“El Reino Unido está cada vez más aislado”

OSCAR LABORDE, DIRIGENTE DEL FRENTE TRANSVERSAL NACIONAL Y POPULAR

Por Julián Bruschtein “La izquierda, el centroizquierda y el progresismo no pueden tener otro lugar ahora que bancar fuertemente este proyecto”, aseguró a Página/12 el dirigente del Frente Transversal Nacional y Popular, Oscar Laborde. Ratificado como Representante especial para la Integración y la Participación Social en la Cancillería, Laborde analizó el posicionamiento regional de América latina, el apoyo cada vez mayor de la región en el reclamo por la soberanía de las islas y la escalada que Inglaterra desató en su defensa irrestricta de los isleños. –En un año sensible por cumplirse 30 de la guerra de Malvinas, es un gran paso que Latinoamérica cierre su apoyo a la posición argentina... –Este Gobierno ha encarado la recuperación de Malvinas, pero tiene una diferencia sustancial: una cosa es reclamar por las islas y otra es intentar seriamente recuperarlas. Este Gobierno se ha movido con una lógica diplomática desde el año 2003 para recuperarlas. Acá hubo un intento alocado en el que la causa era justa, pero no los motivos por los que los militares iniciaron aquella guerra. Después llegó esa posición de relaciones carnales confesados por el propio canciller (durante la presidencia de Carlos Menem, Guido Di Tella) que terminó regalándoles ositos Winnie Pooh a los isleños. Con esos dos malos antecedentes este Gobierno ha retomado la tarea de recuperar las islas. –En ese marco, el acompañamiento de los países de la región se volvió fundamental... –Los últimos acontecimientos demuestran un aislamiento del imperio, de un imperio decadente, antiguo, y un respaldo a la posición argentina muy interesante. El respaldo del Mercosur, ratificado a pesar de la presión del canciller inglés. No hay reunión de la Unasur en la que los países no planteen seriamente el tema de las Malvinas y el respaldo de las reuniones de la Celac, donde los países anglófonos, que todavía son del Commonwealth y donde la reina de Inglaterra todavía propone a los primeros ministros, han acompañado a la Argentina en su reclamo. Ahí hay evidentemente un avance que va a terminar haciendo sentar al imperio británico a negociar como lo han resuelto las Naciones Unidas. Lo que se ve es que cada vez se aísla más el Reino Unido y cada vez aparece más acompañada la posición argentina. Todos éstos son logros del trabajo que está realizando la Cancillería, como la gira que está haciendo el canciller (Héctor) Timerman justamente buscando ampliar el respaldo en Centroamérica. –Esta consolidación del bloque latinoamericano, ¿tiene visos de mantenerse o la crisis económica puede generar un parate? –Todo indica que la integración se va a profundizar. Los pueblos están viendo que la integración los beneficia. Acá hubo un momento clave que fue el 5 de noviembre de 2005 en Mar del Plata, cuando se le dijo No al ALCA. Pero necesariamente la pregunta que surgió fue “si es no al ALCA, ¿sí a qué?, y la respuesta fue “sí a la integración”, porque a partir de ese momento los gobiernos comenzaron a respaldarse abiertamente. Hubo un desafío muy fuerte en el modelo de integración económica. En eso se ha avanzado porque a partir de allí se avanzó mucho en el Mercosur, la fuerza que tomó la Unasur y cómo después de solo seis años estamos planteando la Celac para ampliar la integración de la región. –Usted proviene de un espacio de centroizquierda que apoya este proceso. ¿Cómo caracteriza a los que se posicionan enfrente del gobierno nacional? –Yo soy integrante de un proceso nacional popular y democrático, dentro de un espacio que anunció Cristina en Huracán, que contiene diferentes expresiones políticas. Creo que la izquierda, el centroizquierda y el progresismo no pueden tener otro lugar ahora que bancar fuertemente este proyecto. Porque es un proyecto que está demostrando sus beneficios al pueblo, que está demostrando conseguir cosas que los de izquierda y los progresistas venimos planteando durante decenas de años y hay que tener la grandeza de reconocer que este Gobierno lo ha concretado. Pero además es parte de una expresión regional, en donde la región se retroalimenta: lo que hacemos nosotros influye en Paraguay y lo que pase en Paraguay influye en lo que pase en Brasil y así. Entonces, ¿dónde pararse en este proceso claramente si no es bancando a este Gobierno? Pero además lo que está claro es que si este proceso se trunca viene la derecha. Hace cinco meses estuvimos reunidos una cantidad de dirigentes políticos con el ex presidente de Brasil, Lula. El nos dijo claramente: no se puede ser de izquierda en Argentina y no estar con Cristina. Y es una persona que tiene algo de autoridad para hablar sobre el tema.

¿Una nena o una incubadora?

