Por Agustín Calcagno *
Desde el 10 de febrero de 1912, en que fue promulgada la llamada Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio universal, secreto y obligatorio, los argentinos vivimos bajo un sistema político llamado Sistema Representativo Republicano. Y si bien fue constantemente avasallado a lo largo del siglo XX por muchos golpes de Estado, desde hace más de dos décadas es la forma que hemos consensuado para regir los destinos de nuestra nación.
Este sistema político tiene dos características principales: la republicana (constituido de tres poderes que son los que deben establecer las leyes, ponerlas en práctica y controlarlas) y la representativa (los representantes de dos de estos tres poderes son designados por la voluntad popular expresada a través del sufragio). Según la Constitución Nacional “toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste comete delito de sedición”.
Las entidades que representan a las pequeñas, medianas y grandes empresas agropecuarias están convirtiendo un reclamo sectorial en un abierto desafío a la Constitución Nacional. En primera instancia al arrogarse para sí el derecho de representación política y pretender tomar decisiones para las cuales existen autoridades pertinentes, ya que “el gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado (entre otros elementos) del producto de derechos de importación y exportación”.
En los sistemas corporativos, las decisiones políticas eran tomadas justamente por corporaciones representantes de cada una de las áreas que tenían algún interés frente a cada tema de la agenda de Gobierno (como podía ser la suba de impuestos o de derechos de exportación).
Este tipo de sistemas, característicos de los regímenes autoritarios, no se aplican desde hace décadas en ninguna parte del mundo, porque se ha demostrado que la mayoría de las personas no está representada efectivamente por ninguna corporación y que, en consecuencia, el corporativismo es una forma de gobierno de elites y una máscara pluralista para el autoritarismo. En su lugar, se han impuesto regímenes democráticos en los cuales se considera al voto popular como la única forma de acceder a la representación legítima del pueblo.
El conflicto agropecuario que atravesamos actualmente no es una huelga gremial sino un lockout patronal, ya que los que cortan las rutas no son trabajadores reclamando por sus salarios o mejores condiciones de empleo, sino empresarios, que más allá de su aspecto físico o del tamaño de su renta, tienen intereses sectoriales que confluyen, es decir, intereses corporativos.
Y que actualmente aspiran a tomar decisiones de corte económico que corresponden al gobierno nacional, como queda claramente expresado en el comunicado del día 27 de mayo en el cual se intenta establecer nuevos derechos de exportación y comercialización a través del uso de la fuerza mediante el corte de rutas.
Desde el miércoles 28/5 a las 0 hora y hasta el lunes 2/6 a las 24, cese de comercialización de granos con destino a exportación.
Y desde el jueves 29/5 a las 0 hora hasta el mismo lunes 2/6 a las 24, cese de comercialización de hacienda vacuna con destino a faena.
Asimismo, se pretende imponer una agenda política a los poderes del Estado nacional y provinciales:
Desde el martes 3/6 y hasta el viernes 6/6, establecer campamentos en las plazas de las cabeceras de comunas y partidos, visitando intendentes, profundizando la campaña de recolección de firmas y, a la vez, realizar marchas a las capitales de aquellas provincias que aún no han recibido al sector agropecuario.
A partir del lunes 9/6, reforzar y profundizar las acciones sobre el Parlamento con el objeto de lograr por la vía legislativa las soluciones que el sector necesita.
Este documento, al que supongo involuntariamente han dado en llamar “comunicado”, ha sido reproducido por todos los medios masivos, y lamentablemente es inevitable no trazar un paralelismo con los viejos comunicados radiales de la dictadura militar. Esta nueva junta, ya sin gorra verde pero con botas, ha pasado el límite del respeto a la Constitución, y el gobierno nacional tiene el deber de intervenir de forma inmediata para defender los derechos de sus ciudadanos.
Las decisiones de los gobiernos popularmente elegidos pueden ser cuestionadas, aplaudidas o abucheadas, pero deben ser respetadas, por lo menos mientras vivamos en un sistema democrático representativo. En todo caso, si lo que está en cuestión es su vigencia, la Constitución prevé mecanismos de reforma, claro está, luego de conseguirse los votos necesarios.
Todos los gobiernos, desde la última dictadura, han soportado protestas de diversa índole, más o menos populares, más o menos respetuosas del derecho a la libre circulación de personas y bienes, más o menos violentas, pero ninguno hasta ahora ha sido tan atacado a pocos meses de reafirmar su legitimidad en las urnas. Menos aún por sectores a los cuales todos los argentinos favorecemos con un tipo de cambio a su medida y subsidios de toda índole, y que nos retribuyen con altísimos precios y desabastecimiento.
Lo que los empresarios agropecuarios, y quienes los apoyan, comenzaron a poner en tela de juicio luego del superconvocante acto rosarino, es el derecho del Estado a tomar decisiones y la legitimidad de un gobierno elegido por 8.204.624 personas. Eso no es democrático por más progresistas que se digan algunos de sus dirigentes, y no debe ser tolerado si pretendemos resguardar la democracia.
* Politólogo, docente de la UBA.
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