Si bien el ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo ayer que “las cosas parece que se encauzan”, la reacción destemplada del gobierno español ante la difusión de un supuesto proyecto para expropiar acciones de YPF en poder de Repsol revela los problemas económicos y sociales que atraviesa el país del presidente Mariano Rajoy. Pero también pone de relieve la centralidad de un recurso clave: las reservas de gas no convencional del yacimiento de Vaca Muerta. Según la agencia estadounidense de energía, es el tercer reservorio mundial en su tipo, con un valor estimado de 250 mil millones de dólares. El recurso garantizaría la autonomía energética. Razones y contextos de una batalla por el futuro.
El Estado nacional, las provincias, España y un recurso clave: el gas no convencional. El tablero de la negociación y los motivos de la reacción de Rajoy.
A poco más de cien días de su asunción, Mariano Rajoy sabe que puede perder en poco tiempo lo que mucho le costó ganar. El pobre resultado electoral que obtuvo el Partido Popular (PP) en las regionales de Andalucía y Asturias encendió la alarma en La Moncloa. Presionado por la Unión Europea, las centrales sindicales y la poca receptividad del Banco Central Europeo a sus demandas de liquidez, el presidente español encontró con la ayuda de los grandes medios de comunicación una causa nacional: YPF. No es para menos. La empresa representa casi las dos terceras partes de la producción de crudo de Repsol (62%) y casi la mitad de sus reservas, evaluadas en unos 1.000 millones de barriles, sobre un total de 2.200 millones. En la Argentina, Repsol controla, a través de YPF, el 54,4% de la producción nacional de hidrocarburos y una red de 1.600 estaciones de servicio. El negocio le reportó a la multinacional ganancias por 1.416 millones de euros en 2010; el 21,41% del total que obtuvo en el período. Apenas una pequeña parte de lo que podría aportar en el futuro.
“La relación con España está mal. Declaraciones hay y habrá muchas más, pero la negociación sigue abierta.” La evaluación, confiada aMiradas al Sur por una fuente con llegada al gabinete nacional, se completa con lo que está en juego. “No es poco. Es la batalla más importante desde la renegociación de la deuda externa. Es una pulseada por el futuro, por la soberanía energética”, concluyó la fuente. Antes, enumeró los factores involucrados: España, las provincias y, muy especialmente, los recursos en gas no convencional (shale gas) que, según el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), constituyen el tercer reservorio mundial en su tipo. Unos 774 trillones de metros cúbicos (TCF) de gas técnicamente recuperables. Casi tanto como las reservas de Estados Unidos o el 60% de las declaradas por China. Una Argentina con reservas de gas equivalentes a diez veces las halladas en Loma La Lata, el megayacimiento gasífero que permitió alcanzar durante la década del ’80 el autoabastecimiento y un salto cualitativo en materia de energía. Según los especialistas, existe una diferencia sustancial entre los conceptos “recursos técnicamente recuperables” y “reservas”. La estimación de los primeros es todo lo que se supone que podría obtenerse del reservorio. Por su parte, las “reservas” es lo que desde el punto de vista técnico y económico puede ser obtener en el momento de realizar la estimación. La clave para que un recurso se constituya en “reserva” depende del costo de extracción, a su vez ligado a la tecnología y a los precios internacionales y locales. En el caso argentino, las reservas se localizan en la cuenca de Neuquén, en la formación Los Molles y en Vaca Muerta. “Se llevaron desde la privatización más de 15 mil millones de dólares y la quieren vender por una suma similar. Es un disparate. No pusieron un mango en exploración. Lo único que hicieron fue explotar lo que había descubierto YPF en su etapa estatal”, sentenció otra fuente consultada.
El tema es prioritario para el país, pero también para las provincias de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), cuyos mandatarios concurrieron a la reunión convocada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, el jueves por la noche, tras el cara a cara que el titular de la cartera sostuvo con el presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau. Dos gobernadores llegaron con declaraciones públicas realizadas. El neuquino Jorge Sapag y el chubutense Martín Buzzi. Ambos habían hablado de tiempos de cambio y explicitado que sus provincias quieren participar, mediante las compañías de energía locales, en la explotación de los yacimientos que les quitaron a YPF. El tono de la reunión, calificado como “muy bueno” por un asesor, discurrió por las estrategias negociadoras de cara a la posición de Repsol-YPF y las posibles ingenierías societarias por venir. Una negociación compleja que en nada se parece al supuesto proyecto oficial que se filtró a los medios y que Clarín dio por cierto.
