El titular de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, evitó que se presentaran sus subalternos y se ofreció a declarar en su lugar. La oposición se negó y denunció “encubrimiento”. El auditor de la policía admitió que el personal fue reclutado por “un servicio”, primo suyo
El macrismo intentó, una vez más, vaciar de testigos la etapa final de las audiencias de la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña, que intenta establecer las responsabilidades políticas en el escándalo de las escuchas ilegales. Esta vez, el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, fue el que evitó que sus subalternos se presentaran a declarar ante los legisladores y, a cambio, se ofreció él mismo para responder las preguntas destinadas a los testigos. Los diputados opositores se negaron a tomarle testimonio e insistieron en volver a convocar a los policías, en medio de reproches cruzados con el bloque del PRO. En tanto, el auditor externo de la fuerza, Gustavo Morón, en una confusa y contradictoria declaración, terminó por admitir que la selección de personal para la nueva policía estuvo a cargo de “un servicio” que, a la vez, era su primo.
Apenas comenzó la sesión en el salón Montevideo de la Legislatura, Burzaco ingresó y se sentó entre el público, a la espera de que se leyera una carta que había hecho llegar a la presidencia de la comisión minutos antes. Allí consignó que “por cuestiones funcionales y operativas” los superintendentes de la Metropolitana Eduardo Martino, Roberto Cots, Carlos Kevorkian y los comisionados Carlos Misurelli y Alejandro Parodi no se presentarían ante los legisladores, tal como estaba previsto en el cronograma votado por todos los bloques, incluyendo al PRO. En su lugar, Burzaco se propuso a sí mismo como testigo para responder por sus subalternos, algo que fue rechazado por todos los diputados opositores. “Esto es un argot de carácter politiquero, vergonzante y patético”, lanzó furioso Fabio Basteiro, de Proyecto Sur, mirando directo hacia donde estaba sentado el jefe policial. Otros legisladores también expusieron sus argumentos para considerar inviable que el titular de la Metropolitana respondiera preguntas anteriores al inicio de su gestión, en medio de las protestas del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, que acusaba a sus pares de querer “llevarse puesto” a Mauricio Macri. “Estoy orgulloso de que el jefe de policía venga a dar la cara. Mientras tanto, no aparecen los funcionarios nacionales que son los responsables del armado de la causa. ¿Son todos kirchneristas ahora?”, desafió el macrista, lo que le valió un nuevo cruce con sus pares. El ibarrista Eduardo Epszteyn habló de “encubrimiento político”, mientras que Marcelo Parrilli, del MST, sostuvo que la decisión de Burzaco era una “obediencia debida invertida”. El jefe de policía no puede suplir esos testimonios”, explicó. Varios sostuvieron además que esta actitud sienta un mal precedente para futuras convocatorias a la nueva fuerza por parte de los legisladores.
Raúl Fernández, de Encuentro Progresista, mocionó que se reitere su citación. “Así como tiene tiempo para venir a dar una conferencia de prensa, no entiendo cómo no tiene tiempo para presentarse como testigo”, dijo en alusión a Martino, que se presentó algunas semanas atrás junto a Burzaco, para defender la compra secreta de aparatos para realizar contrainteligencia, denunciados por la oposición. Apenas se decidió volver a convocar a los jefes policiales por la fuerza pública –si la Justicia lo admite–, Burzaco se levantó de su silla y se retiró de la sala, seguido por un batallón de asesores.
Luego fue el turno de Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos. Explicó el mecanismo por el cual antes de ascender a policías federales se confrontan sus legajos con el Archivos de la Memoria para constatar si participaron de la dictadura militar. “Policías provinciales también nos han consultado. No así la Ciudad de Buenos Aires”, agregó en alusión al proceso de selección de personal que se hizo para la nueva fuerza.
Durante el último tiempo, la estrategia investigativa de la oposición dio un giro para centrarse en la conformación de la fuerza policial. Así cobró relevancia el testimonio contradictorio y lleno de evasivas del auditor Morón, que es vecino del ministro de Justicia, Guillermo Montenegro. El auditor externo terminó por confesar que su primo Pascual Mazzeo fue contratado, a través de la Universidad de Tres de Febrero, para asesorar al ministerio en la selección del personal de la Metropolitana. “Era pluma”, reconoció, lo que, en la jerga significa que “realizaba servicios de inteligencia”. Morón dejó traslucir que la manera en la cual se eligió a los primeros 69 policías, a través de universidades, intentó ocultar las incompatibilidades de su función como federales con las de su nuevo cargo. El testigo, en tanto, intentó desacreditar el testimonio de Adalberto Ontiveros, que dijo que “todos” en la PM sabían quién era el espía Ciro James. Los macristas debieron correr más de una vez en su auxilio, y no pudieron disimular su preocupación durante las vacilaciones que ofreció el testigo ante la mayoría de las preguntas. Los miembros de la comisión recibirán hoy al ex titular de la SIDE Miguel Angel Toma.
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