Por Mariana Carbajal ¿Quién puede dudar de que un embarazo producto de un abuso sexual puede afectar la salud de una niña de 11 años? No hay que ser médico para intuirlo. Ni siquiera tiene desarrollados los pechos. Ni tiene vello en el pubis. Pero el ministro de Salud de Entre Ríos pretende convertirla en una incubadora para que lleve a término una gestación que no eligió. La niña no sólo vive el sufrimiento mental causado por el ataque sexual, denunciado en la Justicia. Es de presumir que enfrenta el sufrimiento psicológico asociado con la pérdida de la integridad personal. Situaciones como una violación pueden afectar la salud de las mujeres, física y mentalmente, advierte el libro Causal Salud. Interrupción legal del embarazo, ética y derechos humanos (2008), publicado por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (Flasog), entre otras entidades. El libro analiza en profundidad uno de los supuestos de permiso legal para el aborto consagrados en la mayoría de los países de América latina y el Caribe, entre ellos la Argentina, y es el que se refiere a cuando la gestación pone en riesgo la salud de la mujer. El trabajo, en el que participaron destacadísimas especialistas del continente, plantea que el derecho a la salud debe ser entendido en un marco efectivo de protección de los derechos humanos de las mujeres. Es decir, “como interdependientes de los derechos a la vida, la dignidad, la autonomía, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la información, la no discriminación, la igualdad, la intimidad, la privacidad, así como a estar libres de tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ha sido caracterizada la continuación forzada de un embarazo o la falta de acceso a la interrupción legal de éste cuando la salud está en riesgo”. El libro señala también que una de las facetas que expresan una afectación de la salud, en su dimensión social, es el proyecto de vida. Es decir, “si la gestación interfiere con ese proyecto, se afectará la salud”. De la misma forma que si el embarazo “fuerza a una mujer a abandonar el sistema educativo o a reducir sus expectativas de educación”. Sería muy valioso que el juez de Familia de Concordia, que tiene en sus manos por estas horas la posibilidad de gravitar en el futuro de esta niña, tome en cuenta estos argumentos. De todas formas, el caso nunca debió llegar a la Justicia. Debió resolverse en la intimidad de un consultorio de un hospital público, como claramente indica el Protocolo de Atención a Personas Víctimas de Violación Sexual y la Guía Técnica de Atención Integral de los Aborto No Punible, elaborados por el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Por qué el ministro Juan Manzur elige el silencio en lugar de defender la salud de una niña de 11 años? La ley avala su pedido para abortar. “Quiero volver a ser como antes”, les habría dicho a sus familiares. Es de esperar que no se dilate la resolución judicial y que tampoco –como en otros casos recientes– se pretenda obstaculizar la interrupción de embarazo atemorizando a la mamá, diciéndole que el aborto podría ser riesgoso para la salud y la vida de la niña. Hoy su salud corre riesgo. Y su pedido debe ser escuchado. Cuando los derechos de una niña quedan en segundo plano UN MINISTRO DICE QUE LA NENA DE ONCE AñOS ABUSADA PUEDE CONTINUAR CON SU EMBARAZO El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, afirmó que la salud de la niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de un abuso sexual y reclama un aborto no punible no correría riesgo si continúa adelante con la gestación. “Me baso en los especialistas que dicen que puede seguir el embarazo como muchísimas adolescentes, acá repercutió por un pedido de los familiares, pero embarazos adolescentes hay acá, en Estados Unidos, en todos los países de Latinoamérica, es un tema en la salud pública, no es algo aislado”, señaló Cettour. El ministro, que es médico especialista en cirugía, se basó en el informe del Hospital Masvernat, de Concordia, que realizó estudios a la nena, a solicitud del Juzgado de Familia de esa localidad entrerriana, donde recayó el pedido de una autorización para llevar adelante la interrupción del embarazo. Sus dichos generaron polémica. “El ministro se equivoca como médico porque sí hay riesgo para la salud y la vida de la niña. Incluso una cesárea, que es lo que padecerá si no interrumpe el embarazo, también puede ser un riesgo para ella”, replicó Mabel Bianco, médica, presidenta de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM) e integrante del comité coordinador del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders). Otras especialistas también advirtieron que un embarazo en una niña de once años es de “alto riesgo” y aconsejaron tener en cuenta, además de los daños físicos, el impacto psíquico para ella durante y después de la gestación. El embarazo lleva 11 semanas y media. En realidad, no es necesario ningún permiso judicial para realizar el aborto que solicitó la madre de la niña, en su condición de representante legal. En casos de violación o cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, el Código Penal establece que el aborto no es punible. Sin embargo, por desconocimiento, dudas de los médicos o trabas arbitrarias, se suele exigir una venia de un tribunal. En diálogo con Página/12, el director del Hospital Masvernat, Orlando Elordi, dijo ayer que “si hay una orden judicial” realizarían allí la interrupción del embarazo a la niña. Elordi informó que un comité de obstetras y un grupo de pediatras examinaron el lunes a la niña y concluyeron que “está perfectamente bien”. –Personalmente, ¿qué le parece que una nena de 11 años sea obligada a continuar con un embarazo producto de un abuso sexual? –le preguntó este diario a Elordi. –Es una nena con aspecto de nena. Aunque es bastante grandecita, pesa 45 kilos. Pero no tenemos que olvidarnos que tiene 11 años. Si la Justicia así lo ordena va a tener un embarazo normal, pero ella no va a tener noción de la maternidad. Yo pienso que para ser una madre es muy chica. Pero no entro en la cuestión legal. Si la Justicia lo habilita se hará (el aborto) –respondió el director del Masvernat. Llamativamente, el ministro Cettour consideró que “el caso no entra dentro de las pautas legales en las que debe permitirse interrumpir el embarazo”. Y agregó: “Una vez que la niña tuvo su primera ovulación, tiene las condiciones físicas para sostener un embarazo. La naturaleza es sabia, una vez que tiene su primera menstruación el cuerpo está preparado. Quizá habrá que tener cuidados al momento del parto y programar una cesárea”. Especialistas de distintos ámbitos salieron a replicar sus declaraciones. Incluso, otro funcionario del mismo gobierno provincial, el titular de Rehabilitación y Reparación de Derechos del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Entre Ríos (Copnaf), Daniel Cottonaro, advirtió sobre la fragilidad en la que se encuentra la niña. Desde el Copnaf se pusieron en contacto con su familia, dijo el funcionario. “Nosotros tenemos un protocolo ante los casos de abuso porque el exceso de intervenciones puede revictimizar a la niña”, dijo y detalló que su equipo pudo tomar contacto con la madre, pero no con la niña “porque se encuentra shockeada y hay que ser muy cautelosos en el trato”. Bianco, directora de FEIM, denunció que “las autoridades de Salud provincial y nacional son responsables de negar el derecho a la vida a esta niña”. “Desconocer que en este caso se aplica el artículo 86 del Código Penal y que no era necesario judicializarlo porque se trata de un aborto terapéutico no punible –con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre– es una muestra de ignorancia. Por otra parte, cuando hay relaciones sexuales con niñas menores de 13 años siempre decimos que han sido forzadas porque a esa edad hay muchas dificultades para dar un consentimiento en una relación”, explicó Bianco. Y añadió: “Pero en un médico es más grave desconocer que a los 11 años aún no se ha completado la osificación y esta niña tiene serios riesgos de sufrir un problema óseo pélvico que la deje deformada e inclusive que la ponga en riesgo de vida”. Alicia Figueroa, ginecóloga del Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires y ex directiva del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam), sostuvo que “cuando una mujer entra en la pubertad es porque tiene la capacidad biológica de concebir”. Pero alertó que “si estamos hablando de una niña de 11 años, se está en presencia de un embarazo de alto riesgo con compromiso materno y también de parto prematuro”. Figueroa explicó que “una chica de esa edad embarazada puede sufrir ciertas patologías durante la gestación, como rotura de membranas, preclampsia y eclampsia con desniveles de la presión arterial que compromete su salud”. Además, opinó que “una niña de 11 años es inmadura para ser madre, sufrió un daño grave como un abuso y hay que tener en cuenta además, su salud mental ante un embarazo”. También opinó sobre el caso Irene Meler, doctora en psicología y coordinadora del Foro Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Meler coincidió en que “una chica de 11 años no está preparada ni física ni psicológicamente para ser madre”. Recordó que la nena “fue víctima de un abuso” y añadió que “hay que tener en cuenta el sentido del aborto, porque puede liberar del cuerpo de esa niña lo que ella no eligió”. Por otra parte, Meler destacó que “es más traumático que un aborto el llevar adelante un embarazo producto de una relación problemática” y dijo que “el daño psicológico que le puede dejar el aborto es infinitamente menor a lo que significa tener un hijo en esa circunstancia”. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, formada por más de trescientas ONG del país, se exigió “a la Justicia provincial y, en particular, a los tribunales de Concordia que cumplan con la legislación vigente que garantiza el acceso al aborto no punible”, ya que se trata de un embarazo que proviene de una violación” (ver aparte). La niña vive en la localidad de General Campos, cercana a Concordia, junto con su mamá, su padrastro, una abuela y un hermanito. La familia es muy humilde. Con el asesoramiento legal de la abogada Susana Benítez, el lunes la mamá presentó el pedido de una autorización para que le hagan un aborto no punible, con el fundamento de que corre riesgo su salud, es decir, se encuadró el reclamo en el inciso 1 del artículo 86 del Código Penal. Aunque también podría enmarcarse en el 2 inciso, al ser el embarazo producto de un abuso sexual. La solicitud recayó en el Juzgado de Familia de Concordia, a cargo de Raúl Tomaselli. Ayer por la tarde, el magistrado convocó a una audiencia informativa en la que participaron la niña, su madre, la abogada Benítez, además del defensor pupilar civil, Alfredo Russo, en nombre de la nena. Desde Conders-Entre Ríos, Carolina Comaleras consideró que “es absurdo pensar en pedirle autorización a un juez para hacer algo que está expresamente permitido en el Código Penal y resulta por lo tanto no punible”. El Conders es una red de organizaciones de la sociedad civil que monitorea el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Comaleras recordó que el 19 de agosto de 2011 se realizó en el Hospital Masvernat, un seminario provincial sobre Marcos Legales para Referentes de Salud Sexual, Reproductiva y Salud Integral de las/los Adolescentes “destinado a los equipos de salud de hospitales y centros de salud, con el propósito de garantizar los derechos sexuales y reproductivos”. “Concurrieron 130 personas de 12 departamentos. Evidentemente algunos faltaron”, apuntó, luego de conocer el informe de los médicos que avalaron que la niña siga con el embarazo, y además, exigen una autorización judicial para llevar adelante el aborto no punible. La investigación por el abuso sexual tramita en el departamento judicial de Colón y está a cargo del fiscal Juan Malvasio. Según relató la niña, en Cámara Gesell, el abuso habría ocurrido cuando fue a visitar a un abuelo y el culpable sería un amigo de un vecino que tendría 17 años, y ya estaría identificado, aunque por su edad es inimputable.

Agrupaciones sociales y políticas marchan contra la trata

Tras la denuncia de Lorena Martins

Un conjunto de agrupaciones sociales y políticas de la Ciudad de Buenos Aires marcharán el viernes próximo en contra de la trata de personas. La marcha se realiza luego de que Lorena Martins, hija de un ex agente de la Side, hiciera una denuncia penal contra su padre como supuesto jefe de una red de prostitución y trata de personas que contaría con complicidad de funcionarios y policías, quienes habrían percibido sobornos. La protesta fue convocada por la Agrupación 17 de Noviembre, Centro de Estudios para la Inclusión Social (CEIS), el Frente Transversal, Frente Grande, La Nunca Menos, la Asociación Camino Real del Oeste, la Asociación Centro Aguafuertes, el Partido de la Victoria, el Partido Comunista y Red por Buenos Aires. Las agrupaciones señalaron que “las recientes denuncias sobre trata han puesto en conocimiento de la ciudadanía sobre la existencia de organizaciones delictivas ligadas a las fuerzas de seguridad y al poder político de la Ciudad de Buenos Aires". “Desde hace años venimos expresando preocupación frente a la problemática de la trata, la promoción de la prostitución y las injustas condiciones de vida a que se ven sometidas mujeres jóvenes, pobres o extranjeras, explotación que se ha visto incrementada en la Ciudad en los últimos cuatro años”, afirmaron. Asimismo, destacaron que "según consta en la denuncia, los pagos que Raúl Martins efectuó para obtener protección de sus prostíbulos en la Ciudad, los hizo en la Comuna de nuestro barrio al referente del PRO Raúl Ríos (ex presidente de la Agencia Gubernamental de Control), en concepto de `aportes de campaña´”. “Como vecinos del barrio de Flores vemos con decepción cómo personajes y prácticas de la vieja política se encarnan en la incipiente comuna generándole un severo daño institucional", consideraron. La marcha se realizará el viernes, a las 17, a la sede de la comuna 7, ubicada en Culpina y Rivadavia.

