Mauricio Macri entregará 200 mil computadoras portátiles por 274 millones de dólares. El Gobierno Nacional entregará 3 millones de PC y notebooks por 750 millones de dólares
Los cálculos presupuestarios de la administración porteña de Mauricio Macri son, como mínimo, extraños. En los hechos, son varios los referentes de diferentes bloques de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que no dudaron en calificar como “un escándalo” la decisión de preadjudicar a la empresa Prima S.A., propiedad del Grupo Clarín, por 274 millones de dólares una licitación para la promocionada adquisición de 178 mil netbooks para alumnos y 16 mil notebooks para docentes, además de la interconexión digital de las escuelas públicas primarias porteñas. Un proyecto para el que el legislativo porteño autorizó un total de 224 millones de dólares.
El plan incluye una prueba piloto que se lanzó en abril de 2010, en seis escuelas del Bajo Flores y Parque Patricios. Sin embargo, el escándalo estalló la semana pasada. Fue luego de que la decisión de Macri quedara formalizada mediante la Resolución Nº 2002 del Ministerio de Educación porteño, que conduce Esteban Bullrich. Según puede leerse en el Boletín Oficial, la empresa beneficiada es Primera Red Interactiva de Medios S.A. (Prima S.A.), única oferente del proceso licitatorio nacional e internacional convocado. La adjudicación y el monto implicado generaron tantas sospechas que un grupo de legisladores, entre los que se encuentran, Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro), Eduardo Epzstein (Diálogo por Buenos Aires) y Francisco Tito Nenna (Frente para la Victoria), consensuaran solicitar en los próximos días un pedido de informes al Ejecutivo porteño.
La resolución de la administración macrista, suscripta por el propio Bullrich el 28 de marzo pasado, disparó también una presentación judicial, en este caso del ingeniero Claudio Ariel Garbarz, ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal por el presunto delito de “malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según el especialista de la Universidad Tecnológica Nacional, “en las peores condiciones económicas para el erario público de la Ciudad de Buenos Aires esta contratación de servicios y equipamientos informáticos integrales no puede superar los 82 millones de dólares”.
Dudas que se agigantan. Según trascendió, la compañía Prima S.A. –radicada en el distrito tecnológico que impulsa Macri en la zona sur de la ciudad– embolsará en una primera etapa casi 55 millones de dólares de un contrato que se extenderá durante cinco años. Fuentes del sector subrayan que la firma –cuya actividad principal declarada quedó constituida en 2003– tuvo hasta el momento poca participación en el mercado. Su constitución se remonta, sin embargo, a 1999. En 2007, la firma que integra el holding que conduce Héctor Magnetto se fusionó con Multicanal, Cablevisión y Fibertel. La operación quedó anulada mediante una resolución adoptada por el Ministerio de Economía en marzo del año pasado. No obstante, la revocación de la licencia de Fibertel dejó en condiciones de operar a Prima.
Las dudas que genera la preadjudicación del Gobierno porteño se agigantan si se tiene en cuenta la exposición concretada por el subsecretario de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos, Mario Enrique Terzano. Fue el 9 de noviembre pasado, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, durante el debate sobre el Presupuesto 2011. “En cuanto al plan de educación digital, hemos pasado a una cifra de inversión muy importante: 224 millones de pesos. Esto incluye la compra de una computadora por chico para toda la educación primaria de gestión estatal y los colegios privados de cuota cero”, señaló el funcionario, según la versión taquigráfica a la que tuvo bacceso Miradas al Sur.
Sentado a su lado, Bullrich no dudó en destacar la iniciativa, aunque evitó precisar sus alcances. “En términos del Plan de Educación Digital, ya está en la calle la licitación para la compra de casi 190 mil computadoras para abastecer a cada alumno de escuela primaria con una computadora y, obviamente, a los docentes; además de la conexión inalámbrica a Internet en la escuelas”, se ufanó el funcionario. Quienes conocen los vericuetos de la administración pública porteña señalan que, además de la Subsecretaría que conduce Terzano, el trámite involucra también un área clave, que está bajo la directa supervisión del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Se trata de la Comisión de Evaluación de Ofertas, un ámbito donde las decisiones finales –cuando tienen implicancias políticas– quedan sujetas al propio Macri.
Desde la oposición aseguran que la licitación será objeto de un detallado pedido de informes y no descartan que el caso pueda resultar en un nuevo escándalo. En los hechos son varios los referentes legislativos que recordaron que no es la primera vez que funcionarios macristas son denunciados ante la Justicia. Una referencia directa a Grindetti y al director de Crédito Público, Abel Fernández Sehman, denunciados por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario y malversación de caudales por la emisión de deuda pública por un monto de 475 millones de dólares correspondientes a la octava serie de los Bonos Tango.
(*) La decisión del gobierno de Mauricio Macri quedó plasmada en la resolución del Ministerio de Educación, que conduce Esteban Bullrich. Tras su publicación en el Boletín Oficial, el ingeniero Ariel Garbarz impulsa una denuncia penal. Aquí, en exclusiva, los fundamentos de la argumentación del especialista de la Universidad Tecnológica Nacional. Una posición que torna más grave el gasto de 50 millones de dólares que excedió el recurso presupuestario autorizado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
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