El jefe de Gobierno Mauricio Macri vetó la ley que creaba un laboratorio estatal para proveer de medicamentos al sector público. Una nueva traba para que el derecho a la salud sea una realidad para todos los porteños.
Por Martina Noailles
Para la Cooperativa de Editores de Publicaciones EBC
Aunque para la industria farmacéutica constituyen una mercancía, no hay duda de que los medicamentos son un bien social. La dimensión económica que los instala -como lo hace con tantas otras cosas- como un bien de mercado, obstaculiza el derecho de todas las personas a acceder a ellos y muchas veces (muchas, demasiadas) condena a muerte a vidas que están fuera del siniestro juego de la oferta y la demanda.
En la Ciudad de Buenos Aires, un gran porcentaje de la población no cuenta con cobertura médica. Hace algunos meses, durante la campaña a jefe de Gobierno, Mauricio Macri prometió implementar políticas para mejorar la salud pública de los habitantes del suelo porteño. A tres semanas de asumir su cargo, el empresario utilizó su poder de veto como si defendiera intereses privados.
La ley que Macri se negó a promulgar creaba el Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos, una excelente herramienta para proveer de remedios al sector público y garantizar, así, la accesibilidad a los sectores más desprotegidos.
La ley 2566 se había aprobado el 29 de noviembre durante una de las últimas sesiones de la vieja Legislatura y el mismo día que los diputados porteños otorgaron superpoderes al jefe de Gobierno para contratar obras por hasta 150 millones de pesos en escuelas públicas, sin pasar por los mecanismos habituales de control.
Si bien el proyecto de crear un laboratorio público en la ciudad venía siendo impulsado desde hace años por distintos legisladores, su tratamiento siempre había sido boicoteado. Cuando finalmente la iniciativa llegó al recinto, parecieron verse otra vez esas trabas: la ley debió votarse en particular cuatro veces por un presunto mal funcionamiento del sistema electrónico de votación.
El resultado final fue 22 a 21, con la votación positiva del kirchnerismo, la Coalición Cívica y la izquierda, y la oposición del macrismo, cuyos legisladores respaldaron un dictamen de minoría que restringía los alcances del futuro laboratorio a la elaboración de los medicamentos llamados “huérfanos”, es decir, aquellos que no son desarrollados por la industria farmacéutica por su baja rentabilidad. Nada de perturbarles el negocio.
Las razones
Toda ley cuenta con 10 días hábiles para que el jefe de Gobierno la promulgue o la vete. En caso de no hacerlo, la norma queda promulgada automáticamente. En este caso el plazo se cumplía el 2 de enero y fue exactamente ése día a última hora que Macri firmó el decreto 2135 de veto total.
La única explicación de esta decisión la dio, dos días después, el vocero del ministro de Salud Jorge Lemus quien argumentó que “el veto se debió a que la Legislatura decidió crear el laboratorio sin contemplar que no se había incluido la partida necesaria en el presupuesto 2008”. El vocero no supo responder porqué se recurrió al veto total sin antes barajar otras variantes que no frenaran de lleno la creación del laboratorio.
En cuanto al financiamiento, la ley establecía que el laboratorio no sólo recibiría fondos del presupuesto del Gobierno porteño, sino que también contaría con recursos propios del comercio de especialidades medicinales producidas, donaciones de particulares o instituciones, e ingresos de prestaciones, docencia e investigación.
“La Ciudad debe garantizar el acceso a los medicamentos de toda la población. Su objeto no sólo debe ser la elaboración de las llamadas drogas "huérfanas" sino también la fabricación, a menor costo, de algunas drogas esenciales que puedan abastecer la red hospitalaria pública y neutralizar potenciales maniobras oligopólicas”, señaló a la Cooperativa EBC la ex legisladora del Frente para la Victoria Ana María Suppa, quien junto a su compañera de bloque Beatriz Baltroc habían impulsado la ley como vicepresidentas primera y segunda de la comisión de salud.
Al conocer la noticia del veto, Suppa opinó que “Macri declama preocupación por la salud pero estas palabras no se corresponden con las decisiones que está tomando. Lo que comprueba que carece de sensibilidad social, algo fundamental para quien gobierna porque la salud es una inversión y no un gasto”.