Veto a la recuperación del cine Aconcagua

Que una firma no valga más que 10.000

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en conjunto con el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, vetó la ley 4019/2011 que declaraba la expropiación del cine Aconcagua. La decisión fue difundida este lunes a través del Boletín Oficial, en la que se argumenta la existencia de centros culturales cercanos y la imposibilidad de imputar el gasto al presupuesto 2011. La ley de expropiación había sido aprobada el pasado 24 de noviembre, en la Legislatura porteña. Luego de obtener el visto bueno de las comisiones de Cultura y Presupuesto, en el recinto fue respaldada por los 45 legisladores presentes. Tuvo el apoyo de todos los partidos, incluido el PRO, lo que mostró un verdadero consenso de todas las fuerzas a la hora de decidir sobre el proyecto. El propio Lombardi había manifestado, en declaraciones anteriores, interés por los cines de barrio, realzando en forma explícita la situación del Aconcagua (ir a la nota). "No quiero ni templos ni cosas raras, los cines de barrio deben ser recuperados para el cine o para el teatro", declaró. Macri fundamentó el decreto en que “el inmueble cuya expropiación se propicia se encuentra ubicado en la Comuna 11, donde ya existen centros culturales dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y que “se estima conveniente priorizar la creación de centros culturales en otras zonas de la Ciudad, donde el acceso a los bienes y servicios culturales son menos cercanos a los vecinos”. Esto es cuestionable dado que si bien efectivamente el Aconcagua está dentro de la comuna 11, se encuentra ubicado en uno de sus extremos, por lo que la influencia está repartida entre parte de su comuna y parte de la comuna vecina. Resulta más importante para los vecinos de la cuadra siguiente, paradójicamente ubicados en barrio y comuna distintos al Aconcagua, que para los que viven en el extremo opuesto de la propia comuna. Así, el argumento esgrimido por Macri responde a una división territorial que en la práctica no es tal. El decreto agrega que “asumiendo que la norma se refiere al Presupuesto General de la Ciudad del año 2011, resulta imposible llevar a cabo el procedimiento expropiatorio que establece la Ley Nº 238 antes de la finalización del año allí indicado”, corrección que podría haberse efectuado si el veto era parcial y hubiera alertado solamente sobre este punto. Desde la Asociación Civil Aconcagua nos vemos sorprendidos por tal resolución pero no será impedimento para seguir adelante. Hay más de 10 mil adhesiones de vecinos que ratifican la necesidad de recuperar el espacio y convertir al cine en Complejo Cultural, descentralizado y orientado a los barrios. Que una sola firma no sea más fuerte que las de todos los que apoyan al Aconcagua.

Las maniobras de Venegas para quedarse con una caja de $ 100 M

La resistencia sindical contra la ley que remplaza al estatuto proveniente de la última dictadura militar

Son los aportes patronales que van a parar al RENATRE, un organismo dirigido por la UATRE y la Mesa de Enlace. Lobby, protestas y “justicia cautelar” para frenar una legislación que beneficia a los trabajadores del sector.

El nuevo régimen de Trabajo Agrario, sancionado a fines de diciembre por una abrumadora mayoría parlamentaria, pasará posiblemente a la historia por ser una legislación que explicita y amplía una serie de derechos laborales para los trabajadores del sector. Pero también por el insólito hecho de ser fuertemente resistido, no por los empresarios –cómo podría esperarse– sino por los propios representantes de los trabajadores, más precisamente por el sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que desde hace más de una década comanda el duhaldista Gerónimo “Momo” Venegas.
Las razones de tal oposición poco tienen que ver con la discusión relativa a mejorar las graves condiciones vigentes en buena parte de la producción agropecuaria, sino más bien con los fondos que van a parar al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), una entidad cuya misión es “controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores de las obligaciones que les impone la ley” y que está conformado por representantes de la UATRE y las patronales que integran la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural).
Creado durante el segundo gobierno de Carlos Menem, el RENATRE tiene carácter de “ente autártico de derecho público”, es decir, se trata de una entidad extrapresupuestaria que se financia a través del aporte patronal de los empleadores rurales. Entró en vigencia en 1999, y entre sus principales funciones se encuentra el otorgamiento y control de la Libreta de Trabajo, “un documento personal, intransferible y probatorio de la relación laboral” y el otorgarmiento de fondos de desempleo.
Para cumplir con semejantes y nobles tareas, recibe una contribución del 1,5% del total de la remuneración abonada por los empleadores a cada trabajador, fondos que son recaudados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y giradas a una cuenta a nombre del propio RENATRE.
Uno de los puntos centrales de la nueva ley es la eliminación del RENATRE, el cual queda absorbido por una nueva entidad, el RENATE, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Esa es la pelea de fondo.
¿Por qué? Para explicarlo, bastan algunos números. Según consta en la página web de la AFIP, las sumas giradas durante el año pasado superan cada mes los $ 10 millones. Fueron $ 13.062 millones en enero, $10.699 en febrero, $10.583 en marzo, $ 10.926 millones en abril, $ 11.244 en mayo, $ 11.248 en junio y de $ 11.873 millones en agosto, último dato disponible.
Es decir, sólo por aportes patronales la cifra supera ampliamente los 100 millones de pesos anuales. Entre 2002 y 2010 esos fondos suman 496 millones. Pero no son los únicos ingresos. A ese monto hay que sumarle la rentabilidad de las inversiones del RENATRE y las multas que la entidad aplica a partir de las fiscalizaciones realizadas por una empresa de dudosa constitución. Según una investigación de la Revista Veintitrés, la firma Gregard –contratada para llevar a cabo las inspecciones– tiene domicilio en Reconquista 630 de la Ciudad de Buenos Aires, la misma dirección que la UATRE, y dos de sus directores estarían estrechamente vinculados con el ex presidente Duhalde.
Si bien la responsabilidad última siempre es del Estado, existe un amplio consenso entre los funcionarios y especialistas en que la implementación y funcionamiento del RENATRE no movió el amperímetro en cuanto al nivel y la gravedad de las condiciones de trabajo en el campo, donde la falta de registración es la norma.
Durante 2011 saltaron a la luz dramáticos casos de trabajo esclavo en establecimientos agropecuarios, algunos vinculados a multinacionales, y que tenían como víctimas a trabajadores temporarios, más conocidos como “golondrinas”.
La nueva norma remplaza la legislación proveniente de la última dictadura militar. Lejos de ser un capricho del oficialismo, fue avalada por 68 votos positivos y uno negativo en la Cámara de Senadores, mientras que en Diputados fue acompañada por 174 votos a favor y solamente cuatro en contra.
“No se entiende la preocupación de la dirigencia sindical de la UATRE por defender la caja del RENATRE en vez de salir a defender una ley que protege los derechos de los trabajadores rurales”, indicó el ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien se mostró esperanzado de que la justicia avale finalmente la implementación de la norma. “Esperamos que las apelaciones a las medidas cautelares que hicimos durante la semana pasada permitan darle pleno cumplimiento a una ley que ya está en vigencia”, indicó el funcionario. <
Cortes, insultos, patovicas y cautelares
Desde el mes de diciembre, cuando comenzó la discusión del nuevo régimen de trabajo agrario en el ámbito legislativo, se multiplicaron las protestas de la UATRE, que incluyeron algunos cortes de ruta y duras diatribas del Momo Venegas contra los legisladores que apoyaron la iniciativa.
Tras la sanción de la norma, la semana pasada, patovicas de la UATRE impidieron la entrada de la autoridades oficiales designadas por el ministro de Trabajo.
El último escalón de la disputa tiene lugar en la justicia. El gremio de la UATRE que dirige Gerónimo Venegas obtuvo una medida cautelar que puso en suspenso la postergada implementación de la norma.
Un juez bajo sospecha
“¿Cuánto hay que pagar para cobrar?” le preguntó un jubilado al juez Alberto Ize. Era el año 2010 y el incidente, que provocó la renuncia del magistrado a la subrogancia que ejercía en el Juzgado Federal 3 del fuero de la Seguridad Social, desencadenó una investigación que puso al descubierto una estafa millonaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El accionar de Ize y de sus dos secretarios, Fernando Mora y Emmanuel Catardo fue puesto bajo la lupa al detectarse una serie de irregularidades vinculadas al trámite y liquidación de sentencias en juicios por actualización de haberes jubilatorios. “Los dos secretarios embargaban a las ANSES y sacaban sentencias superiores al millón de pesos: en primer lugar, el retroactivo era muy superior a lo que correspondía y segundo, estaban asociados a abogados patrocinantes de jubilados con quienes tenían claros vínculos de connivencia”, detalló Diego Bossio, titular de la ANSES.
Por esta y otras causas, el magistrado tiene actualmente tres denuncias en etapa de investigación preliminar presentadas ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
Cómo es la nueva ley
Entre otras mejoras, la nueva norma que regula las relaciones laborales en el sector agropecuario, incorpora a los trabajadores a la Ley de Contrato de Trabajo y establece límites precisos a las jornadas de trabajo, las cuales no podrán exceder las ocho horas diarias y 44 horas semanales.
También se ocupa de los empleados estacionales o “golondrinas” –representan cerca del 75% de la masa laboral y es el sector más alcanzado por la precarización– a partir de la creación de la figura del “trabajador permanente discontinuo”, quien “tendrá iguales derechos que los trabajadores permanentes ajustados a las características discontinuas de sus prestaciones”. Al mismo tiempo prohíbe el trabajo infantil y regula la contratación de adolescentes de entre 16 y 18 años, previa autorización de los padres. Y crea un régimen previsional que reduce de 65 a 57 años la edad jubilatoria (con 25 años de aportes).

