitaciones de la policía santafesina.


Con perfume francés

Otro de los asesores que contrató el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño es el francés Serge Leteur, un especialista en espionaje de la Policía Nacional de Francia. Su frondoso currículum en cuestiones de seguridad e inteligencia comenzó en 1971, cuando ingresó en la Escuela Superior de la Policía Nacional de Francia y siguió meteóricamente hasta que en 1987 llegó a comisario divisional. Leteur se destacó como especialista en inteligencia en delegaciones diplomáticas, como la de Singapur, Perú o la Argentina y escribió diversos papers sobre, por ejemplo, la negociación en la toma de rehenes. Le dio un breve reportaje al diario Los Andes de Mendoza, en el que señaló que en Francia “desde el gobierno se impidió pagar cualquier rescate y con eso le cerraron las puertas al negocio del delincuente”.

También aconsejó que para frenar los secuestros extorsivos siempre es necesario hacerlo “con mano dura”. “(En Francia) se modificaron las leyes y se castigó con más fuerza al delincuente”, detalló el especialista, que en la misma entrevista se mostró contrario a las reformas a la Policía Bonaerense que emprendió León Arslanian y también repudió las iniciativas de desarme de la población civil, como la que se emprendió en la Argentina. “Es una estafa intelectual y dio un resultado negativo. El delincuente no va a entregar su herramienta de trabajo”, consideró. Se mostró más comprensivo, en cambio, con la justicia por mano propia: “Tener en casa un arma para cuando el Estado no cumple me parece razonable”.

Leteur se estableció en la Argentina para vivir aquí con su familia, pero dejó a algunos amigos en Francia. Uno de ellos es Mario “El Churrasco” Sandoval, que también tiene muy buena relación con Palacios y Ramis. Como reveló PáginaI12, Sandoval fue parte de la patota del centro clandestino de detención de Coordinación Federal y actualmente es miembro del Consejo de Defensa del gobierno francés de Nicolas Sarkozy.

Además del experto en inteligencia francés, la gestión PRO incorporó al equipo de asesores a otros espía que vino de Francia, pero que es argentino. Se trata del ex delegado de la SIDE en París durante el menemismo Luis Edgardo Matute. Intimo amigo del ex embajador menemista Archibaldo Lanús –que suele invitarlo a las cenas en su departamento de la Residencia Estrugamou, de las que participa también Juan Bautista “Tata” Yofre–, Matute es hijo de un coronel de la misma promoción del dictador Jorge Rafael Videla y compañero de camada del general Carlos Martínez, que dirigió la SIDE durante parte de la última dictadura.

En su extensa gestión en París, Matute solía recibir al entonces juez Juan José Galeano cuando viajaba a Francia. Con la Alianza, tuvo que volver a la Argentina y le dieron un destino un poco menos glamoroso para el agente menemista acostumbrado al estilo de un bon vivant: Corrientes. Tras su salida de la SIDE, Lanús consiguió que el jefe de Gobierno Jorge Telerman le diera un lugar en su gestión. Lo ubicó como director de Relaciones Internacionales de la Comuna.

Con Macri, se recicló en el Ministerio de Justicia y Seguridad, en donde tiene a su cargo el mapa del delito porteño. En las reuniones del equipo de asesores, conoció a Leteur y le presentó al Fino Palacios. Por su parte, Palacios le hizo el entre para que conociera al hombre del FBI en la Argentina, William Godoy.


Nuestro hombre en el PRO

Tres asesores que trabajan en la nueva policía tienen algo en común: Sarnaglia, Leteur y Matute son amigos cercanos de William Godoy, al igual que Palacios. De esta forma, consiguió un interesante influjo sobre la fuerza porteña. Godoy es un experto en terrorismo internacional (se ocupaba de la Triple Frontera) que lleva en la Argentina una cantidad de tiempo poco corriente para un agente del FBI en el extranjero. El buró no suele dejarlos más de tres o cuatro años en un mismo país. El agente pasó siete años aquí en los noventa (antes estaba en Uruguay), lo que lo transformó en un poderoso lobbysta de la fuerza estadounidense en la Argentina. Volvió a Estados Unidos en 1998, para regresar a Buenos Aires en 2005. Desde entonces, cultiva las mejores relaciones con el PRO.

Como informó PáginaI12, el principal contacto en el equipo de Macri sigue siendo “El Fino” Palacios, que no suele aparecer por las reuniones del equipo, pero tiene allí a Ramis, un hombre de su confianza. Ambos fueron dados de baja por Néstor Kirchner con poco tiempo de diferencia, luego de que se conociera una grabación en la que Palacios hablaba con el reducidor de autos Jorge Sagorsky, acusado por el fiscal Jorge Sica de ser parte de la banda que mató a Axel Blumberg. En otra charla, Palacios conversaba con su camarada de la Federal Carlos Gallone, condenado por ser uno de los autores de la Masacre de Fátima, en la que represores de la dictadura fusilaron a detenidos-desaparecidos de Coordinación Federal y dinamitaron sus cuerpos.

