Por Horacio Verbitsky
Mientras el gobierno nacional intenta definir un modelo de acuerdo para el desarrollo, la administración porteña emprende una vía de confrontación. CFK, Moyano, la CTA, las cámaras patronales y las posibilidades del acuerdo social. La legitimidad electoral de Macri y los preceptos constitucionales que desde hace medio siglo protegen al empleo público del despido arbitrario. Fallos judiciales que protegen la dignidad del trabajo y la libertad sindical.
Cristina Kirchner y Hugo Moyano. Quienes tienen diálogo con una y otro saben que la disposición recíproca es favorable. Ni amor ni espanto, sólo mutua conveniencia.
La reunión que el martes tendrá la presidente CFK con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, será sólo la representación pública del ensayo general que ambos realizaron el fin de semana último, sin anuncio previo ni informe posterior. Allí se disiparon los malos entendidos que nutrieron versiones sobre ánimos belicosos. En poco menos de un mes y medio del nuevo gobierno, ambas partes delimitaron territorios y mostraron su respectiva capacidad de daño, que nadie quiere llevar de la exhibición al acto.
Quienes tienen diálogo con una y otro saben que la disposición recíproca es favorable. Ni amor ni espanto, sólo mutua conveniencia; la JP y la JSP descansan en paz. El modelo de acuerdo que la presidente propuso al asumir se contrapone con el de confrontación que desde el gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires propone el hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri, quien ya ha comenzado a chocar con la realidad social y con las instituciones, que ponen límite a sus deseos imperativos. Letra para la melodía
En diciembre Moyano mantuvo una discreta reunión con el sector patronal de los camioneros, nucleado en la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, Fadeeac, en busca de dotar de letra a la melodía del acuerdo social. El gobierno sólo ha adelantado sus grandes líneas generales. En condiciones internacionales que recuerdan a las que permitieron medio siglo de crecimiento espectacular entre 1880 y 1930 pero que son incluso más favorables, la concertación propuesta girará sobre acuerdos sectoriales.
La novedosa estabilidad previsible debería permitir un trabajo fino sobre las cadenas productivas, capitalizando las ventajas ostensibles del país, cuya relación con las grandes potencias asiáticas es mucho más horizontal y promisoria de lo que fuera el trato con Gran Bretaña hace un siglo. Pero ello requerirá mejorar también la eficiencia de la gestión en las dos alas del gobierno nacional. Demasiadas decisiones se demoran en el cuello de botella de los dos superministerios que ocupan Alberto Fernández y Julio De Vido, que concentran más de lo que pueden manejar. Una misma obra puede anunciarse varias veces, pero eso no apresura su terminación y más bien refleja su retraso.
Metas bi o trianuales
En aquel encuentro empresarios y sindicalistas analizaron posibles metas a 2 o 3 años, que incluirían la sanción de un Estatuto que reglamente la actividad de los camioneros. De mayor jerarquía que el Convenio Colectivo de Trabajo, el Estatuto podría comprender cláusulas de estabilidad en el empleo e indemnizaciones especiales por despido, como las que protegen el trabajo de los periodistas. Lo que se estipule en esa mesa podría extenderse luego a los demás gremios y cámaras patronales del transporte, incluyendo el de pasajeros. Las conversaciones también exploraron la posibilidad de incluir a las fábricas de vehículos, con la hipótesis de producir camiones Mercedes Benz a bajo costo, dada la necesidad de renovación que se estima en unas 80.000 unidades.
En cambio no resulta viable una negociación salarial a ese mismo plazo, consecuencia de la incertidumbre que sembró la política de tierra arrasada en el INDEC, donde el cambio de gobierno no ha traído alivio. La rotura deliberada del instrumento de medición no sólo degrada la calidad institucional, también tiene consecuencias económicas, sociales y políticas de largo plazo. La manipulación que comenzó por un indicador se fue extendiendo luego a otros. Esta devaluación de la palabra oficial también deteriora el rol de arbitraje estatal, situación que sólo puede beneficiar a los más fuertes.
En torno del 20
Según el consultor Ernesto Kritz, de la Sociedad de Estudios Laborales, que encuestó a 128 compañías líderes que emplean 184.000 personas dentro de convenio, ni patrones ni trabajadores “reconocen el IPC como base de cálculo para el ajuste salarial”. Por esa razón, en un mercado de trabajo formal cercano al pleno empleo, las empresas han ido corrigiendo al alza sus previsiones salariales y estiman un promedio de aumento en torno del 20 por ciento. Ante “otro año de alto crecimiento de los ingresos nominales de los asalariados de convenio resta ver como evolucionarán los ingresos reales”. Con tan cauta frase, Kritz alude a la capacidad de las grandes empresas en mercados oligopolizados para defender por medio de la inflación su sabrosa parte del ingreso.
A mediados de año Moyano debe revalidar su cargo en la CGT. Una lectura generalizada señala que el gobierno apoya su continuidad porque le garantiza que no habrá una puja salarial salvaje. A cambio recibiría prebendas y la permisividad oficial para el despliegue de su sindicato sobre otros trabajadores que realizan su actividad sobre ruedas.