Del voto al veto - MAURICIO MACRI LLEVA VETADAS 84 LEYES DESDE EL COMIENZO DE SU GESTION

Entre las últimas leyes anuladas se cuenta la que prorrogaba el régimen de protección para las empresas recuperadas, una jubilación para los músicos y la ampliación de la red sonora de semáforos para ciegos. Cortocircuito con sus legisladores.

A los vetos. Mauricio Macri lleva vetadas 84 leyes desde el comienzo de su gestión. Sus eventuales segundos –que ocupan su lugar mientras está de viaje– suman otros diez vetos más. La oposición porteña, del kirchnerismo a la Coalición Cívica, pasando por Proyecto Sur, repudió la última seguidilla de vetos del procesado jefe de Gobierno. Señalan que la mayoría de las leyes tenían un fin social o beneficiaban a sectores desprotegidos. También advierten que la mayoría de esas normas habían sido aprobadas por el PRO, cuando no fueron incluso propuestas por los propios macristas. En sordina, en el bloque PRO se quejan de la compulsión al veto de su líder y el costo político que viene teniendo.

El veto es una facultad del Poder Ejecutivo, ante la cual la Legislatura puede aceptar las modificaciones o insistir con la ley original. Como en ese último caso hace falta una mayoría de dos tercios se vuelve virtualmente imposible revertir un veto (el macrismo tiene 28 bancas de las 60). Desde la autonomía de la ciudad hubo 245 vetos. Un tercio le corresponden a la gestión PRO. Fernando de la Rúa tuvo 40 como jefe de Gobierno, a los que deberían sumarse otros cuatro de Enrique Olivera. Aníbal Ibarra vetó 93 leyes: 48 en su primer mandato y 45 en lo que fue de su segundo al juicio político en el que fue destituido. Jorge Telerman completó ese período con otros 37. Macri está empezando su segundo mandato y ya acumula 84 vetos, a los que se suman otros diez firmados por sus segundos al mando mientras el jefe de Gobierno estaba de viaje.
Los datos surgen de un informe elaborado por el equipo técnico del senador Daniel Filmus. En él, afirman que en 2010 Macri alcanzó el record histórico de la ciudad en materia de vetos: 36 en un año. Ese período coincide con el momento en que Proyecto Sur llegó a ser segunda minoría en la Legislatura. En enero de 2011, Macri tuvo doce vetos en una semana. Este verano parece haber decidido seguir con esa misma costumbre.

De vetos y botas

La última saga de vetos despertó una crítica unánime de los opositores porteños. Entre las últimas leyes anuladas por Macri se cuenta la que prorrogaba el régimen de protección para las empresas recuperadas, una jubilación para los músicos y la ampliación de la red sonora de semáforos para ciegos. Macri también vetó la ley que impedía la venta de medicamentos en kioscos, bares y supermercados. En realidad adhería a la ley nacional, que votaron los diputados macristas. Déjà vu: vetó otra norma que obligaba a publicitar un régimen de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, implementado por otra ley nacional que también votó el PRO en el Congreso. Esto no parece causarle mucha gracia al bloque que conduce Federico Pinedo. “¿Setenta y pico de vetos? ¿Muchos, eh?”, afirmó el jefe de bloque en un reportaje de Página/12 el año pasado. En lo personal, dijo que lamentaba el veto a la reducción de polución visual.
El veto a la ley de medicamentos va en línea con el primero de los que firmó Macri: fue el 29 de diciembre de 2007, cuando anuló la creación de un Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos.
Según el equipo de Filmus, el 90 por ciento de las leyes vetadas habían sido avaladas por la bancada del PRO. Esa situación trajo no pocas críticas internas y peleas a los gritos entre legisladores y funcionarios macristas. “A Mauricio lo aconsejan para el carajo”, dicen desde la Legislatura y le apuntan al secretario legal y técnico, Pablo Clusellas.
“Tiene menos cintura política que un pollo. Además, los ministros ni se fijan en las leyes que se están votando. La ley de semáforos para ciegos había tenido un informe de la Copidis, del Ejecutivo, altamente favorable. No tiene sentido el costo político que tienen esos vetos”, critica un legislador macrista. Y no es el único.

“El Capitán Veto”

“No hay un debate serio en la Legislatura: muchas veces no tienen argumentos y lo votan positivamente, total ya está arreglado el veto”, interpreta Filmus. “La mayor parte de las leyes tienen su explicación en evitar gastos hacia sectores desprotegidos. Una de las leyes era para que los trámites para ciegos se hagan con Braille y él la vetó. Decía que el costo no ameritaba la gente que lo iba a usar”, recordó el senador, quien concluyó en que “hay un desprecio total por la institucionalidad”.
El bloque que conduce Juan Cabandié se sumó a las críticas con un comunicado firmado por sus ocho legisladores. Allí, consideraron que el veto “esconde detrás de aparentes discusiones técnicas que claramente responden a una profunda ideología elitista y a la incapacidad del macrismo para buscar soluciones reales a los problemas de los porteños”.
“Macri es el gran vetador. Veta no sólo desoyendo la voz de la Legislatura, sino de su propio bloque. Está vetando todas leyes que contaban con la aprobación unánime de la Legislatura, incluso del PRO”, insistió Ibarra, quien forma un interbloque con los kirchneristas.
El jefe del bloque de Proyecto Sur, Julio Raffo, tuvo la particularidad de enviar una serie de comunicados, todos titulados: “El Capitán Veto”. En la última edición –“El Capitán Veto ataca de nuevo”– Raffo exigía que “el Ejecutivo se autolimite en el uso de esa facultad por cuanto el abuso choca contra el espíritu constitucional”. “Parece que hubiera un ensañamiento con los más débiles y, en otro orden, un reiterado desprecio por la cultura”, sostuvo Raffo sobre otro veto de Macri al rescate del ex cine Aconcagua para que funcionara como un centro cultural.
En el área de vivienda, Macri se destacó por vetar la prórroga de la emergencia habitacional el 13 de enero de 2011, es decir, a pocos días de los incidentes del Parque Indoamericano. “Es el reconocimiento del Estado que no cumple con lo necesario para resolver la crisis habitacional. La Legislatura reconoce el problema y genera política pública y Macri la veta”, señaló Rocío Sánchez Andía, legisladora de la Coalición Cívica-ARI. La ley prohibía los desalojos en inmuebles de la ciudad que no fueran ulilizados como espacio público. “No veta cualquier cosa: veta un cine barrial, la jubilación a músicos, un subsidio a un organismo de derechos humanos, como la APDH”, interpretó Sánchez Andía.
En materia de transparencia, Macri tuvo un oportuno veto parcial a la regulación de la publicidad oficial, que había impulsado el dirigente de Colectivo por la Igualdad Facundo Di Filippo. “Lo que habíamos logrado era que no utilizara los colores que utiliza la gestión para la campaña del partido”, recordó Di Filippo. ¿Qué vetó Macri de esa ley? Sólo los artículos que establecían la prohibición de incluir las imágenes de los funcionarios en la publicidad oficial y de no emitir publicidad oficial en el mes previo a las elecciones. Cuando el amarillo inundó la ciudad y los globos se repitieron en actos partidarios y oficiales.


El Vet-o-matic

Entre las leyes vetadas por la gestión PRO se pueden encontrar algunas perlitas:

- Una ley que eliminaba la “H” de “Haciendo” de las publicidades del gobierno porteño.
- Normativa de góndolas necesarias con alimentos dietéticos.
- La creación de foros de seguridad pública, con participación comunitaria.
- Un beneficio para las víctimas del Plan Conintes.
- El llamado a concurso para el ingreso al cuerpo docente de la Academia de la Policía Metropolitana.
- Implementación de un baño para los usuarios en bancos públicos y privados.
- La creación de un comité contra las torturas.
- Una ley que facilitaba el acceso a becas para estudiantes universitarios.
- La creación del registro para los cuidacoches.
- Un programa para generar inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad social.
- Otro programa de prevención civil en situaciones de riesgo o catástrofes.
- La protección integral a personas en situación de calle.
- Servicio gratuito de llamadas telefónicas de celulares a teléfonos de emergencia.
- La iniciativa que permitía al municipio de Morón construir una escuela en el predio de la ex Mansión Seré.
- El último veto: del viernes pasado, a una ley que le daba un predio por 20 años a la Asociación Civil Círculo Ferromodelista. 

Una comuna se puso en alerta

 PIDEN EXPLICACIONES POR EL PAGO QUE SE HABRIA HECHO EN EL CGP 7

El presidente del PRO, Humberto Schiavoni, negó las acusaciones de Lorena Martins, y el ex funcionario Raúl Ríos dijo que querellará a la hija de Raúl Martins. Un comunero de Proyecto Sur pide una reunión urgente de la junta y que se investigue el hecho.