Palacios fue procesado por la jueza María Servini de Cubría por “homicidio imprudente” en la causa por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001. El Fino no estaba de servicio ese día, pero se acercó “por una cuestión moral”. Luego Palacios mejoró su situación en la causa y Macri le consiguió trabajo como jefe de Seguridad de Boca Juniors.

Mano derecha de Palacios, Ramis entró a la Federal en octubre de 1970 y –en su extensa carrera, que atravesó dos dictaduras– estuvo en el escalafón de inteligencia de la Superintendencia de Investigaciones y por la Dirección de Personal e Instrucción. En los noventa, era conocida su amistad con el comandante de Gendarmería menemista Roberto Puccio, que logró ubicar a su hijo, Maximiliano Puccio, en el Ministerio de Justicia porteño con un sueldo de seis mil pesos.

Depetri: opinión sobre empresarios y despidos

Los empresarios deben ser más solidarios con el pueblo, resignar ganancia y no extorsionar al gobierno.
Comunicado de Prensa

Los empresarios deben ser más solidarios con el pueblo, resignar ganancia y no extorsionar al gobierno.

El diputado Nacional y dirigente de la CTA Edgardo Depetri manifestó hoy ante el debate instalado sobre posibles despidos que “las grandes empresas deben destinar las ganancias acumuladas en estos últimos 5 años de crecimiento de la economía para proteger el salario y el empleo de los trabajadores”.

Y continúo diciendo Depetri “Los empresarios deben ser más solidarios con el pueblo, resignar ganancia y no extorsionar al gobierno”

“Así como se avanza en el fin del sistema de AFJP que estafó a los trabajadores, tenemos que actuar con firmeza con los industriales, las empresas de servicios y el campo para que dejen de privatizar las ganancias y socializar las perdidas que paga cada trabajador” afirmó Depetri

Y concluyó diciendo que “Se debe convocar cuanto antes al Consejo del empleo, la producción y el salario para evaluar la implementación de una norma que prohíba en tiempos de crisis despedir o reducir salarios de los trabajadores” Bs As, 8 de noviembre de 2008

Edgardo Depetri

Debate AFJP- Discurso en la C. de Diputados
La caja y ciertas sospechas

"...Resulta verdaderamente sospechoso que se acuse al oficialismo de intentar generar caja y no se denuncie a los que hicieron caja durante todos estos años y se llevaron nada más y nada menos que 12 mil millones de dólares. Incluso, todavía tienen la pretensión de denunciar por supuesta traición a la Patria, cuando no denunciaron por traición a la Patria a los responsables del genocidio económico y social de la Argentina, que fue el golpe militar de 1976 y después la privatización del sistema previsional..."

06.11.08

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Edgardo Depetri.- Señora presidenta: en verdad quisiera entender por qué quienes hoy votarán por la negativa utilizan argumentos de denuncia para evadir el debate central, estratégico y fundamental que está teniendo no sólo esta Cámara de Diputados. Nosotros sentimos que este debate sobre el rol del Estado en la sociedad argentina trasciende largamente esta Cámara. Además, este debate no es sólo de hoy. Es un error creer que la política únicamente se resuelve en esta Cámara de Diputados de la Nación o meramente con la iniciativa de nuestra presidenta de la Nación, que correctamente ha decidido enviar este proyecto de ley al Congreso de la Nación.

Este proyecto de ley restituye la posibilidad de que el Estado argentino asuma un rol central en uno de los espacios más importantes para definir calidad de vida y sistema previsional universal, para tratar de volver a instalar la idea de la solidaridad. De esa manera una generación de trabajadores tendremos que sostener a otros tantos y terminar con el verdadero escándalo y negociado que fue el sistema de las AFJP.

Resulta verdaderamente sospechoso que se acuse al oficialismo de intentar generar caja y no se denuncie a los que hicieron caja durante todos estos años y se llevaron nada más y nada menos que 12 mil millones de dólares. Incluso, todavía tienen la pretensión de denunciar por supuesta traición a la Patria, cuando no denunciaron por traición a la Patria a los responsables del genocidio económico y social de la Argentina, que fue el golpe militar de 1976 y después la privatización del sistema previsional.

Ahora tienen un discurso que intenta negar el verdadero debate y no blanquear que en realidad los que votarán por la negativa este proyecto están defendiendo los negocios de las AFJP y toda la perversión del sistema previsional de estos últimos catorce años.