Según algunos, son al menos cinco los borradores elaborados hasta el momento. Otros hablan de cuatro. Pormenores al margen, hay un antecedente que nadie soslaya. En 1990, cuando el menemismo avanzó con la transformación de YPF en sociedad anónima, las acciones quedaron atomizadas. Una diferencia sustancial con las privatizaciones de Entel, Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas. En ese marco, el Estado Nacional mantuvo el 20% y el poder de veto. Las provincias recibieron el 11% y los empleados el 10%. El resto pasó a cotizar en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York. El gerenciamiento, liderado por José Estenssoro, quedó en manos del Estado nacional y las provincias. Una etapa de expansión que rescató la presidenta Cristina Kirchner durante la apertura de las sesiones legislativas, pero que culminó en forma abrupta a mediados de los ’90, en plena crisis del tequila, cuando mediante una nueva ley se abrió el cerrojo que le impedía al Estado nacional desprenderse del 20% de las acciones. Un dato más: las provincias eran representadas en el directorio por Daniel Cameron, el actual secretario de Energía, quien trabajó codo a codo con Estenssoro
Ayer como hoy.
La década del ’90 representó un punto de inflexión para las inversiones extranjeras en el país. Un contexto que aprovecharon a destajo las empresas españolas. El proceso se enmarcó en la aplicación del recetario de ajuste estructural del neoliberalismo predominante a escala global, que aplicó a rajatabla el menemismo. No es extraño que casi diez años después de iniciado aquel saqueo, más precisamente el 27 de diciembre de 2001, a una semana de la caída de Fernando de la Rúa y cuando Argentina seguía en llamas, un pequeño grupo de empresarios españoles se reunió en el Hotel Alvear de la Recoleta para dialogar con un importante interlocutor de sus intereses. Se trataba de Josep Piqué, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España. Había llegado a Buenos Aires con instrucciones precisas del presidente José María Aznar: defender a capa y espada los privilegios obtenidos por los grupos económicos españoles en los ’90.
Las enfáticas demandas provenían, entre otros, de los CEO Alfonso Cortina, de Repsol-YPF, y Antonio Brufau, de Gas Natural. Este último sucedería a Cortina al frente de la petrolera. No eran los únicos. También se enrolaban entre los reclamantes los máximos responsables de Telefónica, Endesa, Aguas de Barcelona y los bancos Santander y BBVA. Algunas de esas compañías, representadas hoy por apellidos diferentes pero iguales intereses, son los que acudieron a la Embajada de España el jueves por la noche. Fue tras la reunión que el ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo con Brufau. El encuentro en la sede diplomática lo presidió el embajador Román Oyarzun. Allí, el diplomático realizó promesas de apoyo incondicional y apuntaló el lobby que despliega por estas horas La Moncloa.
La Argentina debe aplicar políticas serias, rigurosas y predecibles, y respetar las reglas del juego y la seguridad jurídica para recuperar la confianza de los mercados”, había soltado Piqué en 2001 ante un grupo de periodistas, tras la reunión en el Hotel Alvear. “De lo que se trata es de conocer cuáles son los planes del nuevo presidente. Ese es otro motivo del viaje. A partir de allí podemos seguir apoyando”, finalizó el funcionario. Pocos días después, las retenciones a las exportaciones petroleras, el congelamiento de las tarifas y la pesificación asimétrica hicieron sonar la alarma en La Moncloa. Esta vez fue Aznar el que tomó al teléfono para hablar con Eduardo Duhalde. Sin medias tintas, exigió que se mantuvieran dolarizadas las tarifas y que se atendieran los reclamos de las empresas. “A la Argentina le conviene ser un país confiable para seguir recibiendo inversiones extranjeras”, dijo a los periodistas madrileños poco después de cortar. La propia Izquierda Unida española puso el dedo en la llaga denunciando el papel que estaba jugando Aznar. Reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin, de una realidad lamentable: desde el mismo arranque de las privatizaciones, su antecesor, el socialista Felipe González, y hasta el rey Juan Carlos, jugaron fuerte a favor de una clase empresaria española, mimada por conservadores y socialistas, que nació al amparo del proceso privatizador que comenzó en España con González y que concluyó Aznar. Un caso emblemático es el de Carlos Solchaga, ex ministro de Economía, que en 1999 se asoció con Juan Recio, accionista de BBVA, para brindar servicios de lobby en América latina.La reacción actual es casi un calco de la de hace una década. “Cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será tomada como una agresión por España, que tomará las reacciones que crea oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados”, disparó este semana el canciller conservador José Manuel García-Margallo. “La ruptura de una negociación entre España y la Argentina no sería una ruptura sólo en términos económicos, sería la ruptura de una relación fraternal que hemos tenido en mucho tiempo. Por tanto, para nosotros esa ruptura es el peor de los escenarios”, agregó. Minutos antes, sus operadores habían dejado en claro que Rajoy había solicitado la ayuda de sus aliados europeos y de la Casa Blanca.
