Según la Defensoría General de la
Ciudad, el papel del Gobierno porteño en la emergencia por el vendaval fue
ineficaz, clientelista y desorganizado. A once días del temporal, aún hay
vecinos en la misma situación que el miércoles fatídico.
Las primeras conclusiones de la Defensoría General de la ciudad de Buenos Aires, tras la inspección ocular realizada este viernes en los barrios carenciados porteños, indican que hubo y hay impericia por parte del gobierno macrista en la atención de la emergencia causada por el temporal, además de una respuesta desigual y prácticas clientelistas.
La medida, dispuesta por la Justicia para constatar las denuncias de los vecinos acerca de la nula acción estatal, corroboró que hay una gran cantidad de ciudadanos que aún se encuentran en la misma situación a la del miércoles pasado y que “si bien hubo alguna intervención gubernamental, esta no fue ni orgánica, ni general, ni organizada, ni eficaz, ni eficiente. Ni se hizo un relevamiento previo de los daños ni de las necesidades que de esos daños surgían”, afirmó a este semanario el defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim. Consultado por Miradas al Sur acerca del modo en que se organizó la ayuda sin relevamientos, el defensor aseguró que “se asistió en algunos lugares donde había gente con vinculación con el funcionariado. Del PRO o de cualquier otro segmento del plano político con cierta afinidad con el Gobierno. Entonces, distribuyeron, no directamente ellos, sino a través de vecinos del barrio que repartieron a su vez a través de su gusto y paladar”.
La Defensoría había presentado una medida autosatisfactiva –un recurso de amparo que debe tener inmediata resolución– a la que la jueza de turno Fabiana Schafrik hizo lugar de inmediato, ordenando a las autoridades porteñas el cumplimiento de una serie de medidas en el lapso de 24 horas.
Así, los ministerios de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Espacio Público y de Justicia y Seguridad, por ejemplo, debían realizar un relevamiento de los riesgos de derrumbe y otros peligros para la integridad física de los habitantes, apuntalar árboles en situación de inestabilidad y proporcionar materiales como cemento, arena, ladrillos, tirantes y chapas.
Desarrollo Social, por su parte, tenía la orden de proveer elementos indispensables para afrontar la emergencia, como colchones, frazadas y alimentos, y dar una solución habitacional a los que quedaron en situación de calle.
Y la Unidad de Gestión e Integración Social (Ugis) tenía la misión de controlar riesgos eléctricos y garantizar la provisión de agua. Nada de ello se cumplió. Las denuncias por la inacción del gobierno de Mauricio Macri decidieron a la jueza Elena Liberatori a realizar, la inspección ocular. Se detectó que “hay zonas que están más desamparadas y otras menos. Por ejemplo, en la Villa 21-24, de Barracas, prácticamente no hubo intervención gubernamental”, dice Kestelboim. “Inclusive, lo dijeron por escrito en un expediente –agrega–, con la excusa de que parte de la 21-24 va a ser trasladada, aunque sólo sea la porción que ocupa el camino de sirga del Riachuelo, no han hecho prácticamente nada ahí, y es la zona que peor está.”
Hay vecinos de este asentamiento, sin embargo, que aclaran que en los primeros días sí fueron mandados algunos materiales. Colchones, puntualmente. Pero fueron a parar a depósitos regenteados por punteros macristas. El nombre de Filomeno Girón es el que más resuena.
Pasión por la desigualdad.
Hay zonas, como la Villa 1.11.14, que están mucho mejor. Si bien persiste el problema del cablerío averiado, allí se entregaron materiales. Aunque se los dejó librados a la suerte de cada uno, entonces, el que tiene posibilidad, conocimientos, medios o capacidad techará su casa, o lo que fuere. Pero el que no pudo arreglárselas sólo sigue con el problema. Muchos hicieron como pudieron, con lo poco que sabían y lo mucho que necesitaban. Para Kestelboim, esto ha profundizado la precariedad y “no va a ser necesario que venga otro temporal con la intensidad del del miércoles pasado para volar otra vez todos los techos. Con la entrega de los materiales –concluye el defensor– no se termina de resolver la situación”.