Vuelven a no querer debatir el rol del Estado, poniéndolo del lado de las patronales y del sector financiero esta vez, como lo pusieron 120 días atrás en el rol de que debía defender al mercado. Recuerdo que cuando discutíamos que debía intervenir en la economía nacional y capturar renta de los sectores más concentrados para redistribuirla al conjunto de la población en esta Cámara se justificó que el Estado no debía intervenir y tenía que dejar actuar al mercado.

Ni siquiera defendieron el mercado de Florencio Varela o los de La Matanza, Rosario, Capital o Venado Tuerto. Defendieron hasta el mercado de Chicago. El que hoy ustedes defienden es el mercado privado de las AFJP, el de los bancos, el que esquilmó los recursos de nuestros trabajadores y nuestros jubilados.

Llamemos a las cosas por su nombre. Con esta decisión trascendente estamos discutiendo qué mirada tiene cada uno de nosotros, oficialismo y oposición, en relación con los modelos de país y de sociedad en la Argentina que queremos construir.

Esta medida viene a restituir un derecho y a fortalecer una decisión de nuestro gobierno, que no es poner al Estado en función de los intereses de los grupos económicos privados sino de los intereses de los trabajadores y del pueblo argentino. (Aplausos.) Por eso nosotros votaremos con alegría este proyecto de ley.

Por otra parte, es bueno lo que recordó la presidenta del bloque socialista, reclamando a algunos diputados del oficialismo, pero sería bueno que esto también se lo reclamara a los diputados de la oposición porque muchos de ellos no cambiaron el sistema previsional que vino de los 90 sino que por el contrario profundizaron su crisis rebajando los salarios y no discutieron ninguna perspectiva de solución para un tema tan importante.

Para nosotros la aprobación de este proyecto de ley significa seguir restituyendo derechos. El principal derecho que estamos defendiendo no es el sistema previsional universal solidario de reparto. El principal derecho que está defendiendo nuestro gobierno es el empleo, mediante la creación de puestos de trabajo que posibilitan vivir con dignidad.

Este proyecto viene a fortalecer los cuatro millones y medio de puestos de trabajo creados y la recuperación del salario de los trabajadores, tanto del sector público como privado, así como también de los haberes de los jubilados. Pero por sobre todas las cosas, señora presidenta, este proyecto de ley viene a dar la razón a la Confederación General del Trabajo, con Moyano a la cabeza, que junto con la Central de Trabajadores Argetinos y con los jubilados que todos los miércoles dieron testimonio y denunciaron muchas irregularidades y creyeron que otra sociedad y otros tiempos eran posibles en la Argentina.

Gracias, Buzzi

Por Eduardo Aliverti

Sí, el primer sentido de estas líneas es un profundo agradecimiento al amigazo Eduardo Bu-zzi. Pero el fin no es ése, sino valerse de eso para llamar la atención sobre ciertas opiniones y acciones circulantes.

El presidente de la Federación Agraria produjo uno de los sinceramientos más felizmente brutales de que se tenga registro público. Dijo que “la consigna es desgastar a este Gobierno”, y no hay ninguna posibilidad de que no haya medido que lo dicho no trascendería. Lo aseveró en una reunión de productores agropecuarios con cobertura periodística.

Dijo “desgastar”, dijo “erosionar”, dijo “virulencia”. ¿Por qué lo dijo? Porque sabe que tiene que aglutinar la furia de los rentistas rurales pequeños y medianos, so pena de que éstos terminen por no entender cuál fue el negocio de haberse aliado a lo peor de lo peor de la derecha campestre si es que, derrotada la dichosa Resolución 125, acabaron como pato de la boda.

Lo reconoció porque, de toda otra manera, sus bases quedarían sin horizonte de lucha donde volcar su resentimiento. La Rural y Cía. ya los usaron de preservativo, los que se jodieron son ellos, el diablo nunca paga bien y entonces Buzzi sale a doblar la apuesta para conservar consenso. Sin embargo, así la razón no fuese ésa y se tratase de cualquier otra, ¿Buzzi dijo algo que no supiesen los que defendieron y se plegaron a la lucha del “campo”?

¿Qué es lo que tanto molesta de su confesión, como no sea el haber reconocido que el objetivo último de la guerra gaucha era imponer condiciones desde una alianza social de derecha? ¿Qué tiene de malo reconocerlo? ¿Que “desgastar” es asociable a “golpismo”? ¿Y qué suponían que era asociarse para defender intereses individuales y de sector contra la intervención del Estado en la economía, por muy sospechoso que fuere para qué quiere intervenir el kirchnerismo? El golpismo ya no adquiere formas militares, pero la política siempre significa vencer al otro en la administración de los conflictos.

