Una empresa ligada a Jaime Duran Barba, asesor del jefe de gobierno porteño, también brindó servicios a la Metropolitana. Relevó las percepciones en materia de seguridad de más de 4000 hogares con métodos que rozan las tareas de inteligencia.
Una de las consultoras que la justicia investiga por haber participado en la campaña sucia contra Daniel Filmus, y que está íntimamente ligada al gurú del macrismo Jaime Duran Barba, también brindó sus servicios a la Policía Metropolitana, relevando las percepciones en materia de seguridad de más de 4000 hogares de la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires, con métodos que rozan las tareas de inteligencia y chocan con la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
La información sobre esos ciudadanos, casas de familia y comercios fue dispuesta y clasificada con una precisión “policíaca”, consignando nombre y apellido, número de teléfono, dirección y localidad. Estas nóminas –tres en total– fueron confeccionadas para el gobierno porteño por la empresa Tag Continental, una de las consultoras que la jueza federal María Servini de Cubría tiene bajo la lupa a partir de la maniobra de desprestigio de la que fue víctima el senador Filmus en julio pasado, para influir sobre la opinión de los votantes. El material se obtuvo de la pericia sobre computadoras secuestradas en la sede de Tag Continental y abre nuevos interrogantes sobre las prácticas realizadas por el aparato de propaganda que Duran Barba y sus socios pusieron a disposición del macrismo, tal como adelantó Tiempo Argentino en su edición de ayer.
Lo llamativo es que, según se desprende del archivo Powerpoint hallado en una de las PC, la tarea fue propuesta al Ministerio de Educación porteño en febrero de 2010, pero de la lectura del material queda en claro que el verdadero destinatario era el Ministerio de Seguridad y, más específicamente, a la Metropolitana, que por entonces ya había hecho su debut en la Comuna 12: tenía presencia en los barrios de Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan y Saavedra.
Esta secuencia, donde Educación sirve de intermediario para las necesidades de la cuestionada policía macrista, es la misma que se siguió en otro de los escándalos de la gestión del PRO. Puntualmente, ese fue el mecanismo que se orquestó para contratar y ocultar las tareas de espionaje realizadas por Ciro Gerardo James, procesado en la causa por las escuchas telefónicas ilegales a, entre otros, el referente de la comunidad judía Sergio Burstein y el cuñado díscolo de Macri, Néstor Leonardo.
Vale recordar que la Metropolitana, que a poco de nacer fue descabezada por quedar envuelta en este affaire, supo sumar a sus filas a varios ex agentes de inteligencia de la Policía Federal, muchos de ellos con pasado turbio en los años de plomo y ligados al ex comisario Jorge “Fino” Palacios, también procesado por las mencionadas “pinchaduras”.
Uno de los directivos de Tag es Guillermo Garat, socio dilecto de Duran Barba y con quien el consejero macrista firmó un “acuerdo de confidencialidad y no competencia” en noviembre de 2008. De ese pacto también participó Rodrigo Lugones, otro de los laderos del consultor ecuatoriano, que supo fundar junto a Garat la agencia Opinión Confidencial SRL.
En lo concreto, con un “plan de microtargeting”, Tag pretendió identificar la percepción sobre seguridad que tiene cada vecino de las direcciones relevadas. “Para el Ministerio de Seguridad es vital tener información sobre lo que pasa en cada uno de los 53 mil hogares de la Comuna 12”, se lee en una de las páginas de la documentación entregada el miércoles pasado a la jueza Servini de Cubría.
La base de datos confeccionada por la consultora, que buscó ponerles nombre y a apellido a los vecinos analizados, desplegó tres niveles de investigación: “socio demográfica”, “actitudinal sobre seguridad” y “actitudinal sobre gestión del GCBA”, con el objetivo de “identificar entre el 40% y el 60% de los hogares de la Comuna 12”, diferenciando entre las casas de familia y los comercios. Según estimaciones de la empresa, toda la faena implicaría un lapso no menor a los nueve meses.
Como ejemplo de los resultados a lograr, se presentó una ficha tipo, en donde, además de la opinión sobre la política de seguridad del Pro, figura información del domicilio y datos de contacto de la persona, se consigna su edad, estado civil, cantidad de hijos, si posee vehículo, etcétera. Con esas precisiones, el siguiente paso es georeferenciar a los encuestados para disponerlos en un mapa.
Durante el peritaje, los investigadores también hallaron tres archivos de Excel, protegidos por contraseña, con planillas donde se listaron miles de ciudadanos segmentados en tres categorías: “Alto riesgo”, 100 casos; “Sensibles”, 1639 casos; y “Aliados potenciales”, 2399 casos.
Entre otras cuestiones, será tarea de las autoridades determinar si una práctica de este tipo no vulnera las garantías tuteladas por normas como la Ley 25.326 de Habeas Data, la Ley 23.592 contra actos discriminatorios y la Ley Electoral 19.945, además de los derechos protegidos por la propia Constitución porteña, a través de los artículos 11 y 16 de la Carta Magna de la Ciudad. Por otra parte, si este tipo de datos privados sobre vecinos de la Comuna 12 fueron remitidos a la Metropolitana, podría darse una violación a la Ley 25.520, que impide la realización de tareas de inteligencia en el orden interno.
En el mundo de la consultoría, el “microtargeting” es una técnica que apela a la alta tecnología para identificar e individualizar a la mayor cantidad posible de personas, que serán “micro segmentarlas” y fijadas en un territorio. De hecho, en otro de los materiales adjuntados al expediente, datado en Ecuador y fechado en septiembre de 2009, Tag admite, en referencia a sus métodos, “potenciales conflictos” ante la legislación de cada país. Menciona los casos de la Ley de Habeas Data y la normativa sobre “penetración telefónica”, además de mencionar “antecedentes de uso excesivo de las herramientas para acciones de márketing y telemárketing”.
En otro de los documentos digitales secuestrados en los allanamientos, que lleva los logos de Connectic y de Duran Barba y Asociados, los consultores pregonan los beneficios de la “identificación de votantes”, definida como “una técnica desarrollada en USA, a fines de los 60’s por el movimiento conservador” y empleado en las campañas republicanas. El objetivo, según admite la propia consultora, es “entender cómo piensa y responde a estímulos cada hogar del distrito electoral”, lo que permite “apuntar con precisión quirúrgica sus mensajes”.
Volviendo entonces al caso de Tag y la política de seguridad del macrismo: ¿Qué podría hacer con este tipo de información una fuerza como la Metropolitana, cuya cúpula varias veces estuvo sospechada de tener poco respeto por las garantías individuales? <
Vecino I
LINA B. ¿Cómo voy a estar en un grupo que se llama de alto riesgo? ¿Qué quiere decir? No lo puedo creer. Me parece descabellado. Nunca di mi nombre ni datos personales. Y de ninguna manera autoricé a nadie para aparecer en esas planillas. Soy una jubilada de 73 años.
Vecina II
IRENE D. A las encuestas del gobierno de la Ciudad no les creo nada. Te pone opciones tramposas y si no contestás te cortan. Nunca puedo poner que me importa la educación y no la inseguridad. En esa encuesta me preguntaron la edad, el sexo y el nivel de estudio. No di datos personales.
Comunero
BASILIO SIOUTIS. Sabíamos que el macrismo operaba en nuestra comuna con la inseguridad y otros temas. Pero no teníamos idea de la dimensión de la operación. Igual, no me parece muy grave porque la gente está madura políticamente y sabe distinguir