El conflicto más evidente, pero no el único, es el que enfrenta a los camioneros con la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, de Armando Cavalieri, por el encuadramiento de los trabajadores de logística en supermercados. En los últimos años Moyano logró el trasvasamiento de unos 5000 trabajadores a sus filas. Pero esto incrementó en forma significativa los ingresos de esos trabajadores, moderó su jornada laboral, les aseguró la elección de delegados y un cambio favorable en las demás condiciones de trabajo.
El sindicalismo empresario
Cavalieri integra con el gastronómico Luis Barrionuevo, el paramédico Carlos West, el ferroviario José Pedraza y el electricista Oscar Lescano el núcleo del sindicalismo empresario conocido como Los Gordos.
Ellos fueron el ariete que Menem utilizó en 1989 para vencer las resistencias sindicales a las políticas privatistas y desreguladoras. La creación de un sindicalismo empresario había sido recomendada por la central estadounidense AFL-CIO como medio de atenuar la reacción de los trabajadores contra “los ajustes necesarios” y desarmar “prevenciones nacionalistas”. Las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial analizaron en Washington con sindicalistas “La dimensión social de la reestructuración económica”.
Allí, el subgerente del BID Richard Fletcher rindió homenaje a Lescano y encomió el ajuste latinoamericano a la globalización mundial del capital, que definió como un “proceso inigualable”. La Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza y los petroleros fueron los primeros en adoptar esa política, con la que sus dirigentes hicieron grandes negocios mientras se empobrecían sus afiliados. La idea de que este sector podría ser más combativo que la actual conducción cegetista, sólo puede repetirse contando con la ignorancia o el desinterés del receptor.
Néctar para la libertad sindical
En desacuerdo con aquellas decisiones el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata decidió desvincularse de la Federación nacional (Fatlyf) y se afilió a la CTA, donde formó la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA). En represalia, la Federación de Lescano dejó de transferirle las contribuciones patronales destinadas a Turismo, Cultura, Vivienda y Educación establecidas en el Convenio Colectivo de Trabajo. Hace dos meses el juez Alberto Vidal ordenó la entrega al sindicato marplatense de 7,7 millones de pesos por el periodo 1995-2001, aduciendo que la Federación es la recaudadora pero no la propietaria de las contribuciones patronales.
El fallo en favor de la libertad sindical reconoce que un sindicato de primer grado readquiere su autonomía plena si en forma orgánica decide no pertenecer más a una entidad de segundo grado o Federación. Los aportes son un salario indirecto y sus beneficiarios directos todos los trabajadores, ya sean afiliados o no.
Otros fallos en la misma dirección firmó en diciembre la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Néctar Quispe Quispe fue despedida cuando inició los trámites para obtener la representación propia y de sus compañeros en el taller de Bajo Flores de la Compañía Argentina de la Indumentaria. Los jueces Oscar Zas y Julio César Simón, con la disidencia de María Cristina García Margalejo aplicaron a este caso laboral la ley anti-discriminatoria, que invierte la carga de la prueba, y declararon nulo el despido porque la empresa no probó en forma convincente que tuviera otro motivo que la discriminación contra la actividad sindical.
De este modo la justicia extendió el concepto de “actividad sindical”, protegida por ley, a cualquier ejercicio relacionado con la defensa de derechos laborales, aunque no se desarrolle en un sindicato establecido, del cual el activista sea afiliado o representante. Esto abre la puerta a la creación de nuevas listas opositoras e inclusive de nuevos sindicatos sin riesgo de represalias.
El mismo tribunal, esta vez por unanimidad, aceptó que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), perteneciente a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), eligiera delegados en el municipio mendocino de Godoy Cruz. La Municipalidad se negaba porque desde 1971 la representación de los intereses colectivos de los trabajadores sólo correspondía al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Godoy Cruz, afiliado a la CGT, con exclusión de ATE y de UPCN.
La Cámara resolvió aplicar una resolución posterior que admitió el otorgamiento de personería gremial a asociaciones del sector público sin desplazar a las preexistentes. El Ministerio de Trabajo consideraba que esa Resolución 255/03 no tenía efecto retroactivo. El voto de Zas cita diversos tratados internacionales, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reconoció “el derecho a utilizar cualquier medio apropiado” para ejercer la libertad de asociación en materia laboral.
Paradojas
En la década pasada Moyano formó junto con el colectivero Juan Manuel Palacios el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, MTA, que participó junto con la CTA en la mayoría de las movilizaciones en contra del proyecto neoliberal. Pero desde su elección como secretario general de la CGT el 5 de julio de 2005, Moyano se opuso a que Néstor Kirchner cumpliera su promesa de reconocimiento de la CTA, con la que había tenido estrechas relaciones en el pasado. Durante la gestión del dirigente histórico de la CTA, Víctor De Gennaro, el reclamo de la personería fue un eje central en la relación con el gobierno.
