Por Eduardo Epszteyn
La emisión de la Boleta Complementaria del Impuesto Inmobiliario y ABL repuso una discusión que ya dimos en diciembre pasado, en ocasión del tratamiento del Presupuesto 2012. En esa oportunidad perdimos la votación legislativa a manos del bloque macrista de diputados, al que se sumaron conspicuos aliados circunstanciales que hicieron número para que lleguemos a esta situación.
En esa oportunidad cuestionamos el incremento del impuesto por distintas razones. No existe necesidad fiscal de mayores ingresos, se profundiza la inequidad tributaria del gravamen y en términos de bienestar, también se profundiza la injusticia distributiva. No nos equivocamos.
Se incorporan mayores recursos que el ingeniero Macri no necesita. La Ciudad tiene un 90% de los ingresos corrientes atados a la actividad económica y los precios, creciendo a un ritmo que sobra para sostener la evolución de los componentes rígidos del gasto. Pero la estrategia fiscal del macrismo ya es conocida: se presentan ambiciosos planes de inversión que no se cumplen, y los recursos que a ellos iban a ser destinados (el que surge del aumento del ABL o los que surgieron del endeudamiento público) pasan a alimentar su apetito de colocaciones financieras y otras extrañas operaciones que caen fuera de la Ley de Administración Financiera de la Ciudad.
El descontrol en el manejo de los contratos con proveedores privados completa el cuadro de deterioro del perfil del gasto: servicios por privados cada vez más onerosos, intereses de la deuda pública crecientes e inversión pública estancada. No es pertinente financiar “más de esto”.
En segundo lugar: avanzar en una mayor progresividad de la estructura tributaria supone abordar el diseño de los instrumentos de imposición directa sobre la propiedad en la Ciudad de Buenos Aires, lo que a su vez requiere de estudios exhaustivos. No es la metodología que acostumbra poner en práctica en el ingeniero Macri, por cierto. Desde hace años venimos advirtiendo que se presentan situaciones de inequidad y regresividad en las cargas del impuesto, como consecuencia de una deficiente determinación de las bases imponibles. Se subestima, en términos relativos, el valor fiscal de los inmuebles de mayor valor venal. Esta reforma, con remiendos y parches, repite este patrón de inequidad.
Llama la atención que luego de cuatro años no se revea de plano la matriz de cálculo y se establezcan, asimismo, mecanismos para captar las plusvalías urbanas que surgen de las mejoras producto de la inversión pública localizada.
Finalmente, es cierto que con esta reforma vigente, en los próximos años, el Tributo Anual Total puede converger al 1% del valor de cada propiedad en el mercado. Una proporción muy exagerada, al límite de lo confiscatorio. Con un serio agravante. No existe forma de discriminar al trabajador inquilino, al que se le termina cargando el tributo, del especulador inmobiliario o el individuo que acumula mucha riqueza en ladrillo.
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