Allá como acá.
Muy lejos del nacionalismo que sacaron a relucir en las últimas semanas los voceros españoles de la petrolera, cruzada donde se confunden socialistas y populares –y no pocos comentaristas locales–, Repsol-YPF está lejos de ser una empresa española. Hay un dato que suele pasar inadvertido, pero que explica las prácticas de sus CEO, educados en la escuela trasnacional. Apenas el 22,84% de las acciones de Repsol están en poder de grupos españoles. Uno de ellos es Sacyr Vallehermoso (10,1%). El otro, Caixabank (12,83%). El resto –con excepción del 9,49%, en manos de la petrolera mexicana Pemex– son acciones que “flotan” en el mercado y que concentran fondos de inversión angloestadounidenses (42%).
Los propios balances de la empresa dan cuenta de la situación. Según los últimos datos disponibles (2010), Repsol-YPF obtuvo 6.613 millones de euros en beneficios –antes de impuestos–. Es decir: lo que declaró haber ganado. Del total, 1.641 millones (24,8%) los obtuvo en España; 1.416 millones (21,41%) en Argentina y 3.556 (53,77%) en el resto de países. Vale decir: el “mercado” español no representa ni la cuarta parte del beneficio de la multinacional. Sin embargo, ni en España conforman las declaraciones fiscales de la compañía. De allí que Repsol-YPF, al igual que otras multinacionales con intereses en América latina, esté en la mira de quienes critican sus prácticas predatorias. Muchas de ellas, entre las se cuentan Endesa, Iberdrola, los bancos BBVA y Santander, además de la aseguradora Mapfre, el Grupo Prisa y Gas Natural, han sido denunciadas por el Observatorio de Responsabilidad Corporativa español por las filiales que tienen en paraísos fiscales y que les permiten triangular inversiones con escasos o nulos costos impositivos.
La plataforma predilecta de las compañías españolas son las Islas Caimán. Desde allí captan fondos mediante la emisión de “participaciones preferentes”, instrumentos financieros normalmente gravados por impuestos locales. La situación es pasada por alto por los partidos mayoritarios y los grandes medios controlados o dependientes de la publicidad corporativa, que prefieren, como hizo el presidente Mariano Rajoy, aplicar políticas de ajuste fiscal que recaen sobre los españoles de a pie. Incluso cuando la desocupación afecta a 4,7 millones de personas, casi el 30% de la población económicamente activa.
(Por Gabriel Bencivengo y Daniel Cecchini )
A poco más de cien días de su asunción, Mariano Rajoy sabe que puede perder en poco tiempo lo que mucho le costó ganar. El pobre resultado electoral que obtuvo el Partido Popular (PP) en las regionales de Andalucía y Asturias encendió la alarma en La Moncloa. Presionado por la Unión Europea, las centrales sindicales y la poca receptividad del Banco Central Europeo a sus demandas de liquidez, el presidente español encontró con la ayuda de los grandes medios de comunicación una causa nacional: YPF. No es para menos. La empresa representa casi las dos terceras partes de la producción de crudo de Repsol (62%) y casi la mitad de sus reservas, evaluadas en unos 1.000 millones de barriles, sobre un total de 2.200 millones. En la Argentina, Repsol controla, a través de YPF, el 54,4% de la producción nacional de hidrocarburos y una red de 1.600 estaciones de servicio. El negocio le reportó a la multinacional ganancias por 1.416 millones de euros en 2010; el 21,41% del total que obtuvo en el período. Apenas una pequeña parte de lo que podría aportar en el futuro.