Ante el incumplimiento de la palabra del ex presidente, el nuevo secretario general, el maestro Hugo Yasky, exige que el gobierno garantice que no habrá persecuciones por el ejercicio de la actividad sindical. La CTA, con un modelo organizativo distinto al de la CGT, de afiliación directa y democracia interna, también reclama ser oída por la presidente. Un documento que elaboró en conjunto con otras entidades de pequeñas y medianas empresas agropecuarias, industriales y financieras que a fines del siglo pasado formaron parte del Frente Nacional contra la Pobreza, postula una denominada “paritaria social”.
Aunque el documento no lo diga, mientras Moyano representa al sector formal privado, cuyos ingresos obtuvieron una significativa recomposición en los últimos años, la CTA representa al sector público e intenta expresar los intereses de los asalariados no formales (que todavía son cuatro de cada diez) y de los desocupados, cuya situación no mejoró en la misma forma. Y ni la CGT ni la CTA organizan a los trabajadores del 88 por ciento de las empresas del país en las que no hay ni siquiera un delegado gremial.
La CTA encomia “valiosas decisiones” oficiales como la política de derechos humanos, el rechazo al ALCA y a los condicionantes del FMI, pero sostiene que el modelo de acumulación con inclusión social definido por la presidente sólo es posible mediante una equitativa distribución de la riqueza, con crecimiento de los salarios reales de los trabajadores y de la cantidad y calidad del empleo (la participación de los asalariados en el ingreso aun es menor que en 2001).
Con esa finalidad sugiere diversas medidas de fomento al mercado interno, las pequeñas y medianas empresas y la actividad regional, mediante regulaciones que reviertan los procesos de concentración y extranjerización; aranceles a las importaciones, retenciones segmentadas a las exportaciones y reintegros; programas de vivienda y democratización del crédito; desarrollo de las cadenas productivas y reforma integral del sistema tributario como principal eje redistribuidor de ingresos. Esas propuestas tienen cierta afinidad con algunas definiciones que el ministro de Economía Martín Lousteau le transmitió el jueves al gobernador santafecino Hermes Binner, quien participó en el espacio político que integra la CTA.
Estabilidad absoluta
El jefe de gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires chocó en cambio con la justicia, que dispuso el reintegro de sus primeros 2400 despedidos. Al anunciar que esos trabajadores cesarían en sus funciones, Macri sostuvo que eran ñoquis o que habían sido contratados con fines electorales por su predecesor Jorge Telerman. Pero numerosos casos de personas con años de antigüedad en la tarea y que cumplían con su trabajo en forma normal refutan esa afirmación.
El gremio Sutecba acordó con Macri la realización de un censo que determinara la situación laboral de cada trabajador y dejó en la nebulosa los casos de los ya despedidos. Ante el amparo presentado por ATE la jueza Elena Liberatori ordenó la reposición de los 2.400. Entonces Macri y la vicejefa Gabriela Michetti cambiaron de discurso y dijeron que no estaban en condiciones de identificarlos porque ni ellos los conocían. Esto no les impidió cuestionar el fallo porque ordena el reintegro en forma genérica sin nombrar a las personas que beneficia.
Lo que le toca aprender ahora a Macri es que la legitimidad electoral no tiene primacía sobre los derechos y garantías constitucionales. En mayo pasado la Corte Suprema de Justicia ratificó en el fallo “Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación”, la vigencia de la estabilidad absoluta de los empleados públicos, garantizada desde hace medio siglo por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La Aduana había despedido a Madorrán sin invocar la causa y pagándole la indemnización prevista en la Ley de Contratos de Trabajo. Según la Corte el “derecho a la carrera” también está protegido por los instrumentos internacionales constitucionalizados en 1994 como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
La estabilidad absoluta implica que es nula cualquier violación y forzoso reincorporar al empleado dado que esta garantía es operativa aun cuando ninguna norma la reglamente. El voto de los jueces Elena Highton y Juan Carlos Maqueda sostuvo que las leyes reglamentarias no pueden ir en contra del precepto constitucional, sobre todo cuando “está en discusión un derecho humano”. La Corte citó al convencional Carlos A. Bravo, quien denunció “las cesantías en masa en ocasión de los cambios de gobierno” y planteó que ningún empleado público podría “ser dejado cesante sin causa justificada y sin previo sumario administrativo”. El fallo reivindicó el principio de que en caso de duda debe privilegiarse la justicia social y las condiciones de vida que favorezcan la dignidad humana. Coherencia
Si algo no puede reprochársele a Macri es falta de coherencia. Nombró como personal de planta de su gabinete a Nicolás Caputo, uno de los mayores contratistas de obras públicas que es además su amigo íntimo; intenta prohibir los cortes de calles, privilegiando el orden en el tránsito sobre la libertad de expresión; vetó una ley sancionada antes de su asunción que establecía un subsidio para las víctimas del Plan Conintes, presentada por el ex legislador kirchnerista Miguel Talento; puso al frente del Teatro Colón a un funcionario político de las dos últimas dictaduras. Horacio Sanguinetti fue director de asuntos jurídicos del ministerio del Interior durante la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse y asesor de gabinete del ministro Horacio Liendo durante el gobierno del general Roberto Viola, datos que constan en su legajo oficial pero no en su curriculum que arranca con cautela en 1983.
(Informes, Mercedes González y Ana Adelardi.)