La denuncia de Lorena Martins sobre el presunto financiamiento a la campaña de Mauricio Macri por parte de una red de trata de personas comienza a tener consecuencias institucionales en la ciudad. Ella afirmó que presenció el pago de “$10.000” en un sobre papel madera a Raúl Oscar Ríos, ex titular de la Agencia Gubernamental de Control, pocos días antes de la segunda vuelta porteña. Sostiene que el pago se hizo en el CGP 7. Ríos es quien maneja el PRO de Flores, que corresponde a la Comuna 7 y le responde al presidente de la junta comunal, Guillermo Peña. La esposa de Ríos también está en la junta. El comunero de Proyecto Sur Jorge Orovitz Sanmartino reclamará que se haga una reunión urgente.

Lorena denunció a su padre, Raúl Martins, como jefe de una red internacional del proxenetismo. Como parte de su denuncia, dio a conocer dos fotos: una de su padre con el empresario de la noche Gabriel Conde y otra de la misma persona con Mauricio Macri y Juliana Awada. Lorena afirmó que esa foto fue tomada en el night club Mix Sky Lounge, “donde se ejerce la trata de personas”. Desde el PRO señalaron que la relación de Macri con Conde es de amistad, dado que es el hijo del histórico dirigente de Boca Luis Conde, y dicen que la foto fue tomada en la luna de miel. Gabriel Conde tiene entre sus 900 amigos de Facebook a Macri y a Samantha Farjat. Dice que estudió el secundario y la universidad en el “Hipódromo de San Isidro. Potrancas de dos años en adelante”.
Ríos también es un dirigente de Boca. Debió renunciar a la Agencia de Control cuando se supo que estaba negociando la compra de jugadores mientras seguían las tareas de rescate del gimnasio de Villa Urquiza. Su esposa, Liliana Iamurri, también fue funcionaria del área de controles. Luego fue en las listas del PRO como comunera de Flores. Asumió junto con Guillermo Peña, el actual presidente de la junta comunal, que también responde a Ríos. El hombre fuerte del PRO Flores salió ayer a negar que haya cobrado dinero en negro para la campaña y dijo que querellará a Lorena Martins por calumnias e injurias. Sus adláteres en la Comuna 7 deberán enfrentar otros problemas institucionales, en el ínterin.
“Voy a hacer un pedido formal para que se reúna la junta comunal, considerando la grave situación de las denuncias que afectan a la misma comuna y a la sede comunal, porque se dice que ahí se habría entregado dinero, no una sino varias veces. Y se dice que Ríos –que no es personal de la comuna– atendía ahí”, destacó el comunero Jorge Orovitz Sanmartino, que pertenece al MST-Proyecto Sur. Las derivaciones institucionales del caso parecen estar sólo en sus comienzos.
Por intermedio de la ONG La Alameda, Lorena Martins tuvo el viernes una reunión con el cardenal Jorge Bergoglio, quien le expresó su apoyo ante la denuncia que estaba haciendo contra el proxenetismo y la trata de personas. “Estamos a plena disposición de la Justicia para aportar toda la información que contribuya a demostrar la falsedad de las acusaciones”, sostuvo el presidente del PRO, Humberto Schiavoni. El ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, y el titular de la Agencia, Javier Ibáñez, se acercarán a Tribunales para interiorizarse en la causa.
“PRO no ha recibido, ni consta que haya recibido, ningún tipo de aporte o apoyo electoral ni institucional por parte del señor Raúl Martins”, dijo Schiavoni. La respuesta de Lorena Martins a eso ya había sido que difícilmente un pago en efectivo, en un sobre papel madera, sea registrado como un aporte en blanco para la campaña.

kirchner en europa

Cuando hace ya casi una década Néstor Kirchner comenzó el proceso de desendeudamiento en el país, muy pocos comprendieron la magnitud de esa determinación política, que completara con el pago al FMI a fines de 2005, actitud esta muy criticada a derecha e izquierda del arco político ideológico, valga la redundancia, por algo se cantaba ni yankis ni marxistas, guarda al hilo ...

Hoy el volumen de la crisis europea tiene en el endeudamiento uno de sus indicadores centrales. Nadie niega ya el problema de la magnitud deuda pública en la dinámica de los países en crisis.

Al respecto leemos: Muchos países de la UE tienen que afrontar una gran deuda nacional. El mapa de la deuda de E24 te ofrece la información más importante sobre la situación de la deuda en cada país.

Puedes clasificar los países por el volumen de su deuda nacional en relación con su producto interior bruto o el interés de mercado de sus bonos soberanos.

Si se pincha en cada país se accede a los gráficos que ilustran todos estos factores, que afectan a la capacidad de pagar la deuda.

Para ingresar al mapa interactivo http://microsite.20minutos.es/mapa-deuda-ue/ (permite comparar países en cinco indicadores claves: deuda, desempleo, evolución del PBI, rendimiento bonos soberanos, relación défict/superávit)

más sobre el compañero rattazzi: "cuesto cabecita complicano tutto"

A pesar de ser rosarino, Olmedo siempre se divirtió haciendo personajes con acento cordobés, el más recordado de ellos es el Operario Cordobés, que acompañaba a realizar service a domicilio a Eddie Pequenino, que interpreta un espectacular antepasado del señor Tano Rattazzi, aunque menos gracioso y muchísimo menos chantún.

En este sketch además, Olmedo despliega un lenguaje gestual de proporciones épicas, que casi no necesitaba hablar para hacernos reir .

los pronósticos del compañero rattazzi en el año 2009: " creo que en el mondo la crisi..s ya pasó (!!!) , ma creo que aquí todavía vamo a vere problem

Tiembla Horangel!! Qué opinan los compañero y compañeras de este inmigrante "de los buenos", no como esos manteros de mierda, trapitos culo roto...

HAY QUE PASAR EL VERANO !!

Por Consultora Equis


Cuando fuimos consultados, antes de la operación de tiroides a la que fue sometida Cristina Kirchner, sostuvimos y fue publicado oportunamente que la relación de la Presidenta con la opinión pública era ya muy sólida, producto, fundamentalmente, de la aceptación mayoritaria de su gestión de gobierno.

A su gran respaldo electoral agregaba una imagen de 70 por ciento de menciones positivas. Frente a ese contexto tan favorable, no podían esperase grandes cambios sino en el margen, tanto respecto de la aceptación de gestión como imagen.

Como se observa en el gráfico elaborado en base a un relevamiento nacional de Consultora Equis realizado con anterioridad a la intervención quirúrgica a 800 argentinos mayores de 18 años y residentes en los principales conglomerados urbanos del país –Capital, provincia de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Santa Fe- , si hubiera elecciones nuevamente, Cristina Kirchner obtendría el 58 por ciento de los votos, y esa circunstancia no se habrá modificado sustantivamente tras conocerse la noticia de su afección.

En efecto, transcurrida la intervención, más allá de las polémicas de ruleros desatada en los medios en base a la información pública y publicada sobre temas estrictamente médicos, no hubo cambios en los niveles de popularidad de la Presidenta que no le debía nada a su afección y tampoco le debe nada tras resolver su problema de salud.

La tiroides, ni aún la de Cristina (¡perdón!), no tiene la propiedad de modificar el estado de opinión pública. No lo hizo antes, no lo hace después, los ciudadanos que daban respaldo al gobierno lo siguen haciendo y los que lo adversan continúan en esa posición.

El Gobierno, según los medios opositores –y hasta la propia Presidenta como sostienen los más talibanes –, dieron como seguro que ella padecía un cáncer, y la confirmación de que esto fue un “falso positivo” y generó impacto negativo en la opinión pública es una afirmación sencillamente falsa .

Es muy evidente, pero hay que decirlo una y otra vez, que no hay episodios circunstanciales de carácter personalísimo, y una enfermedad lo es, que promuevan cambios drásticos y permanentes de opinión pública, a favor o en contra. Sí cambia la “opinión publicada”, pero ese es otro tema en el que no ingresaremos por falta de espacio.

En este sentido, ya fue utilizada abusivamente por medios y políticos opositores (valga la redundancia) la tragedia de la muerte de Néstor Kirchner para justificar la popularidad “circunstancial” de Cristina Kirchner.

Se pretendía ocultar con esto que en la base de su extenso reconocimiento comunitario, luego traducido en más de nueve millones de votos, estaba y está la gestión de gobierno que viene desplegando en medio de enormes dificultades locales e internacionales desde diciembre de 2007.

Así las cosas, tal como está hoy la credibilidad pública en los medios masivos, los cambios de opinión pública (no publicada, insistimos) solo sucederán si y solo si algún episodio de gestión afecta la vida cotidiana de los que acompañan al gobierno, que son muchos pero ( increíblemente! ) no todos . Los cambios de opinión positiva no serán consecuencia de la crítica periodística opositora, como tampoco , hay que decirlo, se sostendrá por los méritos que señalen del gobierno los medios oficialistas.

