La política de Desarrollo Social del gobierno porteño no quiere “intermediarios” y resta poder a las agrupaciones. Su búsqueda parece ser la del ciudadano individualista.
la política social porteña parece buscar que las organizaciones sociales se transformen en sociedades de fomento y rotaries. Si bien el presupuesto se aumentó en un 30 por ciento en partidas de los sectores clave, lo que significa unos 363 millones de pesos en transferencias (subsidios, planes de trabajo, cajas alimentarias y nuevos programas de contención, como el llamado “Ciudadanía porteña”), el cambio fue metodológico. “Cambió la lógica”, dirá un funcionario. La nueva lógica indicaría que el trabajo de construcción político-social de las organizaciones no sirve más. Y que éstas sólo se valen de los recursos del Estado para hacer “caja”, “clientelismo”, etc.
El objetivo de este gobierno es que el ciudadano se movilice por cuenta propia. En el mundo feliz macrista, el ciudadano ideal no debe ser representado más que por sí mismo. La nueva práctica intenta dejar en el margen a diversas agrupaciones –mayormente de izquierda, que hasta ahora representaban el trabajo comunitario–, porque no quieren “intermediarios” manejando recursos.
“El Estado que nosotros concebimos no se relaciona con los ciudadanos a través de las organizaciones sociales sino en forma directa e individual.” Esta afirmación –como remate de una discusión que habría acabado a los gritos– se la atribuyen a uno de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social porteño, encabezado por el diputado nacional por Recrear Esteban Bullrich, que hasta junio ocupa el cargo de María Eugenia Vidal, de licencia por maternidad.
“No van a sacar un decreto disolviendo las organizaciones, pero toda su estrategia se orienta a que la relación con el pueblo sea entre el Estado y el ciudadano aislado. No quieren a las organizaciones como un lugar donde la gente se nuclea para defender sus derechos”, define Rubén Saboulard, de la Comisión de Coordinación de la Asamblea del Pueblo, un espacio surgido tras la crisis de 2001 que coordina dos comedores para trescientos beneficiarios, y hasta el reempadronamiento que instrumentó el gobierno repartía novecientas cajas de comida y 210 planes de empleo.
A TRANSPARENTAR
Ese reempadronamiento es una acción ministerial que apunta a “transparentar el destino de los recursos”, según Carlos Regazzoni, subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario (con rango de viceministro). El cruce de datos, dice, les permitió detectar un posible fraude que los lleva a tomar la decisión de no “subvencionar” más a las organizaciones.
“Estoy dispuesto a trabajar con las organizaciones, pero si llevamos el recurso directamente al ciudadano. La organización no puede estar en el medio. Es muy injusto inflar un presupuesto para que parte de las alícuotas terminen yendo al funcionamiento de una organización. No es la manera de financiar la política. Si quieren hacer política, que se inscriban como partido político, que ganen una elección, que junten votos y fondos”, dice Regazzoni. Según el planteo oficial, el 30 por ciento del dinero que se destina a subsidios en sus diversas formas –unos diez millones de pesos– fue manejado, hasta ahora, por organizaciones.
“La pregunta del millón es: ¿cuánto de ese dinero le llegaba realmente a la gente? En el programa de cajas alimentarias, 58 mil cajas por mes a 35 mil familias, se reempadronaron cinco mil. O sea que en teoría hay 30 mil personas con hambre, que necesitaban una caja de comida, que no vinieron a buscarla”, sugiere Regazzoni. “Son cajas que se utilizan para hacer clientelismo. Se distribuyen en las provincias, las recibe gente que no las necesita”, afirma.
El funcionario dice que en el futuro, la inscripción a planes alimentarios se hará también a través de los servicios zonales oficiales.
–¿La idea es que las organizaciones no manejen más ese recurso?
–Claro, porque lamentablemente pagarán algunos justos por pecadores, pero también es verdad que no se puede sostener más esta situación.
Regazzoni dice que el método para el reempadronamiento fue mandar una carta a cada uno de los supuestos beneficiarios. Pero la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre interpuso, en marzo último, un recurso de consideración con el patrocinio legal de María Fernanda Pereyra, luego de que una notificación oficial conminara a presentar a todos sus beneficiarios a un día y horario determinados para reempadronarse. “Se inflige a la gente carenciada un sacrificio extra que la perjudica. Deben así trasladarse al lugar de reiteración de trámites (…) El día elegido coincide con el inicio de las clases con la consecuente molestia y carencia”, aduce el documento para anticipar que el resultado de ese reempadronamiento iba a ser necesariamente escaso.
Otras organizaciones aseguran que ni siquiera fueron llamadas. “Nadie nos convocó”, dice Carlos Chile, secretario de Interior de la Central de Trabajadores Argentinos y titular del MTL en capital, organización que distribuye planes alimentarios para cuatro mil familias. “Con la excusa de que tienen que hacer una revisión, hace noventa días que no entregan las cajas”, se queja el dirigente, que vislumbra un futuro de conflictos con el gobierno porteño: “Nos empujan a salir a la calle”. La Asamblea de San Telmo, por su parte, ya salió. Cuando comenzó el reempadronamiento sus integrantes se manifestaron frente a las oficinas de Belgrano 858, luego de lo cual un grupo de encapuchados –que la Asamblea no reconoció como propios– provocó destrozos en los despachos.
SIN PLANES
Las asociaciones de cartoneros, verdadero escollo para esta gestión, reclaman que ni siquiera está terminado el hasta ahora único de ocho centros verdes, plantas de reciclado creadas sobre el final de la gestión anterior. “El gobierno se comprometió a enviar quince mil toneladas semanales y nos llegan sólo tres mil”, se lamenta Valentín Herrera, uno de los dos presidentes de la cooperativa Reciclando Sueños, que trabaja en el Centro Verde de Villa Soldati.
Regazzoni dice que hay proyectos para que los cartoneros se reconviertan al mercado laboral. Pero más allá de haber asistido a una reunión con otras organizaciones en el Ministerio, Herrera asegura que hasta ahora no conoce ningún plan. Lo mismo dice Virginia Pimentel, presidenta de Cartoneros, Recicladores y Organizaciones Sociales (Cryos), asociación civil que aglutina a varias cooperativas del Gran Buenos Aires que viven de lo que recolectan en la capital.
Herrera dice además que su cooperativa perdió “más de la mitad de los planes, porque aducen que fueron obtenidos para fines políticos. Somos cuarenta familias de cartoneros”.
Algo parecido ocurrió con algunos hogares y centros de ayuda comunitaria cuyo servicio dependía de subsidios estatales. El Armadero, por ejemplo, una casa de asistencia a chicos de la calle, con ocho años de trabajo ininterrumpido, debió cerrar.
“Existía una deuda del año pasado y querían que duplicáramos el trabajo y la capacidad operativa por el mismo dinero. Nosotros pedíamos un 25 por ciento de ajuste y la regularización de la deuda. Ellos dijeron que nos focalicemos en la firma del convenio, que la deuda después se iba a solucionar, lo que consideramos extorsivo. Decidimos rescindir nuestro convenio”, explica Roberto Mariani, director de la institución. El conflicto se produjo en la Subsecretaría de Promoción Social, cuya titular es María Soledad Acuña.
Regazzoni, hijo del artista plástico Carlos Regazzoni y declarado peronista, niega que haya una política de Estado para restar poder a las organizaciones. La práctica demuestra que sí la hay. Según Saboulard los funcionarios les dicen a los vecinos: “Venga solo, porque con las organizaciones no negociamos”.
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