Luego de la resolución de la jueza Schafrik, el Gobierno de la Ciudad “empezó a atender la situación, pero lo hizo en forma parcial y desorganizada. La asistencia social fue muy limitada o directamente inexistente. Por ejemplo, los camiones que llegaban con chapas no sabían dónde dejarlas y las dejaban en la casa de algún vecino, que entonces se atribuía la facultad de dar diez chapas a un vecino, cuatro a otro y ninguna a otro, independientemente de las necesidades concretas”, relata Kestelboim, que reconoce el trabajo de los pocos funcionarios que sí estuvieron, como el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
Pero con Santilli sólo no alcanzó. Ni para dar abasto en la asistencia a las víctimas, ni para coordinar esfuerzos, ni para poner en práctica el Plan Director de Emergencias de la Ciudad. Este Plan define claramente las funciones y misiones de las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad ante una emergencia. Fue creado hace tres años mediante un decreto de esta misma gestión y prevé la constitución de un Comité de Emergencia. Difícilmente, Santilli podría haberlo puesto en funcionamiento. No tenía con quién. Macri estaba haciendo turismo por el sur, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, disfrutaba del paisaje en Miami, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, vagaba por las playas de Punta del Este. Incluso allí se pudo haber encontrado con su subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Santiago López Medrano.
Al mal tiempo, buena máscara.
Tras el anterior temporal, que había inundado una vez más las calles porteñas, el gobierno macrista anunció que crearía su propio servicio metorológico, deslizando la responsabilidad de los pronósticos en los desastres. Pero, esta vez, aunque hubo pronósticos y alertas, y el temporal ocurrió antes del asueto de Semana Santa, el grueso de los funcionarios de la administración macrista decidieron irse de vacaciones de todos modos y no volver ni siquiera ante las imágenes de la desolación que dejó el furioso ventarrón, en una ciudad en emergencia habitacional y que subejecuta el presupuesto de vivienda.
Una semana más tarde, los mismos problemas habitacionales llevaron a los vecinos de la Villa 31 a reclamar cortando la autopista Illia, donde fueron duramente reprimidos por la policía Metropolitana, refrendando la convocatoria al diálogo de los discursos del PRO. El moño de este nuevo papelón llegó el jueves. Debía sesionar la Legislatura y se preveía una jornada álgida para el macrismo, en la que le pedirían explicaciones por su inacción, por la ausencia de los funcionarios y, en particular, de la ministra Stanley. Pero los PRO cortaron por lo sano, su presidente legislativo, Cristian Ritondo, habrá temido otro temporal, porque cerró el recinto con llave y todos los oficialistas desaparecieron detrás de un espeso humo amarillo.
La medida, dispuesta por la Justicia para constatar las denuncias de los vecinos acerca de la nula acción estatal, corroboró que hay una gran cantidad de ciudadanos que aún se encuentran en la misma situación a la del miércoles pasado y que “si bien hubo alguna intervención gubernamental, esta no fue ni orgánica, ni general, ni organizada, ni eficaz, ni eficiente. Ni se hizo un relevamiento previo de los daños ni de las necesidades que de esos daños surgían”, afirmó a este semanario el defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim. Consultado por Miradas al Sur acerca del modo en que se organizó la ayuda sin relevamientos, el defensor aseguró que “se asistió en algunos lugares donde había gente con vinculación con el funcionariado. Del PRO o de cualquier otro segmento del plano político con cierta afinidad con el Gobierno. Entonces, distribuyeron, no directamente ellos, sino a través de vecinos del barrio que repartieron a su vez a través de su gusto y paladar”.
La Defensoría había presentado una medida autosatisfactiva –un recurso de amparo que debe tener inmediata resolución– a la que la jueza de turno Fabiana Schafrik hizo lugar de inmediato, ordenando a las autoridades porteñas el cumplimiento de una serie de medidas en el lapso de 24 horas.
Así, los ministerios de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Espacio Público y de Justicia y Seguridad, por ejemplo, debían realizar un relevamiento de los riesgos de derrumbe y otros peligros para la integridad física de los habitantes, apuntalar árboles en situación de inestabilidad y proporcionar materiales como cemento, arena, ladrillos, tirantes y chapas.
Desarrollo Social, por su parte, tenía la orden de proveer elementos indispensables para afrontar la emergencia, como colchones, frazadas y alimentos, y dar una solución habitacional a los que quedaron en situación de calle.