Buzzi lo verbalizó, lo despejó. Puso negro sobre blanco de qué se trata: derrotar al Gobierno porque afecta sus negocios y la negociación ya no tiene sentido porque al Gobierno no le importa. Esto último podrá estar bien o mal y puede deberse a la convicción oficialista o a que es una gestión de improvisados que resuelve qué hace sobre la marcha; pero lo cierto es que hay una parte que no oculta dónde se para y hay otra que, hasta la “confidencia” de Buzzi, decía que su batalla era por la defensa de la Patria.

Y aparece Buzzi y dice no. Dice que es la defensa de ellos, que enfrente hay alguien a quien doblegar y que para someterlo es necesario ratificar el acuerdo con quienes sean, no importa la historia y el olor que desprendan. Qué horror, se espantan sus aliados y simpatizantes sectoriales, políticos y periodísticos. Con todo lo que vivió este país, hablar de “desgastar” a un gobierno constitucional. ¿Se dan cuenta ahora, y no cuando estaban en cadena nacional con un coro uniforme contra la tiranía?

La hipocresía de esa razón tiene su espejo gemelo frente al debate por la reestatización del sistema jubilatorio. El proyecto del Gobierno es o puede ser todo lo desconfiable que se quiera. Hay necesidad de caja para afrontar los vencimientos de deuda; no es un tema que figurase en agenda; lo sacaron de la noche a la mañana en forma desprolija, como casi todas las decisiones que encaran; debieron aceptar varios cambios porque los controles del destino recaudatorio más bien se parecían a un relajo.

Pero nadie, con seriedad y honestidad intelectual, puede oponerse a liquidar el más bochornoso de los negociados que dejaron los ’90. Y tanto es así que algunos de los periodistas y comunicadores, de la derecha más modosita, se animaron a inquirir a referentes de la oposición acerca de si sus sospechas sobre la iniciativa oficial implican defender a las AFJP. Ninguno sabe qué contestar. Se enredan en explicaciones con principio pero sin final, arguyen que es una confiscación de ahorros y reclaman por un gran debate. O sea, la nada misma.

No se animan a asumir que defienden el régimen de “capitalización” (curiosa palabra, en tanto sus adherentes no hacen más que descapitalizarse de modo progresivo), porque saben que hacerlo es política y técnicamente impresentable. El camino que les queda, en consecuencia, es aprovechar la circunstancia para reagrupar fuerzas a partir de las suspicacias que despierta el proyecto kirchnerista; y desde ahí, intentar la reactivación de lo que Buzzi admitió como meta: desgastar, erosionar.

No será precisamente un periodista como el firmante quien vaya a cuestionar que detrás de cada determinación política subyace un posicionamiento ideológico, por acción u omisión. Pero si como juego de razonamiento pudiera aceptarse, con carácter denostador, que detrás de la reestatización jubilatoria hay intereses de construcción de poder que van más allá de la defensa de los fondos previsionales, ¿qué cabe decir de Alfredo De Angeli, Juan Carlos Blumberg & Asociados, el rabino Sergio Bergman y la Corriente Clasista y Combativa, entre muchos otros, sumados a la militancia activa contra el proyecto oficial?

¿Cómo es esa lógica?

¿En un caso hay ideología, en su acepción de ideologismo perverso? ¿Y en el otro hay ciudadanos intachables provenientes de las más variadas esferas, con la sola pretensión de oponerse a un saqueo del Estado?

En el mismo sentido, la marcha de los “pañuelos negros” frente a la residencia presidencial de Olivos, por parte de víctimas de delitos urbanos, cuenta también con el concurso de quienes se enfrentan a las retenciones agropecuarias y al cambio del sistema de jubilaciones. ¿Alguien le pregunta a De Angeli qué cuernos hace en una manifestación de víctimas de la inseguridad, en la que además participa como organizador? No. ¿Está mal que organice y participe? No, está perfecto: es un actor político en legítima función de desgastar a su oponente.

¿Alguien le pregunta a un rabino qué hace jugando un papel público contra la vuelta de las jubilaciones al Estado? No, y se copia la secuencia de respuesta anterior. Lo que resulta vomitivo es el cinismo de disfrazar esa tarea de opositor activo bajo el antifaz de la mera indignación como “simple ciudadano”. Lo que no se aguanta es que quieran ignorar como si tal cosa el subtexto de convocar, en la Argentina, a una marcha con pañuelos que no sean blancos. La producción de sentido que eso significa. El proyecto político que eso quiere decir.