Mientras la gestión del Gobierno Nacional sea evaluada adecuadamente en función de la mejora en las condiciones materiales de existencia por una mayoría ciudadana muy consistente como ocurre hoy , los dimes y diretes, pullas, chascarrillos y cornetines que circulan son parte del "relato" mediático, sea oficialista u opositor.

Igualmente, las chicanas mediáticas son las reglas de juego, muy comprensibles y no deben ser dramatizadas. Imaginamos que en las acaloradas redacciones acechadas (ay!) cual Eduardo Buzzi por la sequía de noticias, se parafrasea habitualmente al paquidérmico Álvaro Alsogaray -- pater familia de una parentela de empleados públicos que estragara la vida comunitaria nacional por más de medio siglo --, modificando ligeramente la sentencia que fuera su único recuerdo perdurable : Hay que pasar el verano.

¿NUEVA POLÍTICA? Denuncian que Macri recurre a ordenanzas de la dictadura

A raíz del desalojo de manteros en la calle Florida, la diputada por Nuevo Encuentro, Delia Bisutti, denunció que Macri está aplicando normas que fueron escritas e implementadas en dictadura.









La denuncia de la diputada se basa en que "la solución del macrismo para ordenar el espacio público es sacar a los manteros de la calle Florida y para eso utiliza la ordenanza 25764/71, una normativa de la dictadura que crea una Comisión integrada por representantes de reparticiones municipales y de la Asociación Amigos de la calle Florida".

Según explicó, dicha organización "a través de su representante el Sr. Héctor López Moreno, ha expresado por todos los medios que el Gobierno de la Ciudad debe ejercer la mano dura contra los manteros y agregó que “casualmente en esa ordenanza proveniente de la dictadura, se habla de grupo de tareas para referirse a la Comisión que se crea”.
“Como si esto fuera poco, hace dos días Rodríguez Larreta anunció públicamente un plan para resolver otro tema conflictivo como es el del tránsito en el centro porteño. Aquí una vez más descubrimos que Macri vuelve a recurrir a una reglamentación acuñada durante la dictadura. Esta vez echó mano a la ordenanza 32876/76 y el decreto 2268/76 para restringir el uso del auto en el microcentro”, advirtió la diputada.

En ese sentido, la legisladora de Nuevo Encuentro reflexionó: “Macri comenzó su segundo mandato de gobierno y sigue demostrando que es un inoperante para conducir los destinos de los habitantes de esta querida Ciudad. Ya pasaron cuatro años de gobierno y los macristas no fueron capaces de generar herramientas de la democracia con participación ciudadana para buscar soluciones a determinadas problemáticas”.

LOS MAILS DE LA CAUSA MARTINS - "Creo que hay para aportar para Mauricio"

Eso dice uno de los mails que Lorena Martins, hija del presunto proxeneta que habría financiado la campaña de Macri, aportó a la Justicia para la investigación. El que dio la orden, según Lorena, fue su padre, Raúl Martins






Raúl Martins, ex agente de la SIDE, denunciado por su hija por trata de personas






Lorena Martins denunció a su padre por trata de personas tras trabajar durante un tiempo en la organización que Raúl Martins lidera. Tras recolectar información desde adentro, Lorena decidió ir a la Justicia para desarmar la red de trata de personas que habría montado su padre.

Dentro del material aportado a la causa hay una serie de mails que demostrarían que Raúl Martins habría puesto dinero para la campaña de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires en ocasión de la elección para Jefe de Gobierno. Esto toma relevancia ya que Martins tiene varios puticlubs en la Ciudad, algo que queda evidenciado en los mails.


Los correos electrónicos que aportó la denunciante tienen fecha del 26 de julio de 2011; cinco días antes de la segunda vuelta porteña que Mauricio Macri ganó.
El primer mensaje tiene como remitente el nombre de “Fernando Gómez”, que según explicó Lorena Martins a Página/12, es la cuenta que utilizaba Pablo Paternostro. La dirección receptora del primer mensaje es “Mercedita Suarez”: según Lorena, se trata de la cuenta que comparten su padre y su actual pareja, Estela Percival, a quienes sindica como los jefes de la red de proxenetismo. El asunto de los mails es siempre “Amigo de Boca”. Lorena afirmó que es una referencia a Ríos, según publicó el matutino.


“Hoy me llamó el de Boca y me junté con él. Me pidió si se le puede aportar 10 lucas para solventar gastos de campaña para la segunda vuelta. Me recordó que el año pasado cuando nos pidió y no la necesitó, la devolvió y te lo agradeció, y que le está pidiendo a los que no les pidió en la primera vuelta”, dice el primer mail que habría enviado Paternostro.


La respuesta de quien sería Martins es la siguiente: “Yo creo que sí hay que aportar para Mauricio....., Más cuando todos los negocios están en Capital”.


En la respuesta, se agregó una nueva dirección de mail a nombre de “Virginia”, que según Lorena, se trata de “Virginia Solís, madre de Estela Percival y quien maneja la plata de la organización”. En el correo elecrónico, se le ordena textualmente: “Virginia: dale a Pablo los 10.000 $ .- Aprovechá para presentárselo a Lorena.” “Pablo” –afirma Lorena– es Pablo Paternostro.


“Lo que dice en el mail se cumple: me llevan para presentármelo a Ríos”, cuenta Lorena a Página/12. “Estábamos Pablo Paternostro y yo, y Oscar en el escritorio. Vi cómo Pablo le dio un sobre papel madera con la plata a Ríos. Yo no veo la plata, pero supongo que eran dólares. Estimo que ponen el signo ‘mce_markerrsquo; en el mail para acelerar, que significa plata”.

Y de repente todos fuimos médicos

Por Luis Bruschtein


Y de repente todos fuimos médicos, endocrinólogos y cirujanos y se dijo tiroidectomía y carcinoma como quien dice milanesa con papas fritas. El privilegio fantástico de los medios permite esas ilusiones, estimula eso de ser periodista o ser médico y hacer malabarismos de palabras y juegos políticos de nada por aquí y nada por allá.

Hubo periodistas sin título de médico que ejercieron como si: diagnosticaron que la operación de la Presidenta era una equivocación, que no tendrían que haberla operado. O que no tendría que haberse anunciado que tenía cáncer. Hubo médicos con título de periodistas que dijeron que la medicina argentina había hecho un papelón bochornoso. El bochorno lo hace un médico que no sabe que estos diagnósticos con ese margen del dos por ciento de duda son normales. El bochorno de un médico es no saber que un médico nunca le dirá al paciente que no tiene cáncer, solamente por ese dos por ciento de duda: festejará después con el paciente, si está dentro de ese dos por ciento que elude el diagnóstico.

Igual que con el cáncer, tanta poca sapiencia, tanta metida de pata con palabras técnicas puede ser casualidad en el dos por ciento cuando se habla del periodismo y los medios. En el 98 por ciento restante, se trata de interés por embarrar la cancha, por hacer una utilización política de la salud de otra persona, en este caso, de Cristina Kirchner.

El informe del Hospital Austral es preciso, concreto: pasó esto y se hizo aquello. Cada decisión que se tomó es la que se toma siempre en estos casos. Aquí y también en todo el mundo ante el que la medicina argentina habría hecho un papel “bochornoso”.

El motivo de esta falsa sospecha mediática es bartolero. Pudo ser hacer creer en una operación para victimizar a la Presidenta. Pudo ser la idea de transmitir una imagen de caos, de descuidos y desprolijidades: “Si son así con la salud de sus dirigentes, imagínese usted, señora, cómo serán en otras cuestiones”. Sea el motivo que haya sido, en política y en el periodismo, la utilización política de la salud de una persona se considera un golpe bajo, un recurso vulgar.

Y, al final, la Presidenta no tenía cáncer. No es bueno enojarse por ese motivo. Hace mal a la salud. El Hospital Austral dice que fue operada porque así lo requería su enfermedad, ya fuera maligna o benigna. En realidad todo pasó como se contó. Con sorpresas, buenas, pero sin misterios, sin conspiración. No hubo nada de lo que se sugirió en jerga médico-mediática. Ya no se sabe si de los medios se espera la verdad o el show pero, en todo caso, la mezcla de política, salud y show termina por revertirse en contra de quienes la utilizan si queda tan expuesta como ahora.

SIEMPRE CON LOS PIBES DEL BARRIO - COMENZARON LAS COLONIAS DE VERANO.

Cerca de 70 pibes del barrio de Saavedra, organizados desde el Frente en dos micros, comenzaron a disfrutar este lunes 2 de Enero de las colonias en el Parque Sarmiento.
Este es un derecho que los pibes tienen todos los años, cuando llega el mes de enero, no un regalo del Gobierno de la Ciudad que se encuentre de turno.
Esperemos que este año no surgan los inconvenientes que vienen sucediendo todos los años, desde la gestión de Macri

Macri volvió a vetar: esta vez una ley que favorecía a mayores

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, vetó hoy una ley que contemplaba el otorgamiento de un subsidio de carácter mensual y vitalicio a músicos mayores de 65 años




Macri sigue vetando leyes aprobadas por la legislatura




Según el decreto 727 publicado en el Boletín Oficial, la gestión del PRO "considera que no resultaría conveniente implementar el régimen propuesto, en virtud de que quedarían excluidos del mismo una universalidad de actores culturales que en las más disímiles disciplinas del arte han contribuido y contribuyen a la cultura de nuestra ciudad, afectándose el principio de equidad".


