Polémica por el destino de 93,7 millones de pesos en el gobierno de la ciudad
Una legisladora del Frente Amplio Progresista (FAP) reclamó que el alcalde porteño explique por qué utilizó el dinero para crear nueve reparticiones ligadas a la obra pública. Los atajos del PRO para demorar la descentralización.
Aunque fueron creadas por una ley que ya cumplió siete años, las comunas porteñas todavía no terminaron de nacer. Según la norma 1777, sancionada en 2005, la Ciudad debía cumplir con el mandato constitucional de descentralizar su Estado y dividir su administración en 15 comunas, conducidas, cada una, por siete representantes barriales elegidos por el voto directo. La primera elección de esos funcionarios barriales, más conocidos como “juntistas” o “comuneros”, no se realizó hasta el año pasado, luego de una década de tires y aflojes entre opositores y oficialistas. El 9 de diciembre, junto a la asunción del segundo mandato de Mauricio Macri como jefe de gobierno, esos 105 representantes barriales finalmente juraron. Tras la ceremonia, el líder del PRO dijo que se trataba de un momento histórico para la postergada descentralización porteña, pero han pasado cuatro meses desde entonces y un pedido de informes presentado por la legisladora Claudia Neira, del bloque Buenos Aires para Todos, revela que desde ese postergado alumbramiento, el gobierno porteño “ha desplegado acciones para que las comunas no lleguen jamás a cumplir con su obligación constitucional”.
Para Neira, cuya fuerza integra el Frente Amplio Progresista (FAP), la prueba de esa maniobra no tiene que ver con las declaraciones políticas de los funcionarios del PRO, sino con la administración de la caja destinada a financiar la descentralización. De acuerdo al informe, antes de la sanción del Presupuesto porteño de este año, el macrismo había programado una partida presupuestaria de 260,9 millones de pesos para la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, pero cuando el Presupuesto porteño fue sancionado por la Legislatura, el área recibió para este año 354,6 millones de pesos. El incremento, entre el borrador y la ley final, es de 93,7 millones de pesos. La cifra no fue destinada a financiar la gestión de las 15 comunas, sino a crear dos nuevas subsecretarías, cuatro direcciones generales y tres subdirecciones. Según la comparación del borrador que diseñó el macrismo en agosto y el presupuesto final que sancionó la Legislatura en noviembre, el PRO no destinó un solo peso más para financiar a las juntas comunales, sino que utilizó el dinero para crear nueve reparticiones. Casi todas están dedicadas a obras públicas, como la Dirección General de Obras Comunales, que repartió sus 50,9 millones adicionales en 45 millones para la subdirección de Intervenciones en el Espacio Público, sólo 3 y 2,9 millones para Acondicionamiento de Espacio Público de la Zona Sur y Obras de Infraestructura Comunal. A las tres reparticiones de la nueva Dirección, que tienen funciones casi similares, se suma una cuarta oficina, como la nueva Subsecretaría de Descentralización y Participación Ciudadana, que recibió 103,3 millones y destinó el 99% de esa partida a una dirección que, al igual que las otras, también se encarga de obras públicas, pero en este caso de Infraestructura Comunal. A esa batería de creaciones, se sumó también la Subsecretaría de Espacio Público Comunal, que recibió otros 800 mil pesos que también irán a parar a obra pública.
De acuerdo al pedido de informes, la aplicación de esos 93,7 millones de pesos adicionales no implica ningún aumento en las partidas para el funcionamiento de las 15 comunas, ni para el funcionamiento de las juntas, ni de sus nuevos 105 representantes. Por el contrario, beneficia, por completo, al organigrama de estreno de la nueva Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, conducida por Eduardo Machiavelli, un hombre que reporta directamente al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Gracias al dedazo del premier porteño, Machiavelli fue ascendido hace cuatro meses de subsecretario a titular de la única secretaría del PRO que se dedicará a ejecutar la descentralización porteña, un mandato que data de la nueva Constitución de la Ciudad de 1998 y que ahora quedó “subordinado a la voluntad política del gobierno de turno, con un sistema de prebendas donde los juntistas afines se encuentran en situación preferencial frente a los opositores”, afirmó Neira. <
La clave
Acción ciudadana
EL PRO tampoco hizo variaciones en los 56 millones destinados a las Unidades de Acción Ciudadana (UAC) que también fueron creadas en 2011 para duplicar las funciones que tuvieron los Centros de Gestión y Participación (CGP).
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