TERRENOS DE LA EX AU3 / En breve se subastarán 26 lotes de la ex autopista de Cacciatore
Casi un tercio de los terrenos pertenecientes a la traza de la ex AU3, que nunca se realizó, podrían en los próximos días venderse para empezar a trazar el nuevo “Barrio Parque Donado-Homberg”. Semanas atrás, durante la Segunda Convención de Desarrolladores Inmobiliarios, se presentó en sociedad el llamado a subasta pública de 26 de los 76 lotes disponibles a lo largo de 15 cuadras de su traza, en Villa Urquiza.
El que hizo el anuncio fue Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento, área que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano, haciendo pública la subasta de esos lotes en uno de los últimos y mejores terrenos de la Ciudad: la zona delimitada por las avenidas De los Incas y Congreso, y las calles Holmberg y Donado. Se trata del sector cinco de la ex Autopista 3 (AU3). Lostri prometió entregar los terrenos “completamente vacíos, demolidos, sin ningún servicio y sin ningún ocupante”.
Este remate fue aprobado en diciembre del año pasado por la Legislatura porteña, con el objetivo de renovar una zona de baldíos y casas abandonadas. Se estima que se recaudarán cerca de 60 millones de dólares.
La venta de los terrenos, que habían sido expropiados durante la última dictadura militar para hacer una autopista, se llevará a cabo en 17 remates organizados por el Banco Ciudad —a razón de uno por semana—.
La iniciativa encantó al empresariado, pero despertó temor en las alrededor de 320 familias que viven en esa zona (muchas de ellas desde hace más de 20 años), que aún no encuentran una solución definitiva a sus problemas de vivienda. “Va a ser otro negociado más; quieren que nos vayamos a la provincia, porque no quieren pobres en la Capital, y menos en esa zona, en la que quieren hacer otro Puerto Madero”, sostuvo Alberto Lacuesta, vecino del barrio y dirigente de la asociación civil Sembrar Conciencia.
A estos vecinos, Lostri les prometió que “la solución habitacional corre por cuenta del Gobierno” y a los agentes inmobiliarios los sedujo con un valor base “muy ventajoso para el mercado”: 380 dólares por metro cuadrado.
Según reveló el funcionario, la Ciudad ya firmó un convenio con el arquitecto Clorindo Testa para que su estudio diseñe los espacios verdes públicos aledaños a la estación de tren Drago de la línea Mitre y la sede del CBC.
También se llamará a concurso para construir un nuevo CGP y la zona tendrá “beneficios viales” para la circulación de tránsito pesado: se verá beneficiada con dos nuevos pasos a nivel que estarán habilitados sólo para autos con el fin de evitar que los camiones de carga que descienden de la autopista Panamericana congestionen el barrio.
Los terrenos de la discordia, que por marketing macrista se convertirán en el “Parque Donado Holmberg”, forman parte de la traza de la ex AU3, un proyecto de la dictadura que en 1977 expropió y desalojó inmuebles y terrenos para realizar la nunca concretada vía rápida. Con el tiempo, alrededor de 700 familias se fueron a vivir a las casas abandonadas; por el usufructo de estas viviendas, la mayoría de los ocupantes pagaron a los sucesivos gobiernos porteños alquiler, expensas y servicios. Esta situación duró más de 20 años hasta que, en 2000, se les intentó dar una solución definitiva mediante la Ley 324, de Recuperación de la Traza de la ex AU3, que se proponía poner en valor la zona y brindar una vivienda económica a los beneficiarios (ocupantes).
Con la llegada de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno, la progresiva reubicación de los ocupantes de las viviendas (que ya tenían derechos adquiridos) se hizo perentoria. Al comienzo, su política fue el desalojo total, el pago de 20.000 pesos para los beneficiarios (y 6.000 para los que no fueron reconocidos como tales), la topadora e intimaciones. Los vecinos presentaron un recurso de amparo y la jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori ordenó al macrismo detener los desalojos. Hasta que el año pasado, el oficialismo debió consensuar con la oposición y los vecinos una nueva ley (3396) que, con la autoría del entonces legislador Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) salió a fines de diciembre de 2009, y que hasta los vecinos consideran “de avanzada”.
La nueva normativa detuvo los desalojos compulsivos, obligó al Gobierno a respetar la morfología del barrio (las construcciones no podrán superar los 12 metros de altura y los tres de retiro), la creación de un boulevard, el destino del 35% del total de los predios para espacios verdes, otro porcentaje para subasta pública (aquellos que no están ocupados), y otro para la construcción de viviendas sociales.
La iniciativa contó con el apoyo del macrismo, de Proyecto Sur, de Diálogo por Buenos Aires, de la Coalición Cívica y otros bloques minoritarios. A diferencia de lo que ocurría con otros terrenos que el macrismo remató (Catalinas Norte, por caso), y en los que el dinero de la venta fue a parar al Tesoro del gobierno, el destino del dinero que provenga de la venta de los terrenos deberá usarse para construir viviendas sociales para las familias que viven en las casas de esta zona. Porque todavía en el lugar quedan al rededor de 320 familias, que viven en condiciones precarias. Serán reubicadas en viviendas que el mismo Gobierno porteño construirá en el barrio o podrán optar por un subsidio de hasta $ 150 mil del Estado.
Para evitar la especulación, cada comprador tendrá la obligación de terminar su obra en menos de dos años. Además, los empresarios estarán obligados a construir en cada nuevo edificio, un espacio verde que luego será cedido al patrimonio de la Ciudad. En las quince cuadras que comprende el nuevo emprendimiento quedará formado un corredor verde de diez metros. Al finalizar, se calcula que habrá 17 mil metros cuadrados nuevos de parque.
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