Así que gracias, Buzzi. Un millón de infinitas gracias por contribuir a dejar bien claro desde dónde se habla y se hace, y con quiénes. Nadie ha pasado tan en limpio cuáles son las alianzas sociales que están hoy en juego en este país.

Sueldos en las AFJP

Que sus "dueños" van a extrañar

El presidente de Consolidar cobró 2,1 millones de pesos en doce meses; el de Orígenes, 1,5 millón en un semestre. Los nombres, los salarios y los premios extra.

Mientras los afiliados a las AFJP vieron caer el monto de sus cuentas individuales durante los últimos meses, hecho que, de no mediar la reestatización del sistema previsional, los condenaba a una jubilación paupérrima, los principales ejecutivos de las administradores de fondos de pensión cobraron cifras fabulosas en concepto de sueldos, premios y bonificaciones.

PáginaI12 tuvo acceso a los registros de las propias compañías que detallan los ingresos de esos ejecutivos. Carlos Horacio Peguet, el presidente de Consolidar AFJP, cobró en los últimos doce meses dos millones cien mil pesos; Eduardo Sánchez Wrighton, titular de AFJP Orígenes, recibió ingresos por un total de un millón y medio de pesos en el último semestre.

Los salarios de los presidentes de las AFJP van de los 47.000 a 110.000 pesos; los de los gerentes, de 28.000 a los 70.000 pesos. A esos haberes se suman bonos extras por la rentabilidad de la compañía, que está asegurada aun cuando las inversiones que realizan generan enormes pérdidas a sus afiliados. Estos fabulosos salarios se pagan con las elevadas comisiones que las AFJP cobran por administrar el dinero previsional de los trabajadores.

Consolidar, la compañía del banco español Bilbao Vizcaya Argentaria y su filial argentina, BBVA Banco Francés, es la AFJP líder, al administrar un stock de más de 17 mil millones de pesos. Además de Peguet, que ejerce la presidencia del directorio, Consolidar cuenta con cinco directores más, que ganan un poco menos que su jefe. También el gerente de inversiones tiene ingresos similares. El staff de ejecutivos de primera línea se completa con otros nueve gerentes, que ganan un promedio de 30.000 pesos por mes más premios y bonos por rentabilidad. En total, la primera línea de Consolidar recibe ingresos por casi 20 millones de pesos al año: dinero suficiente para pagar 30.500 jubilaciones mínimas.

Máxima, de la aseguradora norteamericana New York Life International y el HSBC Argentina, está quinta en el ranking de fondos, pero gasta casi lo mismo en los haberes de sus ejecutivos. Su vicepresidente primero, Andrés Germán Hammar Aldatz, cobra un sueldo de 71.000 pesos mensuales y este año recibió un bono por 350.000 pesos y otro por 290.000. En los últimos doce meses ganó un millón quinientos ochenta mil pesos. El ejecutivo no trabaja tiempo completo en la AFJP. También cobra haberes por su puesto de director en HSBC LA y en HSBC New.

Entre las diez AFJP que operan en el mercado suman 150 ejecutivos de primer nivel y gastan en sus remuneraciones cerca de 200 millones de pesos por año, cifra con la que se podrían pagar 305.000 jubilaciones. El vocero de una de las compañías líderes del mercado justificó las remuneraciones con el argumento de que “administran un capital de 90 mil millones de pesos”. En realidad, el 55 por ciento de esos fondos están invertidos en títulos públicos, que en su mayor parte se compran y se guardan hasta su vencimiento. Un 8 por ciento está depositado en plazo fijo, operación que puede realizar cualquier ciudadano, sin que se requieran conocimientos extraordinarios. Casi un 10 por ciento está invertido en fondos comunes de inversión, para que sean administrados por otros gerentes. El trabajo más complicado de los ejecutivos de las AFJP es administrar el 11 por ciento de los fondos que están invertidos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el 5 por ciento que se opera en Wall Street.

Oscar Schmidt, presidente de Met Life, que pertenece a la multinacional de seguros del mismo nombre, cobra 89.330 pesos por mes de sueldo. A mitad de año, además, cobró un bono por un millón de pesos. En total, en los últimos doce meses Schmidt ganó dos millones doscientos mil pesos, una cifra equivalente a 3000 jubilaciones mínimas. Los directores de las administradoras cobran bonos que dependen de la rentabilidad que logra la AFJP. Los gerentes reciben, además, premios por cantidad de traspasos desde otras administradoras y por el aumento del stock que administran, cifra relacionada con el nivel de clientes que consiguen. Para lograrlo su principal estrategia es formar buenos equipos de promotores (ver aparte).