El gobierno porteño sostiene que "el otorgamiento de un subsidio mensual y vitalicio implicaría comprometer a futuras administraciones, afectando sus ejercicios presupuestarios, motivo por el cual se estima inconveniente conceder el mismo con las citadas características".


Puntualmente, la ley 4012 fue aprobada por los legisladores el 24 de noviembre pasado a instancias de un proyecto de la diputada Silvina Pedreira, quien culminó su mandato el 10 de diciembre pasado, y planteaba la creación del "Régimen de Reconocimiento a la Actividad Musical".


La iniciativa incluía la entrega de un subsidio de 3.475 pesos para aquellos músicos que lo solicitara y cumplieran con los requisitos establecidos, entre ellos, "tener residencia permanente en la Ciudad no inferior a 15 años de antigüedad, tener una edad mínima de 65 años y acreditar una reconocida trayectoria pública no inferior a 20 años".


En tanto, establecía que el órgano encargado de seleccionar y recomendar el otorgamiento del subsidio a los postulantes sería un Comité de Evaluación integrado por un presidente y un vocal designados por el poder Ejecutivo porteño.

Denuncian a Macri por recibir dinero de la trata para su campaña

La ONG La Alameda denunció que Mauricio Macri recibió el año pasado dinero para su campaña electoral procedente del presunto traficante de mujeres y ex agente de la SIDE, Raúl Martins





Macri y su esposa en Cancún, al lado de Gabriel Conde, procesado y prófugo de la justicia por regentear el prostíbulo Shampoo / Foto: La Alameda


Martins fue denunciado ante la justicia por su propia hija, Lorena Martins, quien aseguró que su padre lidera una red de prostitución y trata de personas, además de regentear prostíbulos en diferentes partes del mundo.



De hecho, la ONG publica una fotografía donde se ve a Macri y a su esposa Juliana Awada (denunciada por talleres esclavos), quienes aparecen en el interior de un “cabaret” de Martins en México, más precisamente en Cancún; se trata del prostíbulo “Mix”, también sede de operaciones de “Los Zetas”.



Según la organización, el hombre sentado a la derecha del jefe de Gobierno porteño es Gabriel Conde, procesado y prófugo de la justicia por regentear a fines de la década del ’90 el prostíbulo Shampoo, donde explotaban mujeres traficadas de Brasil y República Dominicana. Gabriel es el hijo de Luis Conde, quien creó Shampoo y fue un reconocido dirigente del club Boca Juniors; de hecho, fue vicepresidente de Boca y aliado de Macri para que éste obtuviese la presidencia del club xeneize.



El pago de la campaña política del PRO, durante 2011, por parte de Martins fue denunciado por la hija del proxeneta y tratante, quien dio detalles a la justicia y ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos (UFASE) y Trata de Personas.



De acuerdo a La Alameda, la relación de la mafia prostibularia con el Gobierno de la Ciudad llega hasta el dirigente de Boca Juniors y ex titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Raúl Oscar Ríos, quien recibió en la sede del CGP N° 7 el pago enviado por Martins para la campaña del PRO.



A su vez, Lorena Martins señala que Ríos es la conexión de su padre para frenar inspecciones de los siete prostíbulos de Martins en la Ciudad. Otro de los funcionarios mencionados en la denuncia por coimas de la mafia proxeneta y tratante es José L. Alonso, inspector de Habilitaciones y Permisos de la AGC

"Mauricio Macri veta una ley cada 15 días"

El senador nacional del FpV, Daniel Filmus, acusó hoy al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, de vetar en promedio "una ley cada 15 días" y sostuvo que esa situación revela una "fuerte señal de autoritarismo".
















Tras el veto a la ley 4021 que otorgaba un subsidio mensual y vitalicio a músicos mayores de 65 años, Filmus aseguró que desde que está al frente del distrito "Macri vetó 85 leyes, la mayoría de ellas vinculadas a los derechos humanos y reivindicaciones sociales, y muchas específicamente de derechos de los usuarios y consumidores".



"Esta actitud del Jefe de Gobierno porteño revela una fuerte señal de autoritarismo: así como no respeta la normativa vigente para el aumento de los subtes, tampoco respeta la institucionalidad de las leyes votadas por su propio bloque de legisladores", agregó el senador en un comunicado.



En ese sentido, Filmus afirmó que "el veto a tantas leyes en tan poco tiempo, no sólo es grave por el deterioro institucional que supone desoír las decisiones de la Legislatura y de sus propios legisladores; es grave también porque la mayoría de las iniciativas vetadas eran leyes sustantivas que significaban importantes avances en políticas públicas".



Por último, el senador sostuvo que "los vetos en cuestión marcan claramente una dirección ideológica contraria a la ampliación de derechos, a la inclusión social o a la solución de los problemas de los más necesitados, como la gestión de Macri ya viene demostrando con diferentes expresiones".

Argumentos para una mayor igualdad - Por Alejandro Grimson, Victorio Paulón, Jorge Gaggero, Florencia Abbate

Esta carta pretende escapar a una falsa polarización. Quienes firman Plataforma, quienes adhieren y promueven Carta Abierta y quienes firmamos estos “Argumentos” afirmamos desear que la Argentina sea una sociedad más igualitaria. ¿Cómo es posible que nuestro diagnóstico acerca de lo que sucede en el país sea tan distante del de Plataforma?

El pensamiento crítico, que reivindicamos, distingue entre cualidades diferentes, se adentra con cuidado en procesos complejos. No descalifica a los adversarios o a quienes piensan diferente: construye argumentos. Quienes firmamos este texto creemos que es urgente desplegar un debate franco, que busque reconocer los matices y complejidades del proceso actual.

Cuando se parte de una presuposición, por ejemplo que este gobierno es calamitoso o maravilloso, y de ello se deriva que todo lo que haga ese gobierno tendrá esa misma cualidad, se está renunciando al análisis político y a la principal función de la crítica, que es la capacidad de distinguir.

Los firmantes de Plataforma 2012, con algunos de los cuales hemos compartido muchas luchas, parten de una idea que consideramos equivocada: este gobierno es nefasto y sólo hace cosas nefastas. Vamos a detenernos en las principales afirmaciones:

1 “Se ha profundizado la desigualdad”. Esto no puede afirmarse y menos aún al pasar. Los compañeros saben que hay distintas formas de estudiar la distribución del ingreso y que en cualquiera de ellas la desigualdad no se ha profundizado desde 2003 a la actualidad. La Asignación Universal, la ampliación de las jubilaciones, la reducción del trabajo precario (aún modesta para los objetivos que deben plantearse) ayudaron a eso. Las tan vapuleadas retenciones y el Impuesto a las Ganancias (aunque está pendiente una reforma impositiva) mejoran la distribución. Además, leyes como el matrimonio igualitario o del peón rural reducen otras desigualdades. Nos parece muy preocupante que se realice una afirmación tan grave sin análisis ni datos. ¿Acaso Plataforma no pretende convencer a los que piensan distinto?

2 Vemos con idéntica preocupación a la de los compañeros que desde los hechos del Parque Indoamericano en 2010 y la represión en Formosa, comience a agrietarse una de las grandes conquistas democráticas posteriores a los asesinatos de Kosteki y Santillán. Nos referimos a la máxima, tan criticada por los medios masivos, de que la policía concurra sin armas a las protestas sociales. El primer quiebre fue el asesinato de Fuentealba, con evidente responsabilidad de la policía provincial, que produjo una protesta de la CTA y de la CGT (incluyendo paro de actividades). El asesinato de Mariano Ferreyra, con gran repercusión, está siendo investigado y produjo la inédita consecuencia de un secretario general gremial preso. Ese hecho parece no existir para Plataforma. Por nuestra parte, consideramos imprescindible que el gobierno nacional tenga una política consecuente con su política de derechos humanos en relación con los asesinatos ocurridos en Jujuy, Santiago del Estero, Formosa y otras provincias. Una política que logre retrotraernos a la situación previa a los primeros muertos en protestas en las provincias. Creemos firmemente que es necesario que todas las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos tomen esta cuestión como central en su agenda. Ese es el desafío no sólo para el Gobierno, sino también para muchos actores de la sociedad argentina.

3 Todos los gobiernos, de izquierda o de derecha, construyen relatos. La pregunta no es si los intelectuales se sienten interpelados por esos relatos. La pregunta crítica es qué habilitan y qué obstruyen dichas narraciones. Honestamente, entre quienes apoyan las principales medidas de los últimos años, vemos énfasis bastante distintos, comentarios críticos, disputas relevantes e irrelevantes. La crítica a la ley antiterrorista ha sido la muestra más reciente de lo que afirmamos: hay un debate público. No vemos un discurso único, salvo que así parezca el acuerdo profundo en enfrentar los discursos de aquellos economistas que quieren llevar a este país a los años noventa.