“La relación con España está mal. Declaraciones hay y habrá muchas más, pero la negociación sigue abierta.” La evaluación, confiada aMiradas al Sur por una fuente con llegada al gabinete nacional, se completa con lo que está en juego. “No es poco. Es la batalla más importante desde la renegociación de la deuda externa. Es una pulseada por el futuro, por la soberanía energética”, concluyó la fuente. Antes, enumeró los factores involucrados: España, las provincias y, muy especialmente, los recursos en gas no convencional (shale gas) que, según el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), constituyen el tercer reservorio mundial en su tipo. Unos 774 trillones de metros cúbicos (TCF) de gas técnicamente recuperables. Casi tanto como las reservas de Estados Unidos o el 60% de las declaradas por China. Una Argentina con reservas de gas equivalentes a diez veces las halladas en Loma La Lata, el megayacimiento gasífero que permitió alcanzar durante la década del ’80 el autoabastecimiento y un salto cualitativo en materia de energía. Según los especialistas, existe una diferencia sustancial entre los conceptos “recursos técnicamente recuperables” y “reservas”. La estimación de los primeros es todo lo que se supone que podría obtenerse del reservorio. Por su parte, las “reservas” es lo que desde el punto de vista técnico y económico puede ser obtener en el momento de realizar la estimación. La clave para que un recurso se constituya en “reserva” depende del costo de extracción, a su vez ligado a la tecnología y a los precios internacionales y locales. En el caso argentino, las reservas se localizan en la cuenca de Neuquén, en la formación Los Molles y en Vaca Muerta. “Se llevaron desde la privatización más de 15 mil millones de dólares y la quieren vender por una suma similar. Es un disparate. No pusieron un mango en exploración. Lo único que hicieron fue explotar lo que había descubierto YPF en su etapa estatal”, sentenció otra fuente consultada.
El tema es prioritario para el país, pero también para las provincias de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), cuyos mandatarios concurrieron a la reunión convocada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, el jueves por la noche, tras el cara a cara que el titular de la cartera sostuvo con el presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau. Dos gobernadores llegaron con declaraciones públicas realizadas. El neuquino Jorge Sapag y el chubutense Martín Buzzi. Ambos habían hablado de tiempos de cambio y explicitado que sus provincias quieren participar, mediante las compañías de energía locales, en la explotación de los yacimientos que les quitaron a YPF. El tono de la reunión, calificado como “muy bueno” por un asesor, discurrió por las estrategias negociadoras de cara a la posición de Repsol-YPF y las posibles ingenierías societarias por venir. Una negociación compleja que en nada se parece al supuesto proyecto oficial que se filtró a los medios y que Clarín dio por cierto.
Según algunos, son al menos cinco los borradores elaborados hasta el momento. Otros hablan de cuatro. Pormenores al margen, hay un antecedente que nadie soslaya. En 1990, cuando el menemismo avanzó con la transformación de YPF en sociedad anónima, las acciones quedaron atomizadas. Una diferencia sustancial con las privatizaciones de Entel, Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas. En ese marco, el Estado Nacional mantuvo el 20% y el poder de veto. Las provincias recibieron el 11% y los empleados el 10%. El resto pasó a cotizar en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York. El gerenciamiento, liderado por José Estenssoro, quedó en manos del Estado nacional y las provincias. Una etapa de expansión que rescató la presidenta Cristina Kirchner durante la apertura de las sesiones legislativas, pero que culminó en forma abrupta a mediados de los ’90, en plena crisis del tequila, cuando mediante una nueva ley se abrió el cerrojo que le impedía al Estado nacional desprenderse del 20% de las acciones. Un dato más: las provincias eran representadas en el directorio por Daniel Cameron, el actual secretario de Energía, quien trabajó codo a codo con Estenssoro
Ayer como hoy.
La década del ’90 representó un punto de inflexión para las inversiones extranjeras en el país. Un contexto que aprovecharon a destajo las empresas españolas. El proceso se enmarcó en la aplicación del recetario de ajuste estructural del neoliberalismo predominante a escala global, que aplicó a rajatabla el menemismo. No es extraño que casi diez años después de iniciado aquel saqueo, más precisamente el 27 de diciembre de 2001, a una semana de la caída de Fernando de la Rúa y cuando Argentina seguía en llamas, un pequeño grupo de empresarios españoles se reunió en el Hotel Alvear de la Recoleta para dialogar con un importante interlocutor de sus intereses. Se trataba de Josep Piqué, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España. Había llegado a Buenos Aires con instrucciones precisas del presidente José María Aznar: defender a capa y espada los privilegios obtenidos por los grupos económicos españoles en los ’90.
Las enfáticas demandas provenían, entre otros, de los CEO Alfonso Cortina, de Repsol-YPF, y Antonio Brufau, de Gas Natural. Este último sucedería a Cortina al frente de la petrolera. No eran los únicos. También se enrolaban entre los reclamantes los máximos responsables de Telefónica, Endesa, Aguas de Barcelona y los bancos Santander y BBVA. Algunas de esas compañías, representadas hoy por apellidos diferentes pero iguales intereses, son los que acudieron a la Embajada de España el jueves por la noche. Fue tras la reunión que el ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo con Brufau. El encuentro en la sede diplomática lo presidió el embajador Román Oyarzun. Allí, el diplomático realizó promesas de apoyo incondicional y apuntaló el lobby que despliega por estas horas La Moncloa.