La rentabilidad promedio para el período anual finalizado el 30 de septiembre fue del -2,25 por ciento. En total llevan perdidos 8000 millones de pesos durante 2008, un 9 por ciento del total de los fondos. Ese capital, además, perdió aproximadamente un 20 por ciento contra la inflación. Es decir que los fondos deberían sumar 120 mil millones de pesos y sólo suman 90 mil. El 27 por ciento perdido se verá reflejado en las jubilaciones futuras. A pesar de haberles provocado semejante perjuicio a sus clientes, los ejecutivos de las AFJP siguieron cobrando sus fabulosos ingresos.

Junto con la mala administración de los fondos, las altísimas comisiones que cobran las compañías fue una de las principales razones que derivaron en que los jubilados de las AFJP terminaran cobrando mucho menos que los que se quedaron en el sistema de reparto. En los primeros años llegaron a quedarse con el 30 por ciento de los aportes. El 33 por ciento del costo total de una AFJP es el pago de haberes a sus principales ejecutivos. El segundo gasto es el de promoción, fundamentalmente el salario de los promotores.

Eduardo Sánchez Wrighton es el presidente de Orígenes, cuyos accionistas son ING Latin American Holdings B.V y ING Insurance International B.V. Su sueldo es de 111.000 pesos mensuales y en abril recibió un bono por 727.000 pesos. Sólo en los últimos seis meses cobró 1,5 millón de pesos. Jorge Saumell es el presidente de la AFJP Arauca Bit, cuyo principal accionista es OSDE. Saumell cobra un sueldo de 44 mil pesos y en los últimos doce meses, con bono incluido, ganó 750 mil pesos.

La cuarta AFJP del sistema, medida en fondos administrados, es la del Banco Nación, que maneja más de 14 mil millones de pesos. Su presidente, Matías Kulfas, renunció a su salario, aduciendo que ya cobraba un sueldo como director del Banco Nación. Los gerentes de la AFJP estatal cobran 14 mil pesos mensuales por todo concepto.

Los salarios de los gerentes del Anses, que administran los 20 mil millones de pesos de fondos del sistema de reparto y que pasarán a controlar la carta de activos que se transferirán de las administradoras al Estado luego de la aprobación de la ley en el Senado, son bastante más bajos que los de los ejecutivos de las AFJP. Se ubican entre 10.000 y 11.000 pesos mensuales.

Por Roberto Navarro

Con las patas en el barro

Reportaje a Niko Arias* -Encuentro de Clubes Barriales




“Lo sabés, vivir en La Matanza, en La Ferrere, estar dentro del territorio, en los problemas del territorio. Y hay mucho desconocimiento de los problemas que existen en el territorio, sobre todo las zonas más marginales: carencia de todo tipo. Y la carencia, la falta de inclusión de los pibes y pibas es un tema central. Esa soledad social, como los vienen arrinconando, empujando al choreo, la violencia entre ellos mismos, la fractura de la familia. Y eso de afuera no se ve.

Se ve cuando hay un pibe que sale pasado de merca y mata por un par de zapatillas o porque tiene la violencia incorporada como forma de vida, y la violencia que saca es la misma que recibe. Eso es el territorio, un ámbito de exclusión que genera violencia como respuesta a una sociedad que no les da ninguna alternativa. Barrios enteros donde los pibes y pibas no tienen qué hacer y tampoco pueden salir del cerco porque no tienen ni ropa adecuada”.

Quién viene contando esta historia es Niko Arias. Niko es Frente Transversal, es CTA y es de abajo, del pueblo. Ahora sigue diciendo: Bueno, entonces, yo, el año pasado, había hecho una experiencia con 22 clubes de La Ferrere. Son clubes chiquitos, muchas veces que se arman en el potrero porque no tienen ni siquiera una galpón, algo donde estar. Pero si sabés mirar, ves que ahí hay alguien que puso la idea, que puso en marcha ese pequeño club y que también quién lo hizo pone el alma, pone todo para defender a su gente. Eso quiero decir.

-¿Y como nace la idea de juntar todos esos clubes?

Estaba en el aire. Dentro mío la preocupación son los pibes, que no te los maten o se maten ellos mismos con el paco. Entonces un día le digo a Edgardo (Depetri), mirá Edgardo, se podría, desde el Frente Transversal, hacer una política de deporte. Hay muchos clubes y compañeros que luchan pero están muy solos, desprotegidos, por ahí tenemos que bajar en el territorio. ¿Te parece? –me dice Edgardo. Y sí, le digo. Hay una cultura instalada, los clubes los crean ellos mismos, la gente del propio barrio. Se podría armar algo grande. Eso le dije. Y Edgardo me dice, metele, desde hoy sos el encargado del área deportes del Frente Transversal.




