¿Una nena o una incubadora?

Por Mariana Carbajal ¿Quién puede dudar de que un embarazo producto de un abuso sexual puede afectar la salud de una niña de 11 años? No hay que ser médico para intuirlo. Ni siquiera tiene desarrollados los pechos. Ni tiene vello en el pubis. Pero el ministro de Salud de Entre Ríos pretende convertirla en una incubadora para que lleve a término una gestación que no eligió. La niña no sólo vive el sufrimiento mental causado por el ataque sexual, denunciado en la Justicia. Es de presumir que enfrenta el sufrimiento psicológico asociado con la pérdida de la integridad personal. Situaciones como una violación pueden afectar la salud de las mujeres, física y mentalmente, advierte el libro Causal Salud. Interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos (2008), publicado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Flasog), entre otras entidades. El libro analiza en profundidad uno de los supuestos de permiso legal para el aborto consagrados en la mayoría de los países de América latina y el Caribe, entre ellos la Argentina, y es el que se refiere a cuando la gestación pone en riesgo la salud de la mujer. El trabajo, en el que participaron destacadísimas especialistas del continente, plantea que el derecho a la salud debe ser entendido en un marco efectivo de protección de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, “como interdependientes de los derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la no discriminación, la igualdad, la intimidad, la privacidad, así como a estar libres de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ha sido caracterizada la continuación forzada de un embarazo o la falta de acceso a la interrupción legal de éste cuando la salud está en riesgo”. El libro señala también que una de las facetas que expresan una afectación de la salud, en su dimensión social, es el proyecto de vida. Es decir, “si la gestación interfiere con ese proyecto, se afectará la salud”. De la misma forma que si el embarazo “fuerza a una mujer a abandonar el sistema educativo o a reducir sus expectativas de educación”. Sería muy valioso que el juez de Familia de Concordia, que tiene en sus manos por estas horas la posibilidad de gravitar en el futuro de esta niña, tome en cuenta estos argumentos. De todas formas, el caso nunca debió llegar a la Justicia. Debió resolverse en la intimidad de un consultorio de un hospital público, como claramente indica el Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violación Sexual y la Guía Técnica de Atención Integral de los Aborto No Punible, elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué el ministro Juan Manzur elige el silencio en lugar de defender la salud de una niña de 11 años? La ley avala su pedido para abortar. “Quiero volver a ser como antes”, les habría dicho a sus familiares. Es de esperar que no se dilate la resolución judicial y que tampoco –como en otros casos recientes– se pretenda obstaculizar la interrupción de embarazo atemorizando a la mamá, diciéndole que el aborto podría ser riesgoso para la salud y la vida de la niña. Hoy su salud corre riesgo. Y su pedido debe ser escuchado. Cuando los derechos de una niña quedan en segundo plano UN MINISTRO DICE QUE LA NENA DE ONCE AñOS ABUSADA PUEDE CONTINUAR CON SU EMBARAZO El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, afirmó que la salud de la niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de un abuso sexual y reclama un aborto no punible no correría riesgo si continúa adelante con la gestación. “Me baso en los especialistas que dicen que puede seguir el embarazo como muchísimas adolescentes, acá repercutió por un pedido de los familiares, pero embarazos adolescentes hay acá, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica, es un tema en la salud pública, no es algo aislado”, señaló Cettour. El ministro, que es médico especialista en cirugía, se basó en el informe del Hospital Masvernat, de Concordia, que realizó estudios a la nena, a solicitud del Juzgado de Familia de esa localidad entrerriana, donde recayó el pedido de una autorización para llevar adelante la interrupción del embarazo. Sus dichos generaron polémica. “El ministro se equivoca como médico porque sí hay riesgo para la salud y la vida de la niña. Incluso una cesárea, que es lo que padecerá si no interrumpe el embarazo, también puede ser un riesgo para ella”, replicó Mabel Bianco, médica, presidenta de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM) e integrante del comité coordinador del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders). Otras especialistas también advirtieron que un embarazo en una niña de once años es de “alto riesgo” y aconsejaron tener en cuenta, además de los daños físicos, el impacto psíquico para ella durante y después de la gestación. El embarazo lleva 11 semanas y media. En realidad, no es necesario ningún permiso judicial para realizar el aborto que solicitó la madre de la niña, en su condición de representante legal. En casos de violación o cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, el Código Penal establece que el aborto no es punible. Sin embargo, por desconocimiento, dudas de los médicos o trabas arbitrarias, se suele exigir una venia de un tribunal. En diálogo con Página/12, el director del Hospital Masvernat, Orlando Elordi, dijo ayer que “si hay una orden judicial” realizarían allí la interrupción del embarazo a la niña. Elordi informó que un comité de obstetras y un grupo de pediatras examinaron el lunes a la niña y concluyeron que “está perfectamente bien”. –Personalmente, ¿qué le parece que una nena de 11 años sea obligada a continuar con un embarazo producto de un abuso sexual? –le preguntó este diario a Elordi. –Es una nena con aspecto de nena. Aunque es bastante grandecita, pesa 45 kilos. Pero no tenemos que olvidarnos que tiene 11 años. Si la Justicia así lo ordena va a tener un embarazo normal, pero