Pedal. Tras su luna de miel, Macri quiso salir del paso inaugurando el “bicing”.
Antes de que termine el año, el jefe de gobierno enfrentará una nueva indagatoria por la patota de la UCEP. Los otros expedientes que amenazan su sueño presidencial.
Por Carlos Romero
01.El 2010 quedará en la memoria de Mauricio Macri como el año en que vivió bajo la sombra de la Justicia, con un manojo de causas ensombreciendo sus aspiraciones políticas y obligándolo a hacer eso que tanto detesta: dar explicaciones por sus actos. Y el 2011 no pinta mejor.
De hecho, el año judicial aún no terminó para el jefe de gobierno porteño. Antes de que se agote diciembre, Macri deberá volver a sentarse al menos una vez más en el banquillo de los acusados, de donde podría levantarse con un nuevo procesamiento en su contra. Eso sí, podrá ir a tribunales en bicicleta.
Estas son las cuatro causas que, con distinta intensidad, acechan al ingeniero:
-El escándalo inagotable de las escuchas ilegales, que tiene jaqueado a su gobierno y que salpica a Macri tanto en el frente político como en su intimidad familiar.
-El polémico y millonario contrato por la concesión del mobiliario urbano, que habla de la injerencia de intereses privados en negocios con la administración pública.
-La investigación por el violento accionar que la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) desplegó en las calles de la Capital Federal, mostrando el rostro más reaccionario del macrismo.
-Y la reciente acusación por el armado de una supuesta licitación “llave en mano” en la contratación del servicio de ART para los empleados de la ciudad.
Cada uno a su tiempo, estos cuatro expedientes fueron conformando para el ingeniero una suerte de “noche judicial” que comenzó a gestarse en 2009, que lo persiguió durante 2010 y que alcanzará su clímax en 2011, cuando Macri deba hacer malabares entre sus obligaciones en los tribunales y las exigencias de una campaña electoral que sigue sin definir. Dos situaciones íntimamente ligadas.
Sucede que a partir de estas dificultades con la ley y los traspiés de su gestión, el jefe comunal también comenzó a derrapar en las encuestas y a sumar conflictos en las filas de su partido.
El detonante fue el affaire del espionaje porteño, donde el líder del Pro está procesado por el juez federal Norberto Oyarbide y la Cámara Federal. En ambas instancias, el ingeniero fue encontrado sospechoso de integrar una asociación ilícita dedicada a “pinchar” teléfonos.
Por lo pronto, el próximo 15 de diciembre se conocerá el dictamen de la Comisión Especial de la Legislatura que investiga el caso. En el Pro aseguran que la comisión no podrá avanzar sobre el pedido de un juicio político contra Macri, y que en cambio cargarán las tintas sobre su ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro. El legislador de Igualdad Social y presidente de la comisión, Martín Hourest, aseguró: “En todo este tiempo el Pro trató de vaciar de contenido a la comisión investigadora y ha sido permanente su estrategia de echarle la culpa al gobierno federal”.
Pero no es lo que digan en el Parlamento lo que más preocupa en Bolívar 1, sino el expediente judicial, donde es probable que antes de fin de año se pida un careo entre el ex ministro de Educación Mariano Narodowski y su ex jefa de Gabinete, Rosana Barroso, que dieron ante Oyarbide versiones encontradas sobre la contratación del espía Ciro James.
Con ese panorama, el oficialismo tiene sensaciones encontradas. La feria judicial de enero le dará a Macri un impasse que podría prolongarse hasta marzo, pero con los plazos de la Justicia cada vez más cerca del cronograma electoral, en 2011 el jefe de gobierno podría verse alternando los actos proselitistas con las sesiones del juicio oral.
Fuera de estas proyecciones, hoy por hoy la atención del Pro está puesta en otros dos expedientes picantes. En el caso del mobiliario urbano, Macri está imputado por “administración fraudulenta”, luego de que en mayo pasado la Cámara del Crimen revocara su sobreseimiento y el de otros funcionarios del Pro, entre ellos el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta y el ex ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo Piccardo.
En la causa que lleva el juez Eduardo Botto se investigan presuntos delitos en la concesión de la cartelería de la ciudad a favor de Publicidad Sarmiento SA, empresa de los hermanos Terranova, quienes según la acusación habrían presentado documentos apócrifos.
Si bien el juez Botto aún no llamó a Macri a prestar declaración indagatoria, en el Pro lo dan por descontado y no pierden de vista que en la causa ya están procesados Piccardo y otros dos ex funcionarios.
Propios y ajenos reconocen que en este expediente Macri tiene mucho más en juego que en el de las escuchas telefónicas. Para el legislador Eduardo Epszteyn, de Diálogo por Buenos Aires, esto se debe a que la concesión “es un verdadero escándalo” y que “en la causa se comprueba que la contratación estuvo armada para beneficiar a la empresa de los Terranova”. En ese sentido, Epszteyn detalló que “se comprobó que Publicidad Sarmiento presentó certificados falsos, que la Comisión Evaluadora realizó interpretaciones contrarias a la ley de compras, que el jefe de gobierno suscribió el decreto de adjudicación conociendo el procesamiento de los Terranova, y que casualmente el gerente de la empresa, Orlando Terranova, fue candidato a concejal por el Pro mendocino en las últimas elecciones”.
Donde sí ya hay fecha de citación para Macri es en el caso de la UCEP. Imputado en los supuestos delitos de “lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, el próximo 10 de diciembre el ingeniero deberá presentarse ante el juez Facundo Cubas por la pila de denuncias contra la patota de la UCEP. También fue llamado a prestar indagatoria el ex ministro Piccardo y una veintena de los miembros de la unidad que funcionó entre 2008 y 2009.
Para la diputada nacional de Proyecto Sur Liliana Parada, que en 2008, como legisladora porteña, presentó la denuncia que inició la investigación sobre la UCEP, la patota fue “un piloto de prueba, previo a la creación de la Policía Metropolitana”. Parada consideró que ese cuerpo integraba el “plan” del macrismo respecto del espacio público. Agregó que la connivencia quedó en evidencia cuando el Pro, que “no aceptó en ningún momento la disolución de la UCEP hasta que su accionar tomó estado publico”, comenzó a reubicar a los agentes en otras áreas, “lo que es una maniobra de ocultamiento y demostró que en definitiva ellos respondían a órdenes”.
En cuanto a la última denuncia penal contra Macri, fue presentada por el legislador Marcelo Parrilli, del bloque MST-Nueva Izquierda. Ante la jueza María Fontbona de Pombo, Parrilli acusó al ingeniero; a su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y al director de Compras y Contrataciones, Lisandro Greco, de “diseñar el pliego licitatorio para que resulte ganador un único oferente”, en referencia a la aseguradora de riesgos del trabajo Mapfre. Ante los posibles delitos de “cohecho y violación de los deberes de funcionario público”, Parrilli pidió la “inmediata suspensión del curso de la licitación”.
Así las cosas, parece que en 2011 Macri tendrá que darle varias explicaciones a la Justicia.
Todas las que no dio en 2010.
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