Eso fue hace meses, entonces me largué y pongo fecha para un encuentro de representantes de los clubes: el 7 de noviembre. Y de ahí empecé a caminar los barrios. Y yo conozco. De chico iba a todos los partidos de fútbol. Mi vieja hacía pastelitos y yo salía a venderlos. Recorría todas las canchas. Así que de eso conozco. -Y llegó el 7 de noviembre.

Sí. En el anfiteatro Eva Perón de ATE Central nos mandamos el primer encuentro. Vinieron 60 presidentes de clubes del Gran Buenos Aires, algunos de Capital. Hubo también del interior, de Santa Fe, de Rosario, de Villa Cañá -Córdoba, del Chaco y de la zona de la Plata. Todos clubsitos hechos a pulmón, donde no tienen la mínima infraestructura. También vinieron representantes de ligas, como la de Morón que comprende a 20 clubes. En total, y no exagero, hubo 210 clubes representados.

-Y Morresi.

Sí, Claudio Morresi, secretario de Deportes de la Nación. Y fue un aporte importante, ya que los compañeros de los clubes sintieron que no era sola palabras, que estamos buscando una alternativa y la buscamos poniendo toda nuestra fuerza. El territorio es un espacio difícil, complejo. Hay un club que tiene la canchita pegado al río Matanza. Un potrero, no hay propiedad, no hay baños. Y en esas condiciones, hay quienes ponen para que funcionen.

Bueno. Un poco se habló y mucho escuchamos a los presidentes, a los compañeros de base, y de ahí sale la necesidad de organizar esto por regiones, hacer como una gran liga de clubes de barrios.

-¿Quedaron en algo concreto?

Si, el 23 de noviembre hacemos un encuentro en El Peligro, barriada cercana a La Plata. La regional 1 le pusimos. Allí vamos a estar haciendo una movida, un gran encuentro con la gente de La Plata, Berisso y Ensenada. Luego vemos si para el año que viene ya organizamos campeonatos, y otras actividades.

-¿Solo fútbol?

En la mayoría de los casos, solo fútbol porque no hay instalaciones como para hacer otras actividades, tanto deportivas como sociales. No tienen las cuatro paredes y un techo. Lo que se necesita, lo mínimo no lo tienen.

-¿Y que dijo Morresi?

Bancó, estuvo bien. Dijo que le parecía un gran paso que nos hayamos juntado. Que él se pone a disposición y después iremos viendo. Pero bancó, se lo veía contento. Es un hombre del fútbol y sabe. Uno nota que el hombre tiene sensibilidad popular. -¿Y Edgardo?




Edgardo primero hizo de presentador, después se largó con las AFJP, sobre los conflictos potenciales que representa la marginalidad, y habló de sacarlos del paco y habló sobre la distribución de la riqueza. Bajó línea: hay que ponerse el país al hombro si queremos que la derecha no nos borre. Ellos vienen por nosotros, les dijo. Y esta reunión, estar juntos, organizar a la juventud, es un paso fundamental para luchar por la inclusión, contra la droga, y la manera es sacarlos de la calle, ponerles un futuro para los pibes. De eso habló.

-¿Y vos como te sentís?

Bien. Yo me siento cómodo con esta propuesta. Nunca me fui del barrio, no pienso irme y los que sabemos, sabemos lo que pasa “allá bajo”, donde una piba de 14 años queda embarazada y será madre y ese niño ya viene excluido. Estar ahí, donde los pibes no tienen, no laburo, sino ni siquiera el sueño de tenerlo. Están sumergidos y cercados. Es lo que hay que comprender: las barriadas están cercadas pero no desde adentro, no que son –como dijo el gobernador- aguantaderos. Nada que ver, las barriadas están cercadas por la sociedad, por el poder. Entonces nosotros vamos a luchar ese espacio.




Y los clubes, son un principio como los fueron los comedores populares en la época dura –y que lo siguen siendo. Los clubes son una herramienta de las mejores. Ya están armados, es gente que viene peleándola desde hace 10 o 20 años. Todo a pulmón: ahí nadie va para sacar guita. Es una cultura nuestra que trajeron los tanos, hace 100 años, esto de los clubes. Y eso sigue. Y nosotros tenemos que ver, estimular, mostrarles que realmente existe un camino, pero hay que ganarlo. Nadie se los va a regalar. Entre todos tenemos que ganarlo.

Son Palabras de Niko Arias. Matancero y del Frente Transversal y una propuesta donde la matriz es entrarle al territorio. No dejar en soledad a una nueva generación, a los pibes y pibas que nacen y viven fuera del sistema, excluidos. Es también parte del continente, es también el mismo grito de los excluidos de toda esta América nuestra. Y Niko se prende, hay que ayudar a que se ganen un futuro. Eso dice.