Y la Unidad de Gestión e Integración Social (Ugis) tenía la misión de controlar riesgos eléctricos y garantizar la provisión de agua. Nada de ello se cumplió. Las denuncias por la inacción del gobierno de Mauricio Macri decidieron a la jueza Elena Liberatori a realizar, la inspección ocular. Se detectó que “hay zonas que están más desamparadas y otras menos. Por ejemplo, en la Villa 21-24, de Barracas, prácticamente no hubo intervención gubernamental”, dice Kestelboim. “Inclusive, lo dijeron por escrito en un expediente –agrega–, con la excusa de que parte de la 21-24 va a ser trasladada, aunque sólo sea la porción que ocupa el camino de sirga del Riachuelo, no han hecho prácticamente nada ahí, y es la zona que peor está.”
Hay vecinos de este asentamiento, sin embargo, que aclaran que en los primeros días sí fueron mandados algunos materiales. Colchones, puntualmente. Pero fueron a parar a depósitos regenteados por punteros macristas. El nombre de Filomeno Girón es el que más resuena.
Pasión por la desigualdad.
Hay zonas, como la Villa 1.11.14, que están mucho mejor. Si bien persiste el problema del cablerío averiado, allí se entregaron materiales. Aunque se los dejó librados a la suerte de cada uno, entonces, el que tiene posibilidad, conocimientos, medios o capacidad techará su casa, o lo que fuere. Pero el que no pudo arreglárselas sólo sigue con el problema. Muchos hicieron como pudieron, con lo poco que sabían y lo mucho que necesitaban. Para Kestelboim, esto ha profundizado la precariedad y “no va a ser necesario que venga otro temporal con la intensidad del del miércoles pasado para volar otra vez todos los techos. Con la entrega de los materiales –concluye el defensor– no se termina de resolver la situación”.
Luego de la resolución de la jueza Schafrik, el Gobierno de la Ciudad “empezó a atender la situación, pero lo hizo en forma parcial y desorganizada. La asistencia social fue muy limitada o directamente inexistente. Por ejemplo, los camiones que llegaban con chapas no sabían dónde dejarlas y las dejaban en la casa de algún vecino, que entonces se atribuía la facultad de dar diez chapas a un vecino, cuatro a otro y ninguna a otro, independientemente de las necesidades concretas”, relata Kestelboim, que reconoce el trabajo de los pocos funcionarios que sí estuvieron, como el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli.
Pero con Santilli sólo no alcanzó. Ni para dar abasto en la asistencia a las víctimas, ni para coordinar esfuerzos, ni para poner en práctica el Plan Director de Emergencias de la Ciudad. Este Plan define claramente las funciones y misiones de las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad ante una emergencia. Fue creado hace tres años mediante un decreto de esta misma gestión y prevé la constitución de un Comité de Emergencia. Difícilmente, Santilli podría haberlo puesto en funcionamiento. No tenía con quién. Macri estaba haciendo turismo por el sur, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, disfrutaba del paisaje en Miami, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, vagaba por las playas de Punta del Este. Incluso allí se pudo haber encontrado con su subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Santiago López Medrano.
Al mal tiempo, buena máscara.
Tras el anterior temporal, que había inundado una vez más las calles porteñas, el gobierno macrista anunció que crearía su propio servicio metorológico, deslizando la responsabilidad de los pronósticos en los desastres. Pero, esta vez, aunque hubo pronósticos y alertas, y el temporal ocurrió antes del asueto de Semana Santa, el grueso de los funcionarios de la administración macrista decidieron irse de vacaciones de todos modos y no volver ni siquiera ante las imágenes de la desolación que dejó el furioso ventarrón, en una ciudad en emergencia habitacional y que subejecuta el presupuesto de vivienda.
Una semana más tarde, los mismos problemas habitacionales llevaron a los vecinos de la Villa 31 a reclamar cortando la autopista Illia, donde fueron duramente reprimidos por la policía Metropolitana, refrendando la convocatoria al diálogo de los discursos del PRO. El moño de este nuevo papelón llegó el jueves. Debía sesionar la Legislatura y se preveía una jornada álgida para el macrismo, en la que le pedirían explicaciones por su inacción, por la ausencia de los funcionarios y, en particular, de la ministra Stanley. Pero los PRO cortaron por lo sano, su presidente legislativo, Cristian Ritondo, habrá temido otro temporal, porque cerró el recinto con llave y todos los oficialistas desaparecieron detrás de un espeso humo amarillo.
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