4 Existen disputas por la legitimidad política muy asociadas con los procesos de distribución económica. Y esas luchas son verdaderamente complicadas. No sólo porque una corriente progresista, que ha tenido diferentes capítulos en la historia del país, siga creyendo que las mayorías populares están engañadas, dado que han manifestado su apoyo a pesar de la supuesta “profundización de la desigualdad”. También, y principalmente, porque los poderes económicos y corporativos son mucho más reales de lo que un lector de la Plataforma podría suponer. En su texto no mencionan sus tensiones con el Gobierno: esas tensiones serían “puro relato”. Pero todos hemos visto actuar a los grupos rurales, eclesiásticos, a los medios, a transnacionales, fondos buitre y gobiernos extranjeros. ¿Qué fueron esos hechos? ¿Pura ficción?

5 Hoy se despliega en el país una tensión y una disyuntiva entre una concepción neodesarrollista, que en el fondo cree que mayores formas de inclusión y justicia serán alcanzadas gracias al crecimiento económico y una concepción igualitarista que cree en un desarrollo integral, económico, social, ambiental y cultural. Para evaluar hacia dónde nos lleva una ley o una política, no es suficiente mirar quién la vota: es imprescindible analizar sus efectos o no de transformación social.

6 Que haya acciones y metodologías del Gobierno que no compartamos (el Indec, la minería contaminante) no nos lleva a creer que exista hoy en la Argentina la posibilidad de una construcción de izquierda que insista en desconocer los avances logrados en estos años. Un pensamiento crítico comprometido con lo que hay que lograr, pero también con lo logrado, intervendrá activamente en el debate acerca de lo que falta, que es un avance cualitativo en todos los terrenos de una mayor igualdad.

Quienes creen que nos encontramos ante el demonio y que todo lo que vivimos es solamente una fantochada, una puesta en escena, cometen el error de persistir en un análisis que elude los temas centrales de las políticas del Gobierno y también hacen silencio ante el papel de los poderes a los que se enfrenta. Ese error profundiza la idea de que hay dos trincheras. Cuando tengamos un debate con matices, percibiremos que no serán los mismos los argumentos de los compañeros de Carta Abierta (que no pueden ser calificados como “voceros del Gobierno”) que los de Plataforma, pero tampoco los de sus integrantes. Quien conoce a las personas por sus trayectorias, sus hechos y sus dichos sabe que es bueno siempre juntarse, con el riesgo de que en el entusiasmo transmitido de unos a otros esa ausencia de matices pueda terminar en rejunte.

* También firman, entre otros, Roberto Pianelli, Alicia Azubel, Sandra Arito, Eduardo Menajovsky, Claudio Ingerflom, Luisa Valenzuela, Norma Díaz, Paula Abal Medina, Rita Segato, Gustavo Tieffenberg, Jorge Sarquis, Osvaldo Pedroso, Gerardo Aboy Carlés, Hugo Rapoport, Karina Bidaseca, Ariel Lupo, Laura Malosetti, Marta Dujovne, Jorge Kors, Nicolás Escobari, María G. Rodríguez, Damián Pierbattisti, Alejandro Falco, Estela Maidac, Alexandre Roig, José Lipovetzky, Nicolás Freibrun, Eduardo Smalinsky, Alcides Chiesa, Liliana Lukin, Víctor de Zavalía, Horacio Feinstein, Ana Cambours de Donini, Sonia Otamendi, Leda Schiavo, Sebastián Pereyra, Hugo Germano, Gabriel Noel, Daniel Mundo, Pablo De Biase, Ana Castellani, Martín Plot, Gustavo Dalmazzo, Juan Lo Bianco, Sergio Caggiano, Irma Zacaria, Juan Luis Fornero, Débora Gorbán, Cora Arias, Tukuta Gordillo, Graciela Jacob, Ariel Wilkis, Philip Kitzberger, Generación Política Sur, Juan Carlos Marín.

Con límites para los extranjeros - LOS SENADORES CERRARON LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS APROBANDO LA LEY DE TIERRAS

Rodríguez Saá conversa con Juan Carlos Romero, el único senador que votó en contra de la ley de Tierras.


LOS SENADORES CERRARON LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS APROBANDO LA LEY DE TIERRAS

Cristina Kirchner la había reclamado en la apertura de las sesiones ordinarias, pero recién se aprobó anoche. Tuvo un amplio apoyo: 62 votos a favor y la única oposición del salteño Romero. Reutemann habló a favor

Fue la primera y única ley reclamada por la presidenta Cristina Fernández en la inauguración de las sesiones ordinarias, el 1º de marzo pasado. Ayer, en la última sesión del año, el Senado sancionó la medida que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales. Entre otros puntos, la iniciativa fija un máximo del 15 por ciento para la posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, crea un Registro Nacional, un Consejo Interministerial de Tierras Rurales y dispone la realización de un relevamiento catastral nacional. Con unas pocas diferencias en particular, la medida fue acompañada por el arco opositor y obtuvo 62 votos a favor y sólo uno en contra, del peronista disidente salteño Juan Carlos Romero.

“Nos vamos con la satisfacción de coincidir con todos los bloques políticos en la defensa de los intereses nacionales y sociales. Estamos terminando este año en el Parlamento con la tranquilidad del deber cumplido. Sabemos que el mandato popular nos obliga a ser consecuentes con el proyecto político ratificado en las urnas”, concluyó cerca de las 10 de la noche el senador oficialista Juan Manuel Irrazabal.

El proyecto tampoco había generado mayores resistencias en Diputados, donde se sancionó la semana pasada con 153 votos a favor y 26 en contra. Luego de su aprobación en comisión fue llevado ayer al recinto, para culminar dos días de intensa actividad legislativa. El texto, de 19 artículos, establece el límite del 15 por ciento para que quede en manos de extranjeros, ya sea de personas físicas o jurídicas. A su vez, fija, dentro de ese límite, un tope del 30 por ciento para la titularidad de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad. En cuanto a un mismo propietario, no se podrá superar las mil hectáreas “o superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales”.

Además, se crean dos organismos: el Registro Nacional de Tierras y el Consejo Interministerial, que funcionarán de autoridad de aplicación y llevarán adelante el relevamiento catastral, hasta ahora inexistente. También evaluarán las excepciones a las disposiciones generales de la ley. Respecto de las inversiones, se aclara que “no se entenderá como inversión la adquisición de tierras por tratarse de un recurso natural no renovable”. En uno de sus últimos artículos, la norma aclara que no afectará derechos adquiridos y que su vigencia será a partir del día posterior a la publicación en el Boletín Oficial.

La senadora kirchnerista Graciela De la Rosa, titular de la Comisión de Agricultura, expresó que el proyecto “es una clara respuesta que da la Presidencia en el marco de la situación global” y que “es la primera vez que la Argentina toma esta actitud que tiene que ver con su soberanía”.

A su turno, el radical jujeño Gerardo Morales anticipó el apoyo en general de su bloque y marcó diferencias en unos pocos artículos. Morales advirtió que “de la concentración viene la cuestión de la extranjerización de la tierra” y recordó que en la Asamblea Legislativa de marzo fue un diputado radical (Pablo Orsolini, integrante de la Federación Agraria) el que le reclamó a los gritos a la presidenta Cristina Kirchner la necesidad de impulsar un proyecto que limite la compra de tierras por parte de extranjeros. Entre las críticas, Morales cuestionó la falta de información nacional sobre la situación de extranjerización de la tierra, que varía entre el 3,5 y el 12 por ciento.

Desde el bloque del Frente Amplio Progresista, tanto Rubén Giustiniani como Jaime Linares pidieron la palabra para reivindicar la iniciativa, pero reclamar “una ley integral de uso y tenencia de la tierra que limite la concentración, garantice la protección de los recursos naturales y el desarrollo económico”. Sorpresivamente, el ex gobernador santafesino Carlos Reutemann leyó un breve texto para fundamentar su voto a favor. Sostuvo que se trata de “un gran avance” y remarcó que no afecta las atribuciones de las provincias.

El peronista federal Juan Carlos Romero, el único en votar negativamente, sostuvo que “casi 200 años después se defiende un arroyito, una laguna de la voracidad extranjera, cuando este país se hizo con los extranjeros y con los nativos”. “¿Qué hubiera pasado si los extranjeros no hubieran venido a Entre Ríos, a La Pampa, a la Patagonia? Este país se hizo así”, preguntó. Su compañera de bloque y comprovinciana, Sonia Escudero, disintió con el ex gobernador, aunque le criticó al oficialismo el “apuro” en el tratamiento.

Con la aprobación de esta ley, el Senado clausuró anoche sus sesiones extraordinarias, que incluyeron la aprobación de unas catorce iniciativas. El presidente de la Cámara, Amado Boudou, concluyó deseándoles felices fiestas a los senadores. “Nos vemos muy pronto”, remató.