La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) denuncia al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por la suspensión del derecho a la salud de una mujer violada y víctima de trata, que había solicitado la interrupción de su embarazo. El aborto no punible se iba a realizar hoy en el hospital Ramos Mejía, de acuerdo a los lineamientos determinados por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la intervención fue suspendida debido a un recurso de amparo presentado por una ONG llamada Pro Vida y vinculada a sectores ultra católicos.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) denuncia al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por la suspensión del derecho a la salud de una mujer violada y víctima de trata, que había solicitado la interrupción de su embarazo. El aborto no punible se iba a realizar hoy en el hospital Ramos Mejía, de acuerdo a los lineamientos determinados por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la intervención fue suspendida debido a un recurso de amparo presentado por una ONG llamada Pro Vida y vinculada a sectores ultra católicos.
El propio Macri, autor de un veto al protocolo de atención de abortos no punibles aprobado por la Legislatura, anunció el jueves pasado que hoy se realizaría el aborto. Tal difusión despertó sospechas entre los movimientos feministas, que le achacan al alcalde haber preparado así el terreno para que alguien solicitara el amparo.
Esta situación supone un retroceso inaceptable para las mujeres y tiene un impacto en el conjunto de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso la CTA expresa:
No es el primer aborto no punible que se iba a realizar en la Ciudad. Siempre se hicieron abortos en el marco de la Ley vigente en la ciudad de Buenos Aires.
Desde el año 1921 el código penal establece en el artículo 86 incisos 1 y 2 estos permisos, siendo una legislación de alcance nacional. Sólo está en debate el procedimiento de salud para hacerla efectiva, especialmente a partir del fallo de la Corte Suprema de marzo de 2012 que reclamó a las provincias establecer protocolos para la atención de los abortos no punibles.
Responsabilizamos a Mauricio Macri, por la vulneración del derecho de esta mujer a la práctica de aborto no punible, por la re-victimización que está sufriendo, por violación del derecho a la intimidad y por todas las consecuencias que esta desagradable situación pueda ocasionarle.
Reclamamos al gobierno de la ciudad se presente de manera urgente un recurso en el juzgado donde se tramitó el amparo presentado por el grupo denominado “pro familia” para dejar sin efecto la suspensión de la práctica y que se garantice de manera inmediata la interrupción del embarazo, protegiendo a la mujer del accionar de estos grupos anti.-derechos.
Exigimos que se promulgue la Ley de aborto no punible recientemente sancionada en CABA
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