La Argentina debe aplicar políticas serias, rigurosas y predecibles, y respetar las reglas del juego y la seguridad jurídica para recuperar la confianza de los mercados”, había soltado Piqué en 2001 ante un grupo de periodistas, tras la reunión en el Hotel Alvear. “De lo que se trata es de conocer cuáles son los planes del nuevo presidente. Ese es otro motivo del viaje. A partir de allí podemos seguir apoyando”, finalizó el funcionario. Pocos días después, las retenciones a las exportaciones petroleras, el congelamiento de las tarifas y la pesificación asimétrica hicieron sonar la alarma en La Moncloa. Esta vez fue Aznar el que tomó al teléfono para hablar con Eduardo Duhalde. Sin medias tintas, exigió que se mantuvieran dolarizadas las tarifas y que se atendieran los reclamos de las empresas. “A la Argentina le conviene ser un país confiable para seguir recibiendo inversiones extranjeras”, dijo a los periodistas madrileños poco después de cortar. La propia Izquierda Unida española puso el dedo en la llaga denunciando el papel que estaba jugando Aznar. Reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin, de una realidad lamentable: desde el mismo arranque de las privatizaciones, su antecesor, el socialista Felipe González, y hasta el rey Juan Carlos, jugaron fuerte a favor de una clase empresaria española, mimada por conservadores y socialistas, que nació al amparo del proceso privatizador que comenzó en España con González y que concluyó Aznar. Un caso emblemático es el de Carlos Solchaga, ex ministro de Economía, que en 1999 se asoció con Juan Recio, accionista de BBVA, para brindar servicios de lobby en América latina.La reacción actual es casi un calco de la de hace una década. “Cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será tomada como una agresión por España, que tomará las reacciones que crea oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados”, disparó este semana el canciller conservador José Manuel García-Margallo. “La ruptura de una negociación entre España y la Argentina no sería una ruptura sólo en términos económicos, sería la ruptura de una relación fraternal que hemos tenido en mucho tiempo. Por tanto, para nosotros esa ruptura es el peor de los escenarios”, agregó. Minutos antes, sus operadores habían dejado en claro que Rajoy había solicitado la ayuda de sus aliados europeos y de la Casa Blanca.
Allá como acá.
Muy lejos del nacionalismo que sacaron a relucir en las últimas semanas los voceros españoles de la petrolera, cruzada donde se confunden socialistas y populares –y no pocos comentaristas locales–, Repsol-YPF está lejos de ser una empresa española. Hay un dato que suele pasar inadvertido, pero que explica las prácticas de sus CEO, educados en la escuela trasnacional. Apenas el 22,84% de las acciones de Repsol están en poder de grupos españoles. Uno de ellos es Sacyr Vallehermoso (10,1%). El otro, Caixabank (12,83%). El resto –con excepción del 9,49%, en manos de la petrolera mexicana Pemex– son acciones que “flotan” en el mercado y que concentran fondos de inversión angloestadounidenses (42%).
Los propios balances de la empresa dan cuenta de la situación. Según los últimos datos disponibles (2010), Repsol-YPF obtuvo 6.613 millones de euros en beneficios –antes de impuestos–. Es decir: lo que declaró haber ganado. Del total, 1.641 millones (24,8%) los obtuvo en España; 1.416 millones (21,41%) en Argentina y 3.556 (53,77%) en el resto de países. Vale decir: el “mercado” español no representa ni la cuarta parte del beneficio de la multinacional. Sin embargo, ni en España conforman las declaraciones fiscales de la compañía. De allí que Repsol-YPF, al igual que otras multinacionales con intereses en América latina, esté en la mira de quienes critican sus prácticas predatorias. Muchas de ellas, entre las se cuentan Endesa, Iberdrola, los bancos BBVA y Santander, además de la aseguradora Mapfre, el Grupo Prisa y Gas Natural, han sido denunciadas por el Observatorio de Responsabilidad Corporativa español por las filiales que tienen en paraísos fiscales y que les permiten triangular inversiones con escasos o nulos costos impositivos.
La plataforma predilecta de las compañías españolas son las Islas Caimán. Desde allí captan fondos mediante la emisión de “participaciones preferentes”, instrumentos financieros normalmente gravados por impuestos locales. La situación es pasada por alto por los partidos mayoritarios y los grandes medios controlados o dependientes de la publicidad corporativa, que prefieren, como hizo el presidente Mariano Rajoy, aplicar políticas de ajuste fiscal que recaen sobre los españoles de a pie. Incluso cuando la desocupación afecta a 4,7 millones de personas, casi el 30% de la población económicamente activa.
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