Y bueno. Que se le haga.

* Niko Arias es responsable Área Deporte Social del Frente Transversal

Movilización “Para recuperar el futuro”

Los movimientos sociales afines al Gobierno y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) confluyeron ayer en una marcha en respaldo al proyecto oficialista de reforma previsional. Hebe de Bonafini, Hugo Yasky, Martín Sabbatella y Víctor De Gennaro.






La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y los movimientos sociales K se movilizaron ayer al Congreso en apoyo a la estatización del sistema jubilatorio. La defensa de lo público y la impugnación a las políticas neoliberales que gestaron a las AFJP signaron la jornada. La manifestación se realizó en simultáneo con el debate del proyecto oficialista en la Cámara baja.




Participaron las Madres de Plaza de Mayo, con Hebe de Bonafini a la cabeza; el intendente de Morón, Martín Sabbatella; el Partido Comunista y la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados. La central asistió en su totalidad y reafirmó su unidad luego de que el sector que impulsa Víctor De Gennaro no acordara con la postura de su sucesor en la CTA, Hugo Yasky, durante el lo-ckout campestre de la primera mitad del año.



Los manifestantes se congregaron, a las 15, en Entre Ríos y Belgrano. Luego de una breve caminata, encabezada por la CTA, llegaron a las puertas del recinto parlamentario. La movilización se extendió a lo largo de tres cuadras y contó, según los organizadores, “con diez mil compañeros”.





Yasky, en diálogo con PáginaI12, resaltó que “el apoyo al sistema de reparto es multitudinario y demuestra que la lucha de la CTA no fue en vano desde aquella lejana marcha de 1993, cuando se había impuesto el sistema de capitalización. En aquella oportunidad defendimos los derechos del pueblo a tener un sistema jubilatorio justo que sólo puede ser garantizado por el Estado. Hoy estamos defendiendo esta histórica medida que es a la economía lo que fue la recuperación de la ESMA a los derechos humanos”.



Enrique Raffo, presidente de la Mesa Coordinadora de los Jubilados y Pensionados, expresó su satisfacción porque “hace 40 años que empezamos la pelea por un sistema jubilatorio justo y parejo y hace 14 años que intensificamos nuestra lucha. Estuvimos prácticamente solos muchas veces, aunque la CTA fue el único gremio que nos acompañó en las grandes batallas que dimos”.





Las Madres de Plaza de Mayo encabezadas por Bonafini pasaron a saludar y a manifestar su adhesión a la posible estatización jubilatoria. Rodeadas del cariño de los presentes, se saludaron cálidamente con varios de los referentes de la convocatoria e intercambiaron algunas palabras. En un breve diálogo con este diario, Hebe calificó el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como “revolucionario, porque profundiza todo lo bueno que ha hecho en el campo popular el Gobierno”.


Martín Sabbatella elogió ante este diario la decisión oficialista porque “representa algo histórico, como es recuperar el futuro de nuestros abuelos y abuelas, al tiempo que se resignifica la idea de la participación estatal en beneficio de la sociedad”. El referente de Encuentro por la Democracia y Equidad destacó “el precedente positivo que representa la coincidencia favorable entre todos los sectores populares ante la certeza y claridad que expresa la medida, incluso con los que antes rechazaron la 125”.


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A lo largo de la movilización se destacaron, por numerosas y pioneras en cada consigna, las columnas del Frente Transversal liderado por el diputado Edgardo Depetri, el Movimiento Evita conducido por Emilio Pérsico, el Movimiento Territorial Liberación y el Movimiento de Unidad Clasista. “Vamos compañeros/ Hay que poner un poco más de huevos/ la dignidad del pueblo no se vende/ se defiende”, “Hay que saltar/ hay que saltar/ el que no salta es de la Sociedad Rural”, “Y ya lo ve/ Y ya lo ve/ es para Macri que lo mira por TV”, fueron los hits más repetidos del cancionero popular.





Militantes del conurbano profundo, pero también independientes de las capas medias y de organizaciones porteñas predominaron en una tarde copada por un sol ardiente que le agregó color a una convocatoria donde los estandartes del peronismo no pejotista estuvieron a la orden del día. Los semblantes de Evita y el Che y, en menor medida, el de Juan Domingo Perón hegemonizaron las banderas. También ondeó alguna que otra insignia inesperada como la de la agrupación El Eternauta que rezaba, junto al rostro del héroe oesterheliano Juan Salvo, “Construyendo el héroe colectivo”.



La convocatoria se diluyó con altas dosis de expectativa puestas en que el proyecto dé el primer paso fundamental: la media sanción en Diputados.






Informe: Tomás Forster.