La importancia de un laboratorio público
La ley que vetó Macri otorgaba al laboratorio la función de “desarrollar, elaborar, fraccionar, controlar y asegurar la calidad y comercialización de drogas y medicamentos para la atención primaria y hospitalaria del sector estatal, así como la capacitación de recursos humanos, la investigación y desarrollo en estos campos”. Y establecía que debía producir no sólo medicamentos huérfanos sino otros “que se consideren básicos o imprescindibles para atender los problemas de salud de los sectores más desprotegidos”.En una situación como la crisis de 2001, por ejemplo, el laboratorio hubiera tenido un rol decisivo para producir remedios en medio del desabastecimiento.
El médico sanitarista y director del Hospital Argerich Donato Spaccavento destacó el valor de que la ciudad cuente con un laboratorio de esas características. “La salud es un derecho humano. Muchas personas enfermas por falta de recursos eligen dar de comer a sus hijos en lugar de comprar medicamentos. Por eso es esencial que el Estado se haga cargo de una canasta de 100 medicamentos que se distribuyan a través de los programas nacionales”, sostuvo y aclaró que “la Ciudad tiene los recursos tecnológicos y humanos para hacerlo”.
En Argentina existen 37 laboratorios de producción de medicamentos estatales en funcionamiento, mayormente dedicados al abastecimiento local (ver recuadro). Estos laboratorios públicos producen en su mayoría fármacos de uso masivo, “medicamentos básicos esenciales” de tipo ambulatorio para utilizase principalmente en la Atención Primaria de la Salud, tanto de Unidades Sanitarias como de Farmacias Hospitalarias que resuelven nada menos que entre el 80 y el 85 por ciento de las necesidades de la población.
Para tener una idea comparativa, los 9 laboratorios hoy habilitados por la Anmat tienen capacidad de producir más de 700 millones de unidades por año, lo que representa aproximadamente el doble de todo lo que provee anualmente el Plan Remediar.
En la Ciudad de Buenos Aires funciona un laboratorio similar, modelo que según la ley vetada hubiera servido de base para el frustrado nuevo ámbito de producción.
El Taller Protegido Número 4, dependiente de Salud Mental, produce en un predio del Neuropsiquiátrico Moyano psicofármacos, medicamentos para tuberculosis (el único que lo hace en el país), un 30 por ciento de medicamentos esenciales y drogas huérfanas, como la indicada para el Chagas, que ya no se fabrican en los laboratorios comerciales. De allí salen unos 500 mil comprimidos mensuales de medicamentos que abastecen el sistema hospitalario público.
La paradoja es que funciona en un lugar que no posee las condiciones para que sea habilitado por la Anmat, por lo cual no puede distribuir su producción en otras provincias: debe hacerlo a través del Ministerio de Salud de la Nación. Si la ley se hubiera promulgado, el Taller junto al Laboratorio estatal porteño se hubieran instalado en el Polo Farmacéutico que se construye en Lugano para laboratorios privados.
“Además de crear un laboratorio estatal es importante desarrollar programas de control de calidad. Estas medicinas deben tener las mismas garantías que cualquier droga de laboratorio privado, sino se terminará produciendo medicinas de pobres para pobres”, advierte Spaccavento.
Sería interesante y hasta un deber del flamante jefe de Gobierno explicar a la sociedad por qué vetó una ley que hubiera modificado sustancialmente la situación actual, mejorando la accesibilidad a los medicamentos a los sectores sin cobertura médica, asegurando la calidad de los productos, ahorrando recursos al Estado, propiciando la investigación y el desarrollo en el área farmacéutica, y generando puestos de trabajo y centros de desarrollo en la Ciudad.
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Los laboratorios estatales en el país
Desde septiembre pasado, 21 de los 37 laboratorios estatales que existen en Argentina conformaron la Red Nacional de Laboratorios Públicos Productores de Medicamentos, que agrupa a laboratorios municipales, provinciales y nacionales con el objetivo de promover la investigación y la producción de medicamentos a menor costo que los que se elaboran en laboratorios privados, y también para elaborar aquellos que perdieron interés comercial para las empresas farmacéuticas, simplemente porque se trata de enfermedades de personas de bajo o nulo poder adquisitivo.
La creación del laboratorio estatal en la Ciudad había recibido el apoyo de la Red.
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