Por Guillermo Wierzba *
El pensamiento económico neoclásico, sustento teórico de los neoliberales, no admite la intervención pública para modificar la distribución del ingreso. Reivindica el paradigma de libertad de mercado aun para la determinación de todos los precios, incluidos los de los tres factores productivos que identifica (capital, tierra y trabajo). La formación de esos precios sería, para esta corriente, consecuencia de la productividad de los factores.
De esta premisa se sigue que la estructura de ingresos de la sociedad tendría una definición meramente mercantil y estaría determinada, en lo sustancial, por el estado de la tecnología y la dotación relativa de capital, recursos naturales y trabajadores.
Los ortodoxos rematan su mirada sobre la cuestión distributiva sosteniendo que la intervención en los mercados donde se definen los precios de los factores de la producción desviaría a la economía de su óptimo provocando desequilibrios e ineficiencias.
Este enfoque tiende a descalificar, entonces, a las dinámicas sociales de disputa y negociación salarial, en tanto momentos ineludibles de la fijación de las estructuras distributivas y, en especial, abomina de la intervención del Estado en el particular. En las versiones menos radicales la ortodoxia sólo concibe como posibles las acciones puntuales y transitorias frente a graves desequilibrios. Argentina vivió durante más de dos décadas bajo políticas sustentadas en los argumentos expuestos y sufrió de modo extremo en los últimos treinta años sus consecuencias.
La utilización sistemática de impuestos progresivos responde a una mirada teórica diferente, apoyada en la validez de la intervención política en la búsqueda del bienestar. Las retenciones, herramienta de este paradigma de validez casi universal, apuntan a desacoplar los precios internos de los internacionales, a mejorar la recaudación incidiendo progresivamente sobre la estructura tributaria y a cambiar los precios relativos de los productos agrícolas (y de éstos respecto de los del resto de la economía). Son un instrumento potente para redefinir algunos precios clave. Alteran, por lo tanto, tasas de beneficios e inciden positivamente sobre el salario real.
El cuestionamiento del pensamiento ortodoxo a las retenciones, aunque bate el parche de la crítica al crecimiento del gasto público, se afinca más en el rechazo visceral a la intervención pública en el sistema de precios. La intervención del Estado resulta estratégica para la construcción de una sociedad más equitativa. Desde la trinchera del “statu quo” la condición para “congelar” la estructura distributiva es que el aumento de los ingresos de los asalariados y de otros ciudadanos de menor poder económico relativo compense la inflación y reconozca la cuantía del incremento de productividad.
La redistribución del ingreso supone, en cambio, establecer un sendero de evolución de esas remuneraciones a tasas superiores a la suma de estos dos componentes. Cuando se afirma, desde aquella trinchera, que se persigue una mejor distribución resulta pertinente, entonces, exigirles aclaren cómo se aseguran las políticas redistributivas. Estas suponen la intervención pública para corregir, y más aún, reestructurar los precios que surgen del “libre” funcionamiento de los mercados de factores.
Esta cuestión cobra especial relieve hoy, cuando se verifica un funcionamiento macroeconómico sustentable asociado a un proyecto productivista que sustituye al régimen de “valorización financiera”. La nueva etapa conlleva, necesariamente, niveles mayores de conflictividad. Redistribuir a favor de las mayorías supone una disminución de la remuneración relativa del capital y los recursos naturales (ganancias y rentas).
El estímulo de la inversión debe radicar, en tal caso, en el volumen de la producción y la sustentabilidad del patrón de acumulación. El contrato político para alcanzar una sociedad más integrada y equitativa exige los prerrequisitos enunciados que son contradictorios con la ideología económica neoliberal.
* Director del Cefid-AR
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