Una de las incógnitas para el miércoles es cómo votarán los dos senadores fueguinos del ARI, María Rosa Díaz y José Carlos Martínez. Como antecedente se toma en cuenta que el diputado nacional por la misma provincia y partido Leonardo Gorbacz, fue el único de los 254 legisladores que se abstuvo en su cámara la semana pasada. Electo por el ARI, Gorbacz forma parte del grupo que rompió con Elisa Carrió y formó su propia entidad, Solidaridad e Igualdad, o SI.
El bloque lo preside Eduardo Macaluse, entre sus miembros están Emilio García Méndez y María América González, y tienen acuerdos de cooperación con el diputado de Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur, Claudio Lozano. Macaluse y Lozano fueron intermediarios entre el gobierno y la Federación Agraria, en procura de modificaciones en el proyecto oficial que permitieran aislar a la derecha pura y dura. Pero una vez que el gobierno accedió a enmendar el proyecto original, sus interlocutores decidieron votar de todos modos en contra.
El argumento fue que el gobierno no había convocado a la búsqueda de un consenso, seguía en los cambios el método de la decisión unilateral, y que por eso no había conseguido el apoyo de socialistas y radicales razonables para conformar una mayoría amplia del centro a la izquierda. En esas condiciones, explica uno de los solidarios igualitaristas, “no podíamos quedar pegados al gobierno”.
No les molestó en cambio quedar pegados a la Sociedad Rural, lo cual repite en un contexto distinto los alineamientos de 1930, 1945/46, 1955, 1966 y 1976, donde no sólo la derecha enfrentó a los movimientos populares y nacionales.
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Falacias
La cuestión de los pools de siembra y la incidencia de los arrendamientos sobre la producción de soja fue debatida en las comisiones del Senado durante la visita de los jefes de las cámaras patronales agropecuarias. Se repitieron las falacias ya habituales, como siempre con participación destacada de Eduardo Buzzi, cuya reputación es mejor que la de Guillermo Moreno porque no forma parte del gobierno.
El senador por Santa Cruz Nicolás Fernández le preguntó qué porcentaje de tierras alquiladas había y qué porcentaje del margen operativo se llevaba el costo del arrendamiento y propuso “discutir si este nuevo sujeto agrario de la etapa no es el que está distorsionando la rentabilidad que usted defiende”.
Buzzi respondió que “casi el 70 por ciento de la tierra en explotación agrícola está trabajada por arrendadores” y con un ejemplo de Santa Fe dijo que el 58 por ciento del costo de ese productor es arrendamiento. Ese sería el principal problema de “ese gaucho, que tiene que poner 18 quintales de soja para poder trabajar una hectárea de campo. Además, hay que agregar la cuestión de los fertilizantes. ¿Cómo no van a salir a la ruta?”.
El censo agropecuario de 2002 lo desmiente. Los datos correspondientes a la región pampeana (formada por Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y que según el secretario Urquiza concentra el 88 por ciento de la producción de soja y el 89 por ciento de los productores, con un margen neto de 820 pesos por hectárea) indican que más de la mitad de su superficie corresponde a propietarios, un tercio a propietarios que además alquilan tierras para mejorar la escala de producción y apenas 8 por ciento son arrendamientos por parte de operadores que no son propietarios, como se aprecia en el cuadro.
Si además se analizan esos mismos rubros según la superficie del arrendamiento, se observa que la incidencia de propietarios entre quienes arriendan tierras de otros para producir se acrecienta con el tamaño de la explotación, según se ve en el gráfico.
En explotaciones de hasta 500 hectáreas los arrendamientos de propietarios duplican a los de no propietarios; a partir de allí y hasta 5000 hectáreas los triplican. De 5000 a 10.000 los cuadruplican y en explotaciones de más de 10.000 hectáreas casi los septuplican. Estos datos sobre el total del universo agropecuario de la zona núcleo ponen en cuestión también la pertinencia del proyecto de ley sobre arrendamientos, que la Federación Agraria consiguió colar tanto en bloques del oficialismo como de la oposición, con el argumento de defender a los productores más débiles de una agresión de capitales extrapampeanos, depredadores y expulsivos.
Aquí se ve con claridad que se trata de un conflicto interno al sector agropecuario, más parecido a la confrontación original del grito de Alcorta de 1912, que a la guerra de las galaxias de los pools de siembra. Buzzi se niega a reconocerlo porque privilegia su alianza con los grandes latifundistas pampeanos, como Luciano Miguens y Mario Llambías.
Por otra parte se redujo en forma notable la superficie tomada mediante contratos accidentales, ya sea por propietarios o por no propietarios: de 3,8 millones de hectáreas según el censo agropecuario de 1988 a 1,5 millones de hectáreas en 2002. El contrato accidental es aquel que se establece por un máximo de dos cosechas, es decir menos de dos años, y que puede ser renovado. Esto indica que en el presente los contratos son por tres o más años. En una etapa de notable incremento de precios a nivel internacional, fijar un mínimo de cinco años mejora la situación a los que arriendan a otros propietarios.
Nada de esto implica negar la importancia de la inversión de capital financiero en los commodities agropecuarios, pero muestra que el agente de su desembarco en el agro argentino no es un actor nuevo, sino la vieja oligarquía, que desde hace por lo menos un siglo es la clase más innovadora y moderna, el interlocutor privilegiado de los mercados internacionales y el azote de cualquier gobierno que la considere por lo que es y no por el cuento de hadas de que ha dejado de existir.
Por Horacio Verbitsky
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