ella no va a tener noción de la maternidad. Yo pienso que para ser una madre es muy chica. Pero no entro en la cuestión legal. Si la Justicia lo habilita se hará (el aborto) –respondió el director del Masvernat. Llamativamente, el ministro Cettour consideró que “el caso no entra dentro de las pautas legales en las que debe permitirse interrumpir el embarazo”. Y agregó: “Una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea”. Especialistas de distintos ámbitos salieron a replicar sus declaraciones. Incluso, otro funcionario del mismo gobierno provincial, el titular de Rehabilitación y Reparación de Derechos del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Entre Ríos (Copnaf), Daniel Cottonaro, advirtió sobre la fragilidad en la que se encuentra la niña. Desde el Copnaf se pusieron en contacto con su familia, dijo el funcionario. “Nosotros tenemos un protocolo ante los casos de abuso porque el exceso de intervenciones puede revictimizar a la niña”, dijo y detalló que su equipo pudo tomar contacto con la madre, pero no con la niña “porque se encuentra shockeada y hay que ser muy cautelosos en el trato”. Bianco, directora de FEIM, denunció que “las autoridades de Salud provincial y nacional son responsables de negar el derecho a la vida a esta niña”. “Desconocer que en este caso se aplica el artículo 86 del Código Penal y que no era necesario judicializarlo porque se trata de un aborto terapéutico no punible –con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre– es una muestra de ignorancia. Por otra parte, cuando hay relaciones sexuales con niñas menores de 13 años siempre decimos que han sido forzadas porque a esa edad hay muchas dificultades para dar un consentimiento en una relación”, explicó Bianco. Y añadió: “Pero en un médico es más grave desconocer que a los 11 años aún no se ha completado la osificación y esta niña tiene serios riesgos de sufrir un problema óseo pélvico que la deje deformada e inclusive que la ponga en riesgo de vida”. Alicia Figueroa, ginecóloga del Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires y ex directiva del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam), sostuvo que “cuando una mujer entra en la pubertad es porque tiene la capacidad biológica de concebir”. Pero alertó que “si estamos hablando de una niña de 11 años, se está en presencia de un embarazo de alto riesgo con compromiso materno y también de parto prematuro”. Figueroa explicó que “una chica de esa edad embarazada puede sufrir ciertas patologías durante la gestación, como rotura de membranas, preclampsia y eclampsia con desniveles de la presión arterial que compromete su salud”. Además, opinó que “una niña de 11 años es inmadura para ser madre, sufrió un daño grave como un abuso y hay que tener en cuenta además, su salud mental ante un embarazo”. También opinó sobre el caso Irene Meler, doctora en psicología y coordinadora del Foro Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Meler coincidió en que “una chica de 11 años no está preparada ni física ni psicológicamente para ser madre”. Recordó que la nena “fue víctima de un abuso” y añadió que “hay que tener en cuenta el sentido del aborto, porque puede liberar del cuerpo de esa niña lo que ella no eligió”. Por otra parte, Meler destacó que “es más traumático que un aborto el llevar adelante un embarazo producto de una relación problemática” y dijo que “el daño psicológico que le puede dejar el aborto es infinitamente menor a lo que significa tener un hijo en esa circunstancia”. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, formada por más de trescientas ONG del país, se exigió “a la Justicia provincial y, en particular, a los tribunales de Concordia que cumplan con la legislación vigente que garantiza el acceso al aborto no punible”, ya que se trata de un embarazo que proviene de una violación” (ver aparte). La niña vive en la localidad de General Campos, cercana a Concordia, junto con su mamá, su padrastro, una abuela y un hermanito. La familia es muy humilde. Con el asesoramiento legal de la abogada Susana Benítez, el lunes la mamá presentó el pedido de una autorización para que le hagan un aborto no punible, con el fundamento de que corre riesgo su salud, es decir, se encuadró el reclamo en el inciso 1 del artículo 86 del Código Penal. Aunque también podría enmarcarse en el 2 inciso, al ser el embarazo producto de un abuso sexual. La solicitud recayó en el Juzgado de Familia de Concordia, a cargo de Raúl Tomaselli. Ayer por la tarde, el magistrado convocó a una audiencia informativa en la que participaron la niña, su madre, la abogada Benítez, además del defensor pupilar civil, Alfredo Russo, en nombre de la nena. Desde Conders-Entre Ríos, Carolina Comaleras consideró que “es absurdo pensar en pedirle autorización a un juez para hacer algo que está expresamente permitido en el Código Penal y resulta por lo tanto no punible”. El Conders es una red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Comaleras recordó que el 19 de agosto de 2011 se realizó en el Hospital Masvernat, un seminario provincial sobre Marcos Legales para Referentes de Salud Sexual, Reproductiva y Salud Integral de las/los Adolescentes “destinado a los equipos de salud de hospitales y centros de salud, con el propósito de garantizar los derechos sexuales y reproductivos”. “Concurrieron 130 personas de 12 departamentos. Evidentemente algunos faltaron”, apuntó, luego de conocer el informe de los médicos que avalaron que la niña siga con el embarazo, y además, exigen una autorización judicial para llevar adelante el aborto no punible. La investigación por el abuso sexual tramita en el departamento judicial de Colón y está a cargo del fiscal Juan Malvasio. Según relató la niña, en Cámara Gesell, el abuso habría ocurrido cuando fue a visitar a un abuelo y el culpable sería un amigo de un vecino que tendría 17 años, y ya estaría identificado, aunque